¿Cómo financiamos nuestro estado de bienestar?

 

Enrocados los partidos en España en la discusión sobre si agotar la legislatura o convocar elecciones, lo que nos interesa de verdad es que se manifiesten sobre: cómo financiamos nuestro estado del bienestar.

Ante la indignación social, manifestada en calles y plazas  por los recortes en prestaciones sociales, no estará de más el recordar las coordenadas en las que se enmarca dicho bienestar. Lo primero es la defensa permanente y radical de la democracia como sistema, profundizando y ampliando los derechos sociales y cívicos, entre ellos una mayor participación. A continuación, la defensa de la economía libre de mercado, con una regulación que evite sus abusos. Y, tercero, y fundamental, el gran soporte al estado de bienestar es la redistribución de las rentas para corregir y disminuir las desigualdades,  creadas por el mercado, para lo cual es necesario el establecimiento de medidas fiscales.

Es así como se ha ido desarrollando progresivamente la creación de servicios públicos de calidad y gratuitos, de cobertura universal, abiertos a toda la población. Ha sido necesario aumentar la recaudación fiscal y hacerla más progresiva para conseguir su financiación, de forma que las rentas más altas paguen proporcionalmente más y se ha conseguido que todo el mundo tenga acceso a servicios de calidad y gratuitos. Se ha aumentado la cobertura y la calidad de los servicios y por lo tanto también su coste.

Con la llegada de la crisis nos encontramos con que los ingresos no cubren los gastos, con la particularidad de que determinados ingresos ya no volverán. Ante esa nueva realidad es necesario mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. Podemos admitir recortes cuando se derivan de la mejora de la eficiencia y de la eliminación de abusos. En este caso, incluso los aplaudimos. Pero no debemos admitir recortes en el nivel de calidad, ya que estaríamos propiciando un doble sistema de cobertura: un sistema privado para quienes tienen posibilidades económicas y un sistema público, sin calidad, para quienes no tiene recursos.

Es necesario mantener un sistema de cobertura universal y de calidad. Para poder mantener este sistema de cobertura universal es necesario incrementar la recaudación, ya sea por la vía fiscal, mediante nuevos impuestos (sobre la energía, la especulación, el patrimonio, sucesiones), ya sea por la vía del copago. En lo referido al copago, los nuevos ingresos, necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar, deberán provenir más de las rentas más altas que de las rentas más bajas; deberán ser progresivos.

La clave de la sostenibilidad del sistema de bienestar social está, no solamente en poner énfasis –como se viene haciendo- en la reducción del gasto público, sino, precisamente, en tratar de incrementar los ingresos del estado, puesto que, no solamente son bajos sino que además,  son regresivos. Tengamos en cuenta que España gasta en bienestar social un 21% del PIB, seis puntos por debajo del 27% de media de la Unión Europea de los 15.

Recordemos que, cuando España entró en la eurozona, para conseguir los criterios de Maastricht de reducción del déficit, lo hizo ya a costa de la reducción del gasto público social. Ahora, sucede de nuevo. Para reducir el déficit se está recortando el gasto público social. En estos días de debate sobre el estado de este país, no he oído ninguna propuesta que considerara, como alternativa, la posibilidad de aumentar impuestos para hacer bajar el déficit. En realidad, entre 1999 y 2008, los impuestos han ido bajando, algo que la bonanza del  crecimiento continuado ha permitido que quedara oculto. Por otra parte, a partir de 2004 y hasta 2007, ha aumentado en España notablemente el gasto social –recordemos por ejemplo la Ley de Dependencia-,  situación que ha venido deteriorándose a continuación. Ahora tenemos un problema de ingresos: en la Unión Europea de los 15 se ingresa un 44% del PIB de promedio; en España, solamente el 34%; Suecia, el país con un estado del bienestar más desarrollado, ingresa el 55% de su PIB. Además, los criterios de esta recaudación son más regresivos que en nuestro entorno, ya que, en España, un trabajador paga el 75% de los impuestos que paga su homólogo en Suecia, por ejemplo.

Si la política fiscal española fuera más progresiva y se recaudara más,  corregiríamos a la vez dos aspectos: primero, el de la posibilidad de incrementar el gasto social para ofrecer servicios públicos universales de calidad; pero, segundo, y tal vez más importante todavía,  el de la posibilidad de creación de puestos de trabajo en un país con un gran problema de paro. Según el profesor Vicenç Navarro, si en lugar del tener un 9% de la población adulta trabajando en el estado de bienestar, como tenemos en nuestro país, tuviésemos el 25%, como tienen en Suecia, crearíamos cinco millones de puestos de trabajo, una cifra muy similar a la del número de ciudadanos que ahora hay en paro.

Un halo de esperanza nos habrían dado sus señorías si alguien hubiera planteado o rebatido propuestas como la del catedrático de Políticas públicas. Mientrastanto, me da la impresión de que existe una fuerte ruptura entre el ciudadano y el político. Con o sin elecciones anticipadas.

Josep Arenas