Doña Aurelia, en la punta del iceberg

Aurelia Rey, la señora de 85 años que vive en la novena planta sin ascensor de un piso de alquiler de renta antigua en el centro de A Coruña, paga 126 euros mensuales y tiene una pensión de 356 euros.

Doña Aurelia atribuye a la actitud de los propietarios los intentos de echarla de la vivienda, por el hecho de haberse retrasado en dos ocasiones, en 1999 y en 2011, en el pago del alquiler. Una situación no, por legal, menos injusta.

La señora Aurelia se niega a ir a una residencia o a una vivienda social alejada de su medio de vida habitual que, según cuentan los periódicos, le han ofrecido los servicios sociales del ayuntamiento. Ella quiere seguir en su piso, en el que lleva varias décadas y donde tiene la forma de vida que ha escogido.

Interesante, doña Aurelia. Su caso es representativo del creciente colectivo de personas octogenarias que viven solas, mayoritariamente mujeres, un colectivo en riesgo, susceptible de recibir malos tratos, si por maltrato se entiende “todo acto u omisión sufrido por una persona mayor que vulnere la integridad física, psíquica, sexual o económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo que percibe o constata objetivamente con independencia de la intencionalidad o del medio en el que tiene lugar: familia, comunidad o instituciones” (Declaración de Almería, 1995).

Vulnerar su autonomía personal es una forma de maltratar a la persona mayor. Lo que le está sucediendo con doña Aurelia ejemplifica ese tipo de maltrato, el que se da en el ámbito estructural o social, mediante normas legales, culturales o económicas. Es un ejemplo que ilustra los, cada vez más frecuentes, casos de acoso inmobiliario que se dan, especialmente en los barrios antiguos de los centros de las ciudades, y que afectan a personas con alta vulnerabilidad, mujeres mayores, solas, como en este caso. Se considera mobbing inmobiliario “toda actuación o omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, en el personal o en el social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no querida sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda”. Por otra parte, hay que destacar que la señora coruñesa en apuros está recibiendo el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía y de diversos colectivos sociales, como Stop desahucios.

Lo que llama la atención del caso, que no es sino la punta de un iceberg, el de las situaciones de maltrato a personas mayores, es que diversas instituciones, en lugar orientar las acciones hacia la defensa del derecho la autonomía personal de la señora Aurelia para poder seguir viviendo en su domicilio, quieran infantilizar el trato con ella, pretendiendo confinarle en una residencia o desarraigarle en una vivienda lejana y ajena al medio social en el que vive actualmente, cuando ella ha manifestado que no es lo que quiere.

Las pretendidas soluciones que se le ofrecen -probablemente con buena voluntad- están lejos de denunciar el acoso al que se ve sometida y lo injusta que resulta la ley que permite el desahucio en este caso. Para mayor abundamiento, las alternativas que le ofrecen los servicios sociales seguramente resultarían más caras, tanto social como económicamente, que financiarle que pueda permanecer en su actual vivienda y respetar su atonomía.

Josep Arenas