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Josep Arenas / Comunicación Social

Amar (al servicio público), en tiempos revueltos

Los tiempos andan revueltos en los servicios públicos. Las comunidades autónomas, que hace treinta años iniciaban una singladura de profundización democrática, construcción del estado de bienestar, progreso económico y social y reconocimiento de la identidad de las nacionalidades y regiones, se ven ahora afrontando medidas de ajuste draconianas, después de un largo crecimiento continuado en servicios y número de funcionarios.

Lo estamos viendo en Cataluña o en Galicia, dónde las medidas de ahorro, austeridad y recortes, están en el orden del día. Por citar dos territorios que ya celebraron elecciones, en 2010 y 2009, a la sombra de las consecuencias de la crisis. Las demás comunidades parece que estén esperando a comenzarlas, después de la cita electoral del próximo día 22. Y similar camino estimo que seguirán la mayor parte de los ayuntamientos.

En los papeles, leo que Cataluña despedirá a más de mil trabajadores de las empresas públicas y que la Xunta de Galicia va a prescindir de 400 empleos en consorcios, fundaciones y entes públicos. En Cataluña se han producido, en las últimas semanas, importantes movilizaciones de profesionales de los sectores sanitario y educativo. Los recortes pueden comportar el cierre de quirófanos, supresión de camas hospitalarias, aumento de listas de espera y unos cinco mil despidos, según los sindicatos que, para este Primero de mayo, han convocado múltiples manifestaciones contra los recortes de programas sociales.

El plan de adelgazamiento de las administraciones parece que va en serio. Los nuevos gobiernos han reducido consejerías, asesores y personal de confianza y, en algunos casos, se han suprimido plazas ocupadas por personal interino o eventual. Tras esta dieta rápida –que estimo que también adoptarán los próximos gobiernos autónomos- está el objetivo europeo de reducir el déficit al 1,3%, este año.

El funcionario público revaloriza, mientras tanto, el factor de la seguridad en su puesto de trabajo, en tiempos revueltos, de crisis y de pérdida de empleos en los demás sectores. Es su gran ventaja, aunque tiene contrapartidas más negativas, como la disminución de ingresos y la falta de estímulo.

Muchos se iniciaron en la función pública, con la creación de las autonomías y de los ayuntamientos democráticos, con una idea de servicio público, de participación en la construcción del estado social, mediante la oferta de servicios de calidad al ciudadano. Estaban muy motivados y comprometidos. Pero tres décadas de democracia han desgastado la motivación y la imagen de aquellos funcionarios. Y también la de muchos políticos.

Sólo hace falta constatar los datos de la encuesta de Randstad Workmonitor, publicada semanas atrás, según la cual a los empleados públicos en España les falta motivación. Se refiere a funcionarios de muy diversos sectores: administración, educación, sanidad, servicios sociales…  Sólo un 11,3% están realmente interesados en ascender profesionalmente y más de la mitad, el 53,3%, no tiene necesidad de hacer algo diferente en su puesto de trabajo. La explicación hay que buscarla en que las posibilidades reales de los funcionarios de promocionarse o de cambiar de tarea, una vez llegan a su puesto, son reducidas, pues hay que pasar por un largo proceso, lleno de sacrificios y en el que deben competir con otros profesionales. A pesar de lo cual es interesante constatar que siete de cada diez funcionarios afirman sentirse muy satisfechos, 22,7%, o satisfechos, 46,7%, en su puesto de trabajo.

Urge recuperar los valores del servicio público. Urge recuperar la autoestima, la motivación y la imagen del servidor público. El modelo debe cambiar. Es necesario implantar sistemas de acceso, acordes con las competencias a desarrollar. Promoción, a base de méritos. Sistemas, que premien actitudes y resultados. Salarios, vinculados a competencias desarrolladas y resultados, después de haber establecido procesos de evaluación de la productividad.

Los defensores del sector público y del servicio público corremos el riesgo de no ser capaces de hacer oír suficientemente nuestra voz ante quienes propugnan una reducción  de lo público a la mínima expresión, en este contexto de crisis y de recortes. En definitiva, querer que el sector público funcione, poco o nada tiene que ver con plantear como solución la desaparición al máximo del sector público.

Conseguir cambiar la actitud y la motivación de los empleados públicos, que tanto tienen que contribuir a dinamizar el sector público, será sin duda una telenovela de muchos capítulos y muchos personajes en la que sus numerosísimos protagonistas necesariamente deberán cumplir una condición previa: amar (al servicio público), en tiempos revueltos. Continuará.

Josep Arenas

1 comentario

Anónimo -

Me parece que este artículo refleja muy bien la realidad y el sentir de muchos funcionarios públicos.
Como siempre, para todo en la vida, la motivación es fundamental para seguir con ilusión. Sin embargo, en la función pública, no hay muchas formas de motivación, si excluimos el buen ambiente que pueda haber en un departamento y las buenas relaciones entre compañeros y jefes que deriven en querer mejorar su vida laboral mutuamente.
Nada parecido a lo que dice el presidente de la Xunta de Galicia con sus declaraciones, desde luego:
http://www.xornal.com/opinions/2011/04/26/Opinion/derechos-funcionario/2011042621360200685.html
;))