Residentes, con vivienda digna

La propuesta del gobierno central de dar la residencia a los extranjeros que compren una vivienda con un precio superior a los 160.000 euros ha concitado rechazos de asociaciones humanitarias, colectivos de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos diversos. Discriminar a trabajadores inmigrantes frente a extranjeros con posibles o con necesidades de blanqueo de capitales, no es un buen camino, máxime si de dicho permiso de residencia se derivan permisos de trabajo, de acceso a la sanidad pública o a la escolarización de los hijos. La medida pretende minorar un estoc de 800.000 viviendas sin comprador que hay en el mercado. Pero es probable que cree más problemas de los que pretende resolver, por la vía de favorecer a los ricos y discriminar a quienes no tienen recursos. Revitalizar el mercado inmobiliario tal vez sea necesario, pero ante todo el gobierno debería promover acciones para que todos los ciudadanos de este país, sea cual fuere su procedencia y sus recursos, tengan garantizada la igualdad ante el derecho a una vivienda digna. Tal como reza la Constitución.

Josep Arenas