Una pérdida irremediable del poder adquisitivo de los más débiles
El pacto social sobre la jubilación flexible al que han llegado el gobierno y los agentes sociales no ha resultado nada fácil. Los términos más destacables, los conocemos.
Los trabajadores que hayan cotizado 38 años y seis meses se podrán jubilar a los 65 años y el resto a los 67, con excepciones en determinadas profesiones. El cómputo para la cuantía de las pensiones se calculará en base a la cotización de los últimos 25 años, en lugar de los 15 establecidos hasta ahora. Las jubilaciones anticipadas ya solamente se podrán acometer a partir de los 63 años. Los años dedicados al cuidado de los hijos por las mujeres o el tiempo que los jóvenes trabajan en contratos de formación también tendrán efectos de cotización.
Despejando incertidumbres
Con este acuerdo, una de las principales incertidumbres sobre el futuro de nuestra sociedad se va despejando. La necesidad de la reforma de las pensiones había sido planteada por expertos de toda índole. La urgencia de dicha reforma se fue acelerando con el agravamiento de tensiones sociales y económicas, tras una situación de larga crisis.
La reforma era reclamada en España, por diferentes grupos de opinión, también por el resto de países de la Unión europea y desde las instituciones financieras, que lo consideraban ineludible para despejar el futuro de nuestra economía.
El resultado del acuerdo se estima que repercutirá en un aumento de la confianza en nuestro sistema productivo y en consecuencia en nuestro sistema de previsión social. Confiamos en que resulte también un acicate para activar nuestro mercado laboral y para reflotar nuestra economía.
Al parecer, este pacto se revisará cada cinco años, en función de aspectos relevantes de la evolución demográfica y económica. Efectivamente, habrá que ver cómo evoluciona nuestra esperanza de vida o el Producto Interior Bruto (PIB). Y cómo le afecta.
Creemos que estas revisiones serán fundamentales, porque, hasta ahora, se nos ha venido planteando que el sistema de pensiones, en los próximos años, sería incapaz de financiar las pensiones de todas aquellas personas con derecho a recibirlas, dado que el número de personas mayores de 65 años está creciendo, mientras que el número de personas de entre 16 y 64 años, que constituyen la población activa, está disminuyendo. Es decir, se nos viene afirmado que, próximamente, habrá más jubilados, que vivirán más años, a la vez que habrá una población activa menor que financie las pensiones de aquellos.
Solidaridad intergeneracional e interterritorial
Ante esta reforma, contemplada estrechamente como un ajuste contable, entre la supuesta población activa futura y la población pensionista, creemos que es necesario adoptar planteamientos más abiertos. Las pensiones son fruto de un pacto intergeneracional. Las contribuciones al sistema de previsión y los impuestos son el más claro ejemplo de la confianza y la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Contribuimos, en la confianza de que recibiremos lo justo cuando lo necesitemos.
Por ello ante cualquier, presente o futura, revisión de dicho acuerdo, meritorio, por otra parte, nos preguntamos. ¿Acaso no se deberían tener en cuenta otros aspectos que sin duda modificarán la composición actual y futura de los contribuyentes al sistema de pensiones?
Por ejemplo. ¿Acaso no se debe incrementar el número de personas de 16 a 64 años que se deben incorporar al trabajo, como mínimo hasta un 75%, como propone la agenda Europa 2020, teniendo en cuenta que partimos de que en España sólo trabaja un 68% de los hombres y un 53% de las mujeres en edad de trabajar? ¿Acaso para favorecer dichos incrementos no se deben tomar acciones para reducir el paro juvenil que, hoy, es del escalofriante 42,8%? ¿Acaso no hay que retomar el debate sobre las aportaciones procedentes de impuestos del Estado al sistema de pensiones, además de las contribuciones de empresas y trabajadores? ¿Acaso esta pretensión no exige una lucha decidida contra el fraude fiscal que permitiría incrementar las recaudaciones de dichos impuestos?
Solución, con un mal resultado
O, tal vez ¿no deberíamos considerar la inmigración como una solución, en lugar de como un problema, para encontrar los equilibrios demográficos, de mano de obra y financieros necesarios? O quizá ¿no se deberían llevar a cabo políticas de fomento de la natalidad que permitan un rejuvenecimiento natural de la población, cuando hoy tenemos un índice de fertilidad de los más bajos del mundo, de 1,38 hijos por mujer?
Todas esta preguntas y muchas más deberemos plantearnos antes de cualquier, próxima o presente, revisión de dicho pacto. Es necesario, junto al sistema de pensiones, reformar la política de promoción de la natalidad, de inmigración, de formación y empleo, especialmente en relación a los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y las personas con discapacidad, y la política fiscal. Entre otras.
Los cómputos urgentes, necesarios y, probablemente más equitativos, a los que se llega, tarde, y con una previsiones de futuro basadas en variables desconocidas y sobre las que no se quiere actuar, sólo conducen a una pérdida irremediable del poder adquisitivo de pensionistas, parados, dependientes…, de los más débiles. En este caso se trata de buen pacto, un pacto posible, pero con un mal resultado si no somos capaces de corregir desde ahora mismo los aspectos que lo condicionan.
Josep Arenas
5 comentarios
Anónimo -
Anónimo -
no interesa el nombre -
Se sentirán más útiles a la sociedad y rejuvenecidos . Podrán volver a empezar !todo es posible ! todo comienza de nuevo! . O es la hora de la consolidación de una vida plena y confortable construida con el tiempo y el esfuerzo de años de trabajo . quizá sea la salvación de muchos Mi esperanza de vida aumenta SOY JOVEN estoy en la plenitud de la vida . No es mi caso .
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pepi -