No quieren una pensión, sino un salario

Año 1977: miles de personas se manifiestan en Vía Laietana de Barcelona a favor del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Año 1978: la Constitución reconoce el derecho de las personas con discapacidad a una vida digna.

Año 1982: la Ley de Integración Social de la personas con discapacidad obliga al Estado a financiar, como mínimo, el 50% del salario mínimo interprofesional a las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo.

Año 2012, ayer: miles de personas vuelven a manifiestarse en el Arco del Triunfo de Barcelona contra los recortes que pretenden reducir en un 56% la partida destinada a políticas activas de empleo en Catalunya, amenazando gravemente la inserción laboral de las personas con discapacidad.

A la voz de “Si nos recortan nos abandonan” y “Eso sí que no”, reivindican que “Las personas con discapacidad quieren trabajar, no quieren quedarse en casa” y manifiestan que “No quieren una pensión, sino un salario”. En Cataluña hay actualmente 7.300 puestos de trabajo protegidos, repartidos en 100 asociaciones sin ánimo de lucro que se ven amenazados por estos recortes.

Si no se produce una corrección de la reducción del 56% anunciada en los presupuestos del Estado, las entidades de trabajo con apoyo tendrán que cerrar sus servicios, dejando sin atención a más de 3.500 personas con discapacidad intelectual, a más de 300 profesionales sin puestos de trabajo y sin perspectivas de realización personal a personas que ya tengan o les sobrevenga una situación discapacitante.

La larga lucha de más de treinta años de democracia por una vida digna para las personas con discapacidad está siendo gravemente amenazada.

¿Seremos capaces de defender, todos juntos con dicho colectivo, sus derechos sociales ahora, como lo hicimos para salir de la dictadura, o aceptaremos ese inquietante e injusto paso atrás que fija el proyecto de presupuestos?

No podemos aceptar ese abandono. Eso sí que no.

Josep Arenas