Asoma 2011

"Se trata de la atención a los que más dificultades tienen para hacer valer sus derechos sociales"

 

Se va 2010, con sus recortes de mayo a los sueldos de los empleados públicos, la congelación de las pensiones de millones de ciudadanos y las medidas anti crisis más recientes, entre las que destaca la supresión de 426 euros mensuales a quiénes han agotado su prestación de paro.

Hay que dar respuesta a los mercados, a las fluctuaciones de la bolsa, a los especuladores financieros, hay que contener el déficit público, tras la crisis de la burbuja inmobiliaria, parece haber dicho el gobierno.

Hay que contener el gasto público, proclama. Algo que resulta incomprensible a los sectores más vulnerables y desprotegidos. Incomprensible, a personas que disponen de pocas oportunidades, con escasa capacidad de hacer oír su voz y con menos poder. Y que dependen de subsidios y prestaciones sociales. Parece que es, también, sobre quiénes se quieren hacer recaer los recortes, incoherencias ideológicas aparte.

Lo que parecen no comprender algunos dirigentes políticos y sociales es que estas medidas comportan un riesgo elevadísimo de generar más pobreza. Un riesgo, cuyo coste social puede resultar superior al económico que pretenden ahorrarse. Incluso, por momentos, parece que olvidaron que debe quedar a salvo el pacto constitucional de construcción de un estado de bienestar y de reconocimiento de derechos sociales.

Y eso plantea una cuestión fundamental de prioridades que va más allá de las millonarias ayudas a empresas y bancos para crear empleo y generar actividad económica, según dicen. Se trata de la atención a los que más dificultades tienen para hacer valer sus derechos sociales. Es la prioridad número uno.

Mientras escapa 2010 y asoma 2011, estadísticas y memorias de las entidades de acción social, muestran como cada vez hay más población dependiente de la caridad, de los comedores públicos, de los bancos de alimentos, de los albergues e incluso de lo que encuentran en los contenedores. La demanda de personas en situación de riesgo o de exclusión sigue creciendo. Los servicios y prestaciones sociales básicos son demandados por un mayor número de personas.

Mientrastanto, sube un diez por ciento el recibo de la luz. Y, el gas. Y, el tren. Y la Comisión Europea reprende al estado español por tener un salario mínimo tan bajo. Un estado que está siete puntos por debajo de la media europea en prestaciones sociales, cuyo número de personas en situación de riesgo de pobreza es superior al 20 por ciento y en el que el paro anda rozando también el 20.

Si 2008 fue el año en el que empezamos a bajar de las nubes, en 2009 vimos como crecían las desigualdades, y 2010 ha empezado a dar signos de grietas en la cohesión social, con una crisis cada vez más selectiva que afecta principalmente a los jóvenes, a operarios y trabajadores vinculados a la construcción, mientras crece el número de familias que dependen solamente de las prestaciones públicas.

Me pregunto si, cuando termine 2011, habremos invertido suficientemente en prestaciones y servicios sociales, habremos reducido las desigualdades y mejorado el clima de convivencia.

Venturoso, once.

 

Josep Arenas