Claridad, asunto político

El jueves saltaba la noticia de que iban a aumentar el recibo de la luz, entre un once y un trece por ciento, en enero. El viernes la comisión de la Competencia anulaba la subasta del día anterior a causa de que en ella concurrieron "circunstancias atípicas" que motivaban el desmesurado aumento. El miércoles, el ministro del ramo había asegurado que la luz subiría un dos por ciento.

Al parecer existe un déficit en las empresas eléctricas, que acumulan una deuda de unos treinta mil millones de euros, que los consumidores y usuarios deberemos pagar en los próximos quince años. En cualquier caso, el efecto negativo de la deuda será doble. Puesto que el encarecimiento de la energía impide que la economía pueda ser competitiva, y, por otra parte, se deprecian los salarios. Se limita la demanda interna y caen las exportaciones. Y sigue la rueda del paro.

Este es un problema de las eléctricas, pero es sobre todo un gran y grave problema político que no han querido afrontar los sucesivos gobiernos. La reforma energética. Deben explicitar las prioridades del país. No, los negocios de unos cuántos. Y ya es hora de que lo hagan, y de que digan la verdad.

Ciudadanos y consumidores vivimos en un país, dotado de una administración de justicia más preocupada por el "derecho al honor" de la clase política que por el derecho cívico de que, tanto los políticos como las empresas, no le mientan al ciudadano. El índice de dimisiones de representantes públicos debe ser de los más bajos del mundo homologable.

Mientras tanto, miles de hogares no pueden encender ni siquiera la calefacción como consecuencia de su situación de pobreza, "pobreza energética", dicen. Cáritas de Barcelona, por ejemplo, ha tenido que atender, en este año que está finalizando, un 7% más de casos que en 2012 y un 15% más de los que atendía en 2010.

Éstos son indicadores, más bien, de los déficits de calidad política en los que nos movemos. Es necesario encender la luz de la claridad: un asunto claramente político.

JAP