Un derecho de mucho cuidado

En nuestro país se está pasando de un modelo de cuidado tradicional de las personas mayores o dependientes, centrado en la familia y en el que el peso de dicho cuidado recae en las mujeres, a un nuevo modelo en el que el cuidado se contempla como un derecho social.

Poco a poco, va siendo el estado –a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos- quien asume un importante papel en la provisión de atenciones y da cabida a una pluralidad de agentes: en centros de día, asistentes personales, centros residenciales, ayudas a domicilio, transporte adaptado, adaptación del hogar, prestaciones económicas para el apoyo familiar y otras mil y una variantes.

Para conseguir ese objetivo, hay que reforzar el estado del bienestar en la línea de cubrir las necesidades y demandas de una sociedad más envejecida y más avanzada. ¿Cómo? Obteniendo mayores ingresos, ha manifestado, esta semana José Blanco, lanzando un globo sonda sobre la conveniencia de aumentar la presión fiscal en seis puntos, que ahora es del 33,1%, para situarla en la media europea (39,3%) y poder financiar de este modo infraestructuras y servicios.

El ministro  ha reabierto el eterno debate, que requiere un profundo análisis, pues hay quien cree precisamente todo lo contrario. Que ahora, de lo que se trata, es de impulsar a fondo la economía privada. Que cuanto antes se reactive la economía, se argumenta desde el liberalismo, tanto más aumentará la recaudación de las arcas públicas. Para éstos, quienes quieren aumentar impuestos, deben quedar quietecitos.

Sin entrar hoy en el dilema fiscal, sí queremos constatar que el debate político sobre cualquier asunto, incluso en lo referente a asuntos sociales, se ha centrado, con demasiada frecuencia, en la crispación y en la destrucción del adversario, desde hace unos años.

En cambio, se echa de menos un debate ordenado, constructivo, creíble y entendible por los ciudadanos de a pie, sobre en quién deben repercutir los costes sociales de la crisis económica y sobre la gravedad de la recesión en la que nos vemos sumergidos. ¿Quién debe pagar esos costes?, ¿de qué forma? y ¿porqué?. Queremos conocer los beneficios y la eficiencia del sistema de servicios sociales. Pensemos en el debate sobre el llamado copago de servicios públicos: sanidad, educación universitaria, atención a la dependencia...

Un primer paso sería que las administraciones asumieran el compromiso de la información al ciudadano sobre los costes y los beneficios y la eficiencia social y económica de cada uno de los servicios y prestaciones de bienestar social que ofrecen. Deberíamos conocer costes reales, el pago que hacemos y cual es la contribución a través de impuestos, directos o indirectos.

Confío en que la anunciada ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información que ahora el gobierno tramita, sirva, por lo menos, para conocer datos que tanto nos afectan. Sin conocer dichos datos sobre servicios, equipamientos y prestaciones, es difícil llevar a cabo el debate constructivo y creíble que proponemos, y contar con la participación de la ciudadanía, siempre tan intuitiva para estos temas, por su conocimiento y vivencia. 

No olvidemos que el cambio de modelo que se deriva de la crisis económica exige este debate abierto y transparente. Mucho más, si tenemos en cuenta circunstancias tales, sólo por considerar un ejemplo,   como que nos encontramos en un contexto de incorporación generalizada de las mujeres a la actividad laboral y de orientación hacia la familia igualitaria.  

Un modelo que, entre otras características, se define por el hecho de que el cuidado de las personas mayores o dependientes, se contempla como un nuevo derecho social. Lo cual no es un asunto menor, sino un asunto de mucho cuidado.

Josep Arenas