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Josep Arenas / Comunicación Social

La contratación de personas con discapacidad crece, pero no se normaliza

En lo que va de año, la contratación de personas con discapacidad ha aumentado un 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior, habiéndose realizado más de cincuenta mil contratos, según ha informado el Observatorio estatal de la Discapacidad, con ocasión del Día internacional de las personas con discapacidad, el pasado 3 de diciembre.

El dato es tanto más relevante y alentador, si tenemos en cuenta que la contratación en general sólo ha aumentado un 2,5% respecto al año anterior para el conjunto de los trabajadores, en el mismo periodo de enero a octubre, referido.

Aún así, la integración laboral de las personas con discapacidad no se normaliza. Desde 1982, la Ley de Integración social de los minusválidos, la Lismi, obliga a todas las empresas de más de cincuenta empleados a contratar un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad, para hacer efectiva la integración laboral de dichas personas. Pero se calcula que de las 27.000 empresas españolas que debería cumplir con este precepto, tan sólo lo hacen un 20 por ciento. Aunque las que no cumplen, se vean obligadas legalmente a hacer aportaciones económicas con la finalidad de promover dicha integración laboral, como compensación a través de medidas alternativas de fomento.

Las administraciones públicas, por su parte se imponen que sea un cinco por ciento de sus puestos de trabajo, los que estén ocupados por personas con discapacidad. Recientemente el gobierno estatal ha anunciado que quiere pasar del 5% al 7%, cupo que ya es vigente en algunas comunidades.

En este sentido, creemos que un mayor rigor en el cumplimiento de la Lismi por parte de las empresas, acompañado de un mayor control por parte de la inspección de trabajo, sería mucho más efectivo que el voluntarioso incremento de puestos reservados, cuando se ciñen solamente a las administraciones públicas.

Para que se cumpla el conocido 2 % -vigente desde hace 28 años- es especialmente conveniente que los empresarios valoren los factores positivos que comporta la contratación de personas con discapacidad. Ya no sólo los estímulos económicos y subvenciones que comporta, sino especialmente los valores, como el esfuerzo continuado, el compromiso con su trabajo y un gran nivel de motivación que dichas personas suelen aportar.

En el mundo empresarial hay diversos ejemplos de integración laboral de personas con discapacidad, a seguir. Destacamos casos como la Fundación Integralia, vinculada a Dkv, o el Grupo Sifu, en Cataluña; o el grupo empresarial Galega de Economía Social, de Cogami, en Galicia. Ellos dan respuesta a varios centenares de demandantes de empleo con discapacidad que tenían cerrado el mercado de trabajo ordinario.

Sin embargo, sigue siendo necesario que dicha integración se normalice en la empresa ordinaria y se haga efectivo el 2% de la Lismi. Los primeros beneficiados son las personas con discapacidad y sus familias. Pero no, los únicos. También las empresas y el conjunto de la sociedad se benefician de su trabajo, de su aportación profesional, de su integración laboral y no sólo económicamente, sino también socialmente.

Josep Arenas

1 comentario

Anónimo -

Después de leer el post, parece que un mayor control en la aplicación de la Ley de Integración, sería lo más razonable para la mejora de la contratación de personas con alguna discapacidad.
Las administraciones deberían de tomar nota. En temas como estos, es donde se debe de hacer mayor hincapié, para que todos cumplamos y no nos olvidemos de nuestras obligaciones. También las empresas con este tipo de contratos. Estas cosas, aparentemente pequeñas, ayudan a salir de una crisis.
Buen artículo!