Un nuevo relato moral para el estado de bienestar en España
La reforma de la Constitución, con la que Zapatero quiere finalizar su mandato para transmitir una imagen de hombre de Estado y con la que Rajoy quiere proyectarse como expectativa de Gobierno, me ha sorprendido. En primer lugar porque no nace con el espíritu de consenso con el que se fraguó la Carta Magna, ya que parte sólo de un pacto entre el jefe de Gobierno y líder de la oposición, en el que ni siquiera participaron los diputados de sus respectivos grupos, que se enteraron una vez acordado, y del que quedaron fuera los demás grupos y tampoco tienen previsto someterlo a referéndum. En segundo lugar llama la atención que se produzca cuando damos ya la legislatura por amortizada.
Psoe y Pp se han pasado los últimos cuatro años sin ponerse de acuerdo en asuntos de Estado, algunos de obligado cumplimiento, como la renovación del Tribunal Constitucional, y sin llevar a cabo otras reformas pendientes de la Ley de leyes, entre ellas la posibilidad de que una mujer pueda reinar o modificar el papel del Senado como cámara territorial, o incluso cantidad de detalles como, por ejemplo, el de modificar la denominación de los llamados “disminuidos” por “personas con discapacidad”.
La reforma exprés que sus señorías se disponen a aprobar mañana, contra reloj, se refiere, como sabemos, a introducir constitucionalmente una limitación del déficit público, de manera que se impida, tanto al Estado como a las Comunidades autónomas, incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea y que, al parecer, se fijará, por ley orgánica en el 0,4%.
España se convertirá así en el primer estado en seguir las recomendaciones impulsadas por la Unión, con Merkel y Sarkozy a la cabeza, para reforzar la confianza en nuestra economía reduciendo la incertidumbre de los inversores públicos. Pero hay que recordar precisamente que dicha limitación se trata de una dura autoexigencia para un país con un gasto público que se sitúa por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin unos niveles de bienestar equivalentes a los de dichos países y necesitado, a su vez, de grandes inversiones para modernizar su economía.
Garantizar los niveles adecuados de financiación de la sanidad, la educación, la atención farmacéutica, los servicios sociales, la atención a las situaciones de dependencia, la educación hasta los tres años, la garantía de subsidios mínimos…, sería una contribución necesaria al estado de bienestar, construido en Europa a partir de la las tradiciones liberal y socialista.
Todos los promotores de esta reforma constitucional argumentan que ésta es la finalidad. Sin embargo creo que el camino a emprender no consiste solamente en contener el déficit sino, paralelamente, en garantizar la inversión en gasto social, ya que no se trata de contemplar este gasto como un coste sino precisamente como una inversión.
Podemos analizar cualquier ejemplo que nos lo muestre. Un servicio universalizado de escuelas para la primera infancia elimina las desigualdades en la capacidad cognitiva derivadas de la extracción social. Un adecuado sistema de atención a las personas en situación de dependencia permite la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La inversión en un completo sistema público sanitario, aunque sea costa de implementar niveles de copago en determinadas prestaciones, garantiza que no existan dos sistemas sanitarios, uno privado para los ciudadanos con recursos y otro paralelo público para quienes no tienen los recursos necesarios. Un adecuado sistema educativo impide el fracaso en la integración laboral y social y es la base que permitirá modernizar el sistema productivo.
"Las políticas sociales construidas después de la segunda Guerra mundial están cada vez más desajustadas económicamente, pero también socialmente", ha señalado el sociólogo y experto de referencia en el estado de bienestar, Gosta Esping-Andersen. Quién nos recuerda que: “Hoy la realidad social es muy diferente: la esperanza de vida se ha alargado; el perfil de la pobreza cambia, las parejas se divorcian, disminuyen los nacimientos y las mujeres trabajan”.
Es necesario, por tanto, exponer y confrontar ideas razonables en torno a las reformas en el estado del bienestar y dejar de lado los tópicos políticamente correctos, para pensar por nuestra cuenta, como nos invita a hacer Tony Judt, el intelectual fallecido en agosto de 2010, quién en su testamento político, Algo va mal, afirmaba que: “La socialdemocracia no representa un futuro ideal, ni siquiera representa el pasado ideal. Pero entre las opciones disponibles hoy, es mejor que cualquier otra que tengamos a mano".
Judt propugna: “Trabajar por el prestigio del Estado, reconstruir un lenguaje propio y encontrar un relato moral”, mientras nos recuerda que: “Injusticia, desigualdad, deslealtad, inmoralidad: la socialdemocracia tenía un lenguaje para hablar de ellas y ha renunciado a él”.
Más allá de la reforma constitucional sobre el déficit, sería deseable alcanzar un consenso verdadero entre liberales, socialdemócratas, nacionalistas, sindicatos, demás fuerzas e indignados en general, que nos llevara un nuevo relato moral.
La justicia, la igualdad y la lealtad institucional son los valores que es necesario poner por encima de todo por parte de todos los actores políticos y sociales, de forma que seamos capaces de renovar el estado de bienestar, de acuerdo a las necesidades de nuestros días, apreciando el papel del Estado en cada uno de sus niveles, y teniendo en cuenta que el crecimiento no es ilimitado, como venimos constatando cada día que pasa.
Estaremos atentos a lo que los actores sociales nos proponen al respecto de aquí al 20 N.
Josep Arenas
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