Integración, el camino se hace al andar

El pasado fin de semana, paseando por el barrio del Pla d’en Boet de Mataró (Barcelona), tuve ocasión de contemplar un despliegue de pancartas en los balcones de varias viviendas, mediante las cuales, una parte de los vecinos rechazaba la anunciada apertura de un centro de acogida para menores en el barrio. Al parecer, un sector del vecindario teme problemas de inseguridad y de convivencia que pudieran generar los veinte menores y adolescentes, de 6 a 16 años, que habitarán el nuevo centro.

No es la primera vez que un centro social origina esta especie de guerras preventivas vecinales. Algo parecido ha sucedido, en ocasiones, en relación a la ubicación de centros de rehabilitación para personas drogodependientes, o de inserción socio laboral de personas con enfermedad mental, o de residencias para personas mayores, o en viviendas de acogida para enfermos de sida. Y podríamos seguir. No digamos ya cuando el rechazo se centra directamente en viviendas de personas inmigrantes.

Los equipamientos citados resultan de gran interés, precisamente porque dan soluciones a personas con situaciones diversas, que necesitan de los servicios residenciales, educativos o rehabilitadores, que en ellos se les prestan. En este caso, menores que necesitan apoyo.

Ciertamente, las autoridades locales tienen una labor pedagógica a realizar sobre los beneficios que comporta el recurso que se pretende instalar. Tanto o más importante, que la inversión que el equipamiento representa, es que el vecindario comprenda y apoye el servicio social con el que va a contar. No es de recibo que comprenda su necesidad, pero que a su vez lo quiera siempre lejos del propio domicilio. Para ello, habrá que garantizar la calidad de los servicios y  también la convivencia, simultáneamente.

Cuando nos referimos, pongamos por caso, a servicios a las personas con algún tipo de discapacidad, sabemos que el camino de la autonomía personal está ya trazado. Que, cada vez más, muchas de estas personas, demandan el apoyo necesario para poder tener una forma de vida lo más autónoma posible, huyendo, en la medida que sus facultades se lo permiten, de la institucionalización en centros cerrados.

No en vano el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, ha quedado recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad, y ha sido ratificado, en 2008, por el estado español. Elegir su lugar de residencia, dónde y con quién quieren vivir, en igualdad de condiciones con los demás y no verse obligado a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, es un derecho que forma ya parte de nuestro ordenamiento jurídico.

El camino está marcado. Ahora es necesario un trabajo de información, pedagogía y solidaridad entre asociaciones de vecinos, entidades del tercer sector -las que agrupan a familias afectadas- y administraciones públicas, para alcanzar la normalización de las personas con necesidades especiales.

El compromiso adoptado, con la Convención, es que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

El camino de la integración está ya marcado y, como es bien sabido, se hace al andar.

Josep Arenas