Evaluación de la gestión pública y proactividad en la información
EL defensor de las personas, el Síndic de greuges o defensor del pueblo de Cataluña, recomienda al gobierno de la Generalitat, en su informe ordinario sobre el año 2010, que regule el acceso a la información pública. Considera que el gobierno debería tener en cuenta que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información en manos del sector público.
“La transparencia –ha declarado el síndic Rafael Ribó- permite que los ciudadanos puedan evaluar la gestión pública, con conocimiento del gasto público, de manera que se eviten prácticas fraudulentas o corruptas”. A lo que ha añadido, “las administraciones tienen que ser proactivas en la difusión de la información y tienen que responder siempre y de forma rápida a las solicitudes de información de los ciudadanos”.
Denunciábamos en nuestro anterior post la insuficiencia de la evaluación de las políticas públicas. No andaríamos tan desencaminados cuando una institución como el Síndic de greuges también lanza la misma denuncia en forma de recomendación. En este caso se la hace a un gobierno de derechas nacionalista, pero por unas acciones que fueron llevadas a cabo por el gobierno tripartito de izquierda y catalanista. Corroborando que hay de todo en la viña del señor.
Lo hace a propósito de la publicación del informe de actividad de 2010, en el que alerta de la vulneración de de los derechos ciudadanos en materia de educación, vivienda y ley de dependencia, debido a los recortes presupuestarios y a la descoordinación entre las administraciones.
Manifiesta el Síndic que “los recortes presupuestarios han afectado al núcleo duro de las políticas sociales”. Califica la situación de “inadmisible” y alerta de las “lamentables consecuencias” de dichos recortes. Todo eso lo refiere a una situación que es anterior a los recientes recortes presupuestarios que está sufriendo la administración catalana y que seguramente son el preludio de los que van a seguir para el resto de las administraciones, después del 22 de mayo.
En este Informe al Parlament 2010, denuncia la lentitud de los trámites en cuanto a la ley de la dependencia, la supresión de ayudas para comedores escolares, la lentitud en la tramitación de ayudas para evitar los desahucios y la reducción de oferta educativa en determinados barrios.
En este sentido, el defensor del ciudadano recibió 229 quejas por parte de personas a quiénes les había fallecido un familiar antes de que éste pudiese llegar a percibir las ayudas de la dependencia. Relata la supresión de los quince millones de euros del 2009 para ayudas a comedores escolares, que prácticamente desaparecieron en 2010. Refiere los desahucios a personas que no pueden pagar la hipoteca, para lo que tacha de “desgarradora” la lentitud en la tramitación de las ayudas públicas para evitarlos. Esos son algunos de los datos que aporta.
Hubiera sido interesante que los responsables políticos de dichos programas sociales, caso de no haber podido atender y solucionar dichos problemas, por lo menos hubieran tenido el coraje de dar la cara e informar. Y eso vale para tanto para Cataluña, como para Tombuctú.
Josep Arenas
2 comentarios
Anónimo -
Es interesante lo que se dice en este artículo acerca de que los políticos, al menos, denuncien la situación. Por lo menos siempre nos queda el derecho al pataleo.
fernando -