La banda ancha, un derecho civil básico (y II)
La consulta y la participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) permite a las instituciones públicas no solo mejorar la información a los ciudadanos y ampliar la calidad de sus servicios, sino que también les permite facilitar la consulta y la participación de dichos ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas que les conciernen. La comunicación con la ciudadanía es el reto que las instituciones tienen planteado y debería ser su gran prioridad para conseguir que no sean deslegitimadas y no pierdan credibilidad.
Sin embargo, el uso de las Tic, aún siendo importante, también tiene sus límites, ya que hay que contar, en primer lugar, con la brecha informática que representa el hecho de que un tercio de la población todavía no accede realmente a dichas tecnologías. En este sentido hay que recordar que es necesario garantizar la igualdad de acceso y la participación de dicho tramo poblacional, formado en particular por personas con capacidades diferentes, personas mayores, grupos para quienes el idioma puede significar un obstáculo o simplemente por aquellos que desconocen el uso del ordenador o de otros equipamientos tecnológicos. Para llegar a todo el mundo las instituciones públicas deberán combinar las Tic con las técnicas y herramientas tradicionales de información y comunicación.
En segundo lugar, para hacer efectivo el derecho a la información y a la consulta e implicar a los ciudadanos en la elaboración de políticas, no se puede librar todo solamente a la mayor o menor implantación de la banda ancha y de los equipamientos o de las tecnologías de la información, ya que éstos no dejan de ser simples instrumentos. Ante todo, es necesario que los gobiernos consideren y demuestren su convencimiento de que fortalecer las relaciones con los ciudadanos es una buena inversión para mejorar el diseño de sus políticas. Una buena inversión, para desarrollar la confianza del público en el gobierno y por lo tanto para elevar la calidad de la democracia y para fortalecer la capacidad cívica de los ciudadanos y de todo tipo de asociaciones.
La demostración de este liderazgo es previa y exige a cualquier gobierno –local, autonómico, estatal- que el ciudadano perciba que la información que éste le ofrece es una información completa, objetiva, relevante, en la que se puede confiar y que le resulta fácil de encontrar y de entender. Si pasamos del nivel de la información al de la consulta, ésta deberá regirse por unas metas y reglas claras, definiendo bien sus límites y asumiendo la obligación de rendir cuentas. Cuando los gobiernos quieran conseguir procesos de participación deberán llevarlos a cabo con flexibilidad y tiempo suficientes para permitir el surgimiento de nuevas ideas y propuestas por parte de los ciudadanos, permitiendo que sus aportaciones sean integradas en los diseños de las políticas de gobierno.
Los gobiernos deben tomar los compromisos necesarios y plasmarlos a nivel legislativo e institucional. En España el gobierno trabaja en un nonato proyecto de ley de transparencia y acceso a la información a los ciudadanos, tras el cual hay una enorme cantidad de entidades cívicas empujando. Hoy mismo, desde el propio gobierno se ha manifestado que "en 2015 desaparecerán los papeles de la Administración", siguiendo la senda digital. Veremos en qué queda todo.
El uso de las tecnologías para la información, la consulta y la participación en la elaboración de sus políticas, por parte de los ciudadanos, exige fundamentalmente un firme compromiso de cada institución a todos los niveles. Éste es el primer paso para lograr el éxito.
Josep Arenas
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