Garantizar los derechos básicos

Este es un país muy envejecido. Baste con decir, por ejemplo, que en Galicia el 22,52% de la población tiene más de 65 años. Por otra parte es un país con muchísimo más paro que los de su entorno que no tienen ni la mitad. Baste decir que, a pesar de la reforma laboral, el porcentaje de desocupados en edad de trabajar alcanzará el 24,4% a finales de 2012, según estimación del servicio de estudios del BBVA.

Son dos ejemplos que explican en parte como el número de personas en situación de pobreza es cada vez mayor. Las cifras reflejan cómo está la calle. Y en la calle cada vez hay más personas pidiendo. Una en cada esquina, según podemos apreciar en cualquier ciudad. En definitiva, la pobreza ha reaparecido con un volumen y características desconocidos en los últimos años. Una pobreza que incide de forma más drástica sobre los colectivos más débiles como pueden ser personas mayores o los niños de las familias en paro.

En este marco, el derecho de cualquier persona a una vida digna debería recobrar el primer plano de las prioridades de cualquier política social. Una vida digna para las personas mayores es aquella en la que no pierden poder adquisitivo, mantienen su autonomía o reciben apoyo en situación de dependencia y disfrutan de un entorno que evita su soledad. Estas serían las prioridades.

Una vida digna para quien se encuentra en el desempleo es aquella que pasa por priorizar la obtención de un puesto de trabajo a la vez que se le garantizan sus derechos básicos fundamentales, a la casa, la salud, la educación,… y un subsidio.

Un subsidio, pero ¿en qué condiciones? Un subsidio simplemente no es suficiente. Es necesario ofrecer formación a quien se encuentra en paro, mediante cursos que le capaciten para puestos que tengan demanda laboral. Se le tiene que incentivar para que encuentre un nuevo trabajo, ayudarle a alcanzar su objetivo que no es otro que dejar de estar desempleado cuanto antes mejor.

Cobrar el subsidio sin formarse es algo que se tiene que desincentivar. No me cabe duda de que iremos apreciando un cambio cultural en este sentido que penalizará socialmente a quién se acomode a vivir con el subsidio sin hacer ningún esfuerzo para conseguir trabajo. Ahora bien, nadie aceptará que no se lleven a cabo políticas para proteger al parado, manteniéndole no ya un subsidio, sino paralelamente todas las prestaciones del Estado del Bienestar y asistiéndole y formándole, con el objetivo de alcanzar un nuevo puesto de trabajo y vivir con dignidad mientras busca trabajo. La reforma laboral que viene abaratando el despido, debería hacer mucho más hincapié en este apoyo y en garantizar las prestaciones básicas, tanto materiales como en servicios, y el apoyo en la vía de encontrar trabajo a quién no tiene empleo.

He visto una pintada en un muro, cercano de la estación del tren de Santiago de Compostela, que dice “El hambre: primer problema político”. Desde luego la cobertura de las necesidades materiales básicas como bienes comunes indiscutibles deberían ser un mandato y una prioridad constitucional en la que deberían estar de acuerdo todos los demócratas. Por una cuestión de dignidad, de igualdad y de solidaridad. Para todos: pensionistas, parados y todo hijo de vecino.

Josep Arenas