Transparencia y revolución ética

La crisis nos está sirviendo para poner de manifiesto el elevado grado de corrupción y el rechazo de la ciudadanía sobre tantos casos, llámense Bárcenas, Eres, Palau o un larguísimo etcétera. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas señala que la corrupción es el segundo problema que afecta a los ciudadanos, después del paro, con un 32,5 % y antes incluso que los problemas económicos.

La situación escandalosa a la que se ha llegado en algunas administraciones públicas, en algunos partidos políticos y en algunas entidades bancarias, reclama una auténtica revolución cultural que ofrezca a los ciudadanos garantías de buen gobierno en el sector público, de comportamiento ético de las instituciones y de transparencia y cumplimiento de las normas.

Mientras las exigencias ciudadanas contra los recortes y a favor de la trasparencia se multiplican por doquier, las instituciones públicas tienen marcado el camino a seguir, hacia una transformación de la cultura de lo público que permita la recuperación de la confianza ciudadana en dichas instituciones y en los partidos políticos.

Esta revolución ética para la recuperación de la confianza ciudadana en la gestión de los servicios públicos no será posible sin un alto grado de compromiso de las cúpulas de los partidos y de las administraciones públicas. Un compromiso que garantice la transparencia y el cumplimiento de las normas de buen gobierno.

La recuperación de la confianza en el sector público solamente es posible si la transparencia penetra en todos los rincones de las administraciones públicas. Sólo si, partiendo de un compromiso y un ejemplo de los responsables y directivos, los ciudadanos pueden comprobar documentalmente los objetivos de los programas públicos, el grado de cumplimiento de las políticas y los programas formulados, a través de indicadores adecuados, sus costes, el rendimiento del personal asignado y su eficacia.

En las circunstancias actuales de escasez de recursos, debemos aprovechar el momento, no solamente para salir del paso de la exigencia ciudadana, sino para establecer las bases de una revolución que garantice el comportamiento ético de todo el sector público. Sólo así iniciaremos la recuperación del valor principal que el país necesita: la confianza en el sector público y en sus representantes.

Josep Arenas