La necesaria evaluación de las políticas públicas
A menudo me he preguntado, en esta página, porqué en España hemos pasado del 8 al 20 por ciento de personas en paro en sólo tres años, cuando en el entorno europeo, el paro alcanza solamente el 10 por ciento, como sucede en Francia por ejemplo. O, porqué el número de jóvenes que no terminan sus estudios es del 32 por ciento, cuando la media de fracaso escolar, en Europa, es inferior al 15%, o sea, menos de la mitad. O bien, porqué el índice de natalidad en nuestro país sigue por los suelos en el nivel más bajo del mundo, con 1,38 hijos.
A pesar de la gravedad de los problemas que dichas cifras reflejan, lo preocupante es que no susciten debates de gran envergadura, cada uno de ellos, como necesitaría el país. No veo a la gente discutir sobre el último informe Pisa sobre la enseñanza en Europa y el sobre el vergonzoso lugar que en él ocupamos. Ni tampoco, sobre cómo influye la explosión de la burbuja inmobiliaria en este tan alto diferencial de paro, que de no ser por la construcción sería del 15% y no del 20%. Ni, sobre cómo los jóvenes se reciclarán para formarse en otros sectores en los que puedan encontrar trabajo. No lo veo. No veo que debatamos sobre el crecimiento vegetativo que necesitamos. Ni sobre los resultados de las prestaciones y servicios para paliar la dependencia. Tampoco.
En la raíz de esta falta de debate, está la falta de proposición de objetivos, de proposiciones estratégicas y, sobretodo, la falta de procesos de evaluación. Habitualmente la mayor parte de los políticos españoles todavía tienden a confundir sus intereses con los de la sociedad. A menudo, calibran las inversiones presupuestarias que deciden, por su beneficio electoral en votos, en lugar de hacerlo por los beneficios efectivos que, las políticas que llevan a cabo, proporcionan a los ciudadanos. Creen que los votos legitiman todas sus actuaciones. Pero lo cierto es que casi nadie evalúa. Y que, por lo tanto, muchos ciudadanos desconocemos los resultados de la mayor parte de las políticas que deciden anunciar y llevar a cabo. Mientras, ellos se enzarzan en la búsqueda de un titular más o menos ocurrente y condenado al olvido.
Un político anuncia a bombo y platillo un plan, una actuación, una medida. A menudo estos anuncios son reproducidos por los medios. En la mayor parte de los casos, sin suficiente conocimiento periodístico y sin un seguimiento crítico sobre el desarrollo de dichos programas o actuaciones. Mientras tanto el contribuyente sigue pagando religiosamente. Aunque, no suelen ofrecérseles los datos de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos, el coste de los medios empleados y los resultados económicos y sociales de dicho plan, programa o actuación. Esa es la cuestión. No es suficiente con que dispongamos de los datos estadísticos. Necesitamos saber si las políticas que nuestras instituciones están llevando a cabo resultan efectivas en la mejora de la vida de los ciudadanos, en el corto y el largo plazo.
Queda mucho camino por recorrer en nuestra democracia hasta que podamos evaluar la actuación de nuestros políticos y de nuestras instituciones. La valoración de cada ciudadano, cada votante, de los objetivos y los resultados de cada una de las actuaciones y políticas públicas a través del conocimiento de los resultados de su evaluación, es un derecho a reivindicar. La evaluación debe llevarse a cabo sistemáticamente y darse a conocer. Es algo que todavía no sucede, pero cuya práctica debería generalizarse.
Y nosotros que lo veamos.
Josep Arenas
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