La senda que nunca se ha de volver a pisar

“La diferencia esencial entre los políticos de los países menos corruptos, los nórdicos, y los nuestros es que allí se sienten servidores públicos y aquí se sienten los amos”. Así se ha expresado el catedrático y dirigente de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, quien pone de relieve como “nuestros diputados, elegidos en listas cerradas, tienen más incentivos para responder a quienes los ponen en las listas (la cúpula del partido) que a los ciudadanos”.

“La cúpula del partido debe muchos favores a los grandes empresarios y a los bancos; mientras, muchos alcaldes, que en nuestro país tienen un poder del que se sorprende el resto de los alcaldes europeos, quitan y ponen funcionarios y se llevan ese 3% de cada contrato que pasa por sus manos”, prosigue Villoria.

Con la mayoría absoluta –recuerda el cátedro- “puedes destituir y nombrar ministros, controlar el Parlamento, el poder judicial, el tribunal de cuentas”. Y, lamenta que “tenemos una sociedad civil débil, que no puede ser muy crítica si quiere obtener fondos públicos, y los medios de comunicación, politizados”.

Señala con el dedo a las grandes empresas que quieren llevarse bien con el poder con “los constantes nombramientos de expolíticos en consejos de administración” y denuncia el drama de que nos hayamos acostumbrado a la corrupción política por que “hoy en día para un juez es más fácil progresar si apoya la corrupción que si la combate”. Y, que los periodistas independientes “tienen muchas dificultades para informar de aquellos casos que podrían dañar el interés del propietario del periódico, que en gran medida son o partidos o los bancos”.

España ocupa el tercer puesto entre los países más corruptos, después de Grecia e Italia, según los datos del estudio de integridad institucional de la Europa de los Quince.

Denuncia Villoria, esa fuente de nepotismo y clientelismo que se deriva de que “aquí los alcaldes están en los tribunales de selección y contratación de funcionarios y tienen potestad para despedirlos; eso es una brutal”. O, como “el urbanismo ha sido un método de financiación rápido y flexible, lo que ha desencadenado unos problemas de corrupción terribles”.

Ante tanto desmán nos preguntamos si vamos a ver como reacciona la ciudadanía, ya que ese es el gran tema en este país.

Ante los casos que conocemos, los ciudadanos esperamos la actuación de sus responsables, además de la de jueces y fiscales. Pero, además es necesaria una ley de financiación de los partidos políticos que garantice la total transparencia en las donaciones, sin posibilidad alguna de anonimato y haga real la publicidad de las cuentas y de los ingresos y pertenencias de los partidos y de los cargos públicos.

Es necesaria una ley que regule los grupos de presión, los lobbys, y sus relaciones con el poder político; dar transparencia sobre el accionariado de los medios de comunicación; hacer realidad leyes de transparencia y acceso a la información; simplificar el acceso a los datos de procesos administrativos; ofrecer información de decisiones políticas de las diferentes administraciones como convenios o contratos; dar publicidad del personal con cargos políticos y de confianza.

Es necesario consolidar mecanismos de participación complementarios a la democracia representativa, con procesos deliberativos y consultivos periódicos, como los presupuestos participativos a nivel local.

Es necesario que los ciudadanos palpemos instrumentos mediante los cuales volvamos a creer en la política, en los políticos, para no desconfiar de la democracia, para asegurarnos que no haya retroceso en sanidad, educación, servicios sociales y la cobertura de la seguridad social, en una etapa de austeridad, pero que no debe llevar al retroceso de calidad de los servicios públicos.

En las democracias representativas, la ciudadanía aspira a una administración transparente, informada; que dé voz a los ciudadanos y donde no haya favoritismos, que son el punto de partida de la corrupción. Los ciudadanos confían en ser gobernados por personas con un alto nivel de autoexigencia y responsabilidad moral en sus comportamientos, públicos y privados.

Para volver a creer que esta sociedad democrática, por la que luchamos, sigue siendo posible, deberíamos comprobar algún gesto. De entrada, unos cuantos deberían tener el detalle de dimitir. De forma que, "al volver la vista atrás", veamos "la senda que nunca se ha de volver a pisar", la de la corrupción que va contra la libertad y el bienestar de las personas.

Josep Arenas