Amaya, Eluana, Miguel Ángel

Hay nombres que, tristemente, se convierten en símbolos. Es el caso de Amaya Egaña, de 53 años, que se suicidó el pasado viernes, justo en el momento en que una comitiva judicial subía las escaleras para echarla de su piso. Amaya quedará como referente de la injusticia que suponen los desahucios. Al igual que, en su día, el caso de Eluana Englaro, la italiana que llevaba 17 años en estado vegetativo, quedó ligado al derecho a la eutanasia. O que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, representó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo. Es triste que tengan que producirse hechos tan lamentables para que haya una reacción social y política para evitarlos.

El número de ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en España, desde la crisis, alcanza a 350.000 y, en las últimas semanas, se han producido tres suicidios, con el de Amaya, que han conmocionado nuestra sociedad. La ciudadanía no puede permitir que los bancos actúen ejerciendo la violencia contra las personas. Pero, mientras tanto, la ley se lo permite. Por ello debería ser modificada de inmediato, permitiendo que la dación en pago ponga fin a la deuda y, a su vez, haciendo posible la renegociación de las condiciones pactadas, estableciendo periodos de carencia.

Evitar situaciones dramáticas y de profunda repercusión social, como los desahucios, debe de constituir una prioridad en la agenda de los representantes de la ciudadanía. No es aceptable que la caída del valor de los inmuebles, que sirvió de base para otorgar préstamos hipotecarios, recaiga solamente como una losa en contra de la parte más débil. Existe un desequilibrio contractual que exige la intervención de los tribunales, primero, y del legislador después, que debe producirse sin demora, para evitar otros casos como el de Amaya

Amaya, Eluana, Miguel Ángel… ¿Por qué las leyes van por detrás de acontecimientos luctuosos y no se anticipan para evitarlos? ¿hasta cuándo?

Josep Arenas