El momento de la verdad

Llevo ya un par de semanas comentándole a mi vecina Charo, cuando me pregunta “Josep, ¿cómo va el país?”, que creo que muy mal. Le digo que  ya nos hemos acostumbrado y que nadie se atreve ya a explicarnos la gravedad de la situación económica. “Ya lo sabes Charo, de tanto decir que viene el lobo, que ya nadie hace caso. Pero seguramente vendrá. No veo que la cosa mejore. Por las Europas lo pintan todo peor que nunca”, le cuento.

Hoy me desayunaba pensando en cuál sería la próxima pregunta de Charo. No será la de si me gusta más Messi o Kubala. Ya me gustaría contarle las diferencias. Pero no. Seguirá insistiéndome en la crisis económica. “Cuénteme Josep, que los políticos mienten más que hablan”, añadirá como siempre.

Trataré de explicarle lo que expone magníficamente y sin demagogia el profesor Manuel Castells, hoy en La Vanguardia, con quién coincido plenamente. Habla de la profunda crisis provocada por la irresponsablidad de las instituciones financieras, “rescatadas por nuestros impuestos y con pingües ganancias para los bancos y primas millonarias para los banqueros”.

Le explicaré a Charo cómo hemos llegado a esa “receta universal del mundo del dinero y el poder”. No se trata de otra que la de “Cortar el gasto público en todos los servicios esenciales de la vida de la gente: salud, educación, cobertura social, seguro de paro y demás conquistas sociales, consideradas insostenibles por quienes siguen cobrando sus sueldos y disfrutando de sus privilegios”, según resume el profesor.

Le contaré que es una mujer con mucho olfato porque, como dice Castells, “Ni los mercados ni los ciudadanos se creen a los gobernantes. Nos han acostumbrado a que dicen lo que creen que debemos saber y no saber, porque en último término nos consideran ignorantes e irresponsables."

Le diré, con el doctor en Sociología, que "En realidad, es esta mentira sistemática sobre la realidad de la crisis, el cómo y el porqué, lo que está ahondando la crisis de confianza entre las instituciones y las personas, sean inversores, consumidores, trabajadores o votantes". Ya lo ves Charo, como bien dice Castells, le espetaré contundente: "La ocultación de la verdad como forma de gobierno es una práctica generalizada en Europa y en el mundo.”

Y cuando Charo me vuelva a preguntar “¿Cuántas pesetas son cinco mil euros?”. Aprovecharé para seguir con el discurso de Castells: “Nadie habla de la más que probable desintegración del euro ni explica el porqué ni el cómo se puede evitar”.

Hasta concluirle que, en una situación de tanta gravedad como la que estamos viviendo, “La irresponsabilidad es no hablar alto, claro, sin tecnicismos innecesarios, y plantear las opciones, sus costos, sus consecuencias, a quiénes perjudican y a quiénes benefician. Y dejar en último término que decidamos nosotros. Porque ahora vienen elecciones. Pero ¿serán el momento de la verdad? ¿O, como es habitual, el carrusel de las mentiras? “, le preguntaré, igual que Castells.

Pienso que si yo le tengo que explicar todo eso a Charo es porque a nuestros políticos les hace falta mucha sinceridad, además de que les vendría bien un cursillo de comunicación. Les convendría hablar a menudo con Charo, quién, desde la ventana de enfrente, me dice: “Buenos días, Josep. Acaban de ingresarme la nómina. Antes me la ingresaban el día 28 de cada mes. Ahora, ya ve, a sufrir hasta el día 1 por la mañana. Y aún tengo que agradecérselo. ¡No te digo...!”.

Lo dicho, sinceridad, mejorar la comunicación y, sobretodo, asumir la responsabilidad de plantear las opciones, sus costes, sus consecuencias, diciendo claramente a quien benefician y a quien perjudican.

Las elecciones serán una magnífica oportunidad para comprobar, una vez más, si se convierten en el momento de la verdad para salir de la crisis. O, de nuevo, en un carrusel de las mentiras, ya sea por ignorancia, por incompetencia o por espúrios intereses.

Charo, que es más lista que el hambre, ya ha decidido que irá a votar.

Josep Arenas

 

Encuestas

Se publicarán muchas encuestas sobre los resultados de las próximas elecciones generales durante el próximo mes y medio. Algunas de las que he conocido vaticinan una mayoría absoluta. Veremos cuál es la decisión de las urnas el 20 N.

En cualquier caso será conveniente que, quienes resulten elegidos, tengan en cuenta lo que opinan los ciudadanos españoles sobre el reparto del presupuesto en asuntos sociales.

Será conveniente que tengan en cuenta qué opinan los ciudadanos sobre el papel del estado y el del individuo o de la familia en la provisión de apoyo social.  El papel de lo público y de lo privado.

Las encuestas pueden ser un instrumento interesante para conocer dichas opiniones, preferencias y prioridades. No me refiero por lo tanto a las encuestas sobre estimación de resultados electorales, con gran protagonismo en los medios, sino a aquellas que reflejan dichas opiniones sociales, cuya presencia en los foros públicos suele ser mucho más discreta.

Así, por ejemplo, tras la polémica sobre la Renta Mínima de Inserción, que se produjo en Catalunya durante el verano, como consecuencia de la política de austeridad en el gasto público, hemos sabido que la opinión ciudadana se manifiesta mayoritariamente (82%) considerando que: “Es responsabilidad de los poderes públicos proporcionar una renta mínima a todas las personas en situación de pobreza”. Si bien el 71%  considera que de dicha renta mínima “sólo se debe pagar a aquellos que se comprometen a realizar actividades de formación y reinserción social”. Son datos de un estudio del grupo de sociología analítica i diseño institucional de la UAB, financiado por  el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, tras una reciente encuesta.

Otro ejemplo es el de la encuesta realizada para estudio sobre Individualización y Solidaridad familiar, de la Fundació la Caixa, que nos ofrece una interesante reflexión sobre el concepto de individualización. Un proceso que resume los cambios sociales producidos como consecuencia del cambio en el rol social de las mujeres, de la emergencia de la planificación familiar como norma que debe regular las decisiones sobre tener hijos, de la desaparición de la familia patriarcal y de la emergencia de la familia negociadora y del surgimiento de nuevas formas familiares.

Dicha encuesta nos apunta que: “La individualización, lejos de favorecer una emancipación cada vez más temprana de los jóvenes, ha facilitado que éstos permanezcan períodos prolongados de tiempo en el hogar de sus padres a fin de que su emancipación no implique una reducción de su nivel de vida. Al mismo tiempo, la individualización ha propiciado, respecto a los mayores, la pauta de convivencia conocida como «intimidad a distancia», en virtud de la cual los mayores viven en su propio hogar solos o en pareja durante cada vez más tiempo, pero manteniendo un contacto frecuente con sus hijos.”

Es más, según dicha encuesta, en España “la crisis económica ha ocasionado un reforzamiento de las normas de solidaridad familiar ante la desconfianza de que el mercado y el Estado de bienestar puedan proporcionar la ayuda que se necesita”.

Por otra parte si tenemos en cuenta que el desarrollo de nuestro Estado del bienestar se ha centrado más en la mejora de las pensiones y de las prestaciones sanitarias que en el desarrollo de servicios que ofrecen cuidados en el entorno familiar a personas dependientes o menores, resulta que dichos cuidados siguen teniendo que ser asumidos en buena parte por la familia, a pesar de los avances en la atención a la dependencia.

Es decir, dicho estudio constata que: la familia sigue siendo, en nuestro país una “reserva” para solucionar situaciones de “emergencia”.

En definitiva que, quiénes van a gobernar el país, según las encuestas electorales,  deben de estar atentos a las otras encuestas. Las que se refieren a los asuntos sociales y la adecuada asignación de los recursos, que a todos nos incumben. Una realidad bastante desconocida.

Josep Arenas

Un nuevo relato moral para el estado de bienestar en España

 

La reforma de la Constitución, con la que Zapatero quiere finalizar su mandato  para transmitir una imagen de hombre de Estado y con la que Rajoy quiere proyectarse como expectativa de Gobierno,  me ha sorprendido. En primer lugar porque no nace con el espíritu de consenso con el que se fraguó la Carta Magna, ya que parte sólo de un pacto entre el jefe de Gobierno y líder de la oposición,  en el que ni siquiera participaron los diputados de sus respectivos grupos, que  se enteraron una vez acordado, y del que quedaron fuera los demás grupos  y tampoco tienen previsto someterlo a referéndum. En segundo lugar llama la atención que se produzca cuando damos ya la legislatura por amortizada.

Psoe y Pp se han pasado los últimos cuatro años sin ponerse de acuerdo en asuntos de Estado, algunos de obligado cumplimiento, como la renovación del Tribunal Constitucional, y  sin llevar a cabo otras reformas pendientes de la Ley de leyes, entre ellas la posibilidad de que una mujer pueda reinar o modificar el papel del Senado como cámara territorial, o incluso cantidad de detalles como, por ejemplo, el de modificar la denominación de los llamados “disminuidos” por “personas con discapacidad”.

La reforma exprés que sus señorías se disponen a aprobar mañana,  contra reloj, se refiere, como sabemos, a introducir constitucionalmente una limitación del déficit público, de manera que se impida, tanto al Estado como a las Comunidades autónomas, incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea y que, al parecer, se fijará, por ley orgánica en el 0,4%.

España se convertirá así en el primer estado en seguir las recomendaciones impulsadas por la Unión, con Merkel y Sarkozy  a la cabeza, para reforzar la confianza en nuestra economía reduciendo la incertidumbre de los inversores públicos. Pero hay que recordar precisamente  que  dicha limitación se trata de una dura autoexigencia para un país con un gasto público que se sitúa por debajo del promedio de las economías avanzadas de Europa, sin unos niveles de bienestar equivalentes a los de dichos países  y  necesitado, a su vez, de grandes inversiones para modernizar su economía.

Garantizar los niveles adecuados de financiación de la sanidad, la educación, la atención farmacéutica, los servicios sociales, la atención a las situaciones de dependencia, la educación hasta los tres años, la garantía de subsidios mínimos…, sería una contribución necesaria al estado de bienestar, construido en Europa a partir de la las tradiciones liberal y socialista.

Todos los promotores de esta reforma constitucional argumentan que ésta es la finalidad. Sin embargo creo que el camino a emprender no consiste solamente en contener el déficit sino, paralelamente, en garantizar la inversión en gasto social,  ya que no se trata de contemplar este gasto como un coste sino precisamente como una inversión.

Podemos analizar cualquier ejemplo que nos lo muestre. Un servicio universalizado de escuelas para la primera infancia elimina las desigualdades en la capacidad cognitiva derivadas de la extracción social. Un adecuado sistema de atención a las personas en situación de dependencia permite la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La inversión en un completo sistema público sanitario, aunque sea costa de implementar niveles de copago en determinadas prestaciones, garantiza que no existan dos sistemas sanitarios, uno privado para los ciudadanos con recursos y otro paralelo público para quienes no tienen los recursos necesarios. Un adecuado sistema educativo impide el fracaso en la integración laboral y social y es la base que permitirá modernizar el sistema productivo.

"Las políticas sociales construidas después de la segunda Guerra mundial están cada vez más desajustadas económicamente, pero también socialmente", ha señalado el sociólogo y experto de referencia en el estado de bienestar, Gosta Esping-Andersen. Quién nos recuerda que: “Hoy la realidad social es muy diferente: la esperanza de vida se ha alargado; el perfil de la pobreza cambia, las parejas se divorcian, disminuyen los nacimientos y las mujeres trabajan”.

Es necesario, por tanto, exponer y confrontar ideas razonables en torno a las reformas en el estado del bienestar y dejar de lado los tópicos políticamente correctos, para pensar por nuestra cuenta, como nos invita a hacer Tony Judt, el intelectual fallecido en agosto de 2010, quién en su testamento político, Algo va mal,  afirmaba que: “La socialdemocracia no representa un futuro ideal, ni siquiera representa el pasado ideal. Pero entre las opciones disponibles hoy, es mejor que cualquier otra que tengamos a mano".

Judt propugna: “Trabajar por el prestigio del Estado, reconstruir un lenguaje propio y encontrar un relato moral”, mientras nos recuerda que: “Injusticia, desigualdad, deslealtad, inmoralidad: la socialdemocracia tenía un lenguaje para hablar de ellas y ha renunciado a él”.

Más allá de la reforma constitucional sobre el déficit, sería deseable alcanzar un consenso verdadero  entre liberales, socialdemócratas, nacionalistas, sindicatos, demás fuerzas e indignados en general, que nos llevara un nuevo relato moral. 

La justicia, la igualdad y la lealtad institucional son los valores que es necesario poner por encima de todo por parte de todos los actores políticos y sociales, de forma que seamos capaces de renovar el estado de bienestar, de acuerdo a las necesidades de nuestros días, apreciando el papel del Estado en cada uno de sus niveles, y teniendo en cuenta que el crecimiento no es ilimitado, como venimos constatando cada día que pasa.

Estaremos atentos a lo que los actores sociales nos proponen al respecto de aquí al 20 N.

Josep Arenas

 

Peligra el relevo generacional

 

Galicia, Castilla y León,  Asturias o Extremadura son comunidades que no tienen crecimiento vegetativo. En las que no hay suficientes nacimientos. En las que el número de fallecidos es mayor que el de recién nacidos. Así sucedió en 2010.

En España nacieron 484.055 bebés. O sea, casi un 2 por ciento menos que en 2009. Por otra parte, la edad en la que una mujer tiene su primer hijo, sigue elevándose y se sitúa en 31,2 años de promedio.

También baja la tasa de fecundidad que sitúa en 1,38 el número de hijos por mujer en edad fértil, volviendo al nivel de 2006.

Estas tendencias a la baja de la natalidad vienen consolidándose desde 2008, con el inicio de la crisis, y constatan que se está poniendo en peligro el relevo generacional en nuestra sociedad.

Cabe suponer que la inestabilidad laboral y económica de muchos jóvenes demora su emancipación y su decisión de formar una familia. Por otra, parte a consecuencia de la crisis, también ha disminuido la inmigración en la que radicaba una fundada esperanza para hallar soluciones al relevo generacional.

Ente los datos que nos ofrece el INE, en su análisis anual del Movimiento Natural de la Población, figura el que recoge que las parejas se casan cada vez menos. En 2010 se casaron 169.020 parejas, lo que representa un 3,6% menos que en 2009. Cada vez hay más parejas que optan por vivir juntos sin formalizar el contrato matrimonial. El número de bodas por cada 1.000 habitantes ha bajado en 2010 al 3,76%, cuando en 2009 era de 3,82%.

Por segundo año consecutivo, se constata que quienes formalizan su unión, lo hacen mayoritariamente mediante ceremonia civil, frente a la religiosa.  Las uniones entre personas del mismo sexo aumentaron  hasta el 2,1% del total en 2010, cuando en 2009 representaron el 1,7%.

Por otra parte la esperanza de vida de la población sigue creciendo y alcanza una media de 82 años en España, situándose entre las más altas del mundo. O, lo que es lo mismo, es de 84,9 años para las mujeres y de 78,9 años para los hombres.

Vemos, por una parte, que la mejora de la prevención, el sistema sanitario y el de atención a las personas con dependencia, contribuyen al incremento de la esperanza de vida. Por otra, constatamos las tendencias a la baja en la natalidad.

Todo ello sugiere que, para cambiar las tendencias negativas, será necesario  que mejoren las condiciones económicas y el empleo  y, en consecuencia, mejore la protección a las políticas sociales que favorecen la natalidad, tan necesaria para el equilibrio y sostenibilidad social.

Tal vez, para la mejora del empleo y de la situación económica, haya que buscar oportunidades en la atención a las personas más dependientes, ya sean éstas los más mayores o bien los más pequeños. La contribución de población inmigrada seguramente será muy necesaria para dicha atención.

La crisis exige a todos encontrar soluciones dónde aparentemente sólo se nos presentan problemas. El relevo generacional preocupa. Deberían ocuparnos también las políticas que persiguen una mayor natalidad, un mayor crecimiento vegetativo y una adecuada atención a los más dependientes.

Josep Arenas

 

¿Cómo financiamos nuestro estado de bienestar?

 

Enrocados los partidos en España en la discusión sobre si agotar la legislatura o convocar elecciones, lo que nos interesa de verdad es que se manifiesten sobre: cómo financiamos nuestro estado del bienestar.

Ante la indignación social, manifestada en calles y plazas  por los recortes en prestaciones sociales, no estará de más el recordar las coordenadas en las que se enmarca dicho bienestar. Lo primero es la defensa permanente y radical de la democracia como sistema, profundizando y ampliando los derechos sociales y cívicos, entre ellos una mayor participación. A continuación, la defensa de la economía libre de mercado, con una regulación que evite sus abusos. Y, tercero, y fundamental, el gran soporte al estado de bienestar es la redistribución de las rentas para corregir y disminuir las desigualdades,  creadas por el mercado, para lo cual es necesario el establecimiento de medidas fiscales.

Es así como se ha ido desarrollando progresivamente la creación de servicios públicos de calidad y gratuitos, de cobertura universal, abiertos a toda la población. Ha sido necesario aumentar la recaudación fiscal y hacerla más progresiva para conseguir su financiación, de forma que las rentas más altas paguen proporcionalmente más y se ha conseguido que todo el mundo tenga acceso a servicios de calidad y gratuitos. Se ha aumentado la cobertura y la calidad de los servicios y por lo tanto también su coste.

Con la llegada de la crisis nos encontramos con que los ingresos no cubren los gastos, con la particularidad de que determinados ingresos ya no volverán. Ante esa nueva realidad es necesario mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. Podemos admitir recortes cuando se derivan de la mejora de la eficiencia y de la eliminación de abusos. En este caso, incluso los aplaudimos. Pero no debemos admitir recortes en el nivel de calidad, ya que estaríamos propiciando un doble sistema de cobertura: un sistema privado para quienes tienen posibilidades económicas y un sistema público, sin calidad, para quienes no tiene recursos.

Es necesario mantener un sistema de cobertura universal y de calidad. Para poder mantener este sistema de cobertura universal es necesario incrementar la recaudación, ya sea por la vía fiscal, mediante nuevos impuestos (sobre la energía, la especulación, el patrimonio, sucesiones), ya sea por la vía del copago. En lo referido al copago, los nuevos ingresos, necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar, deberán provenir más de las rentas más altas que de las rentas más bajas; deberán ser progresivos.

La clave de la sostenibilidad del sistema de bienestar social está, no solamente en poner énfasis –como se viene haciendo- en la reducción del gasto público, sino, precisamente, en tratar de incrementar los ingresos del estado, puesto que, no solamente son bajos sino que además,  son regresivos. Tengamos en cuenta que España gasta en bienestar social un 21% del PIB, seis puntos por debajo del 27% de media de la Unión Europea de los 15.

Recordemos que, cuando España entró en la eurozona, para conseguir los criterios de Maastricht de reducción del déficit, lo hizo ya a costa de la reducción del gasto público social. Ahora, sucede de nuevo. Para reducir el déficit se está recortando el gasto público social. En estos días de debate sobre el estado de este país, no he oído ninguna propuesta que considerara, como alternativa, la posibilidad de aumentar impuestos para hacer bajar el déficit. En realidad, entre 1999 y 2008, los impuestos han ido bajando, algo que la bonanza del  crecimiento continuado ha permitido que quedara oculto. Por otra parte, a partir de 2004 y hasta 2007, ha aumentado en España notablemente el gasto social –recordemos por ejemplo la Ley de Dependencia-,  situación que ha venido deteriorándose a continuación. Ahora tenemos un problema de ingresos: en la Unión Europea de los 15 se ingresa un 44% del PIB de promedio; en España, solamente el 34%; Suecia, el país con un estado del bienestar más desarrollado, ingresa el 55% de su PIB. Además, los criterios de esta recaudación son más regresivos que en nuestro entorno, ya que, en España, un trabajador paga el 75% de los impuestos que paga su homólogo en Suecia, por ejemplo.

Si la política fiscal española fuera más progresiva y se recaudara más,  corregiríamos a la vez dos aspectos: primero, el de la posibilidad de incrementar el gasto social para ofrecer servicios públicos universales de calidad; pero, segundo, y tal vez más importante todavía,  el de la posibilidad de creación de puestos de trabajo en un país con un gran problema de paro. Según el profesor Vicenç Navarro, si en lugar del tener un 9% de la población adulta trabajando en el estado de bienestar, como tenemos en nuestro país, tuviésemos el 25%, como tienen en Suecia, crearíamos cinco millones de puestos de trabajo, una cifra muy similar a la del número de ciudadanos que ahora hay en paro.

Un halo de esperanza nos habrían dado sus señorías si alguien hubiera planteado o rebatido propuestas como la del catedrático de Políticas públicas. Mientrastanto, me da la impresión de que existe una fuerte ruptura entre el ciudadano y el político. Con o sin elecciones anticipadas.

Josep Arenas

S F C

Las siglas SFC no representan el nombre de ningún club de fútbol, como pudiera parecer. Se refieren a una enfermedad. La llamada Síndrome de fatiga crónica (SFC). Una enfermedad poco conocida todavía que puede resultar muy incapacitante, de forma parecida a otras como la Fibromialgia, la Sensibilidad química múltiple o la Electrosensibilidad. El enfermo parece vivir una gran gripe permanente. Sus síntomas principales suelen ser el sueño no reparador, la persistencia de la fatiga en más de 24 horas y los transtornos de la concentración y de la memoria; también suele sufrir cefaleas de intensidad y persistencia variable y cuadros de faringitis de repetición; además de debilidad muscular, signos inflamatorios en articulaciones  o dolores cervicales o axilares.

Resulta muy conveniente recordar públicamente la existencia del Síndrome de fatiga crónica (SFC), porque se trata de una enfermedad sumamente ignorada por los estamentos médicos, sanitarios, políticos y jurídicos. Es más. Algunos autores la han denominado como una enfermedad políticamente incorrecta, por el hecho de que pone en evidencia mucho de lo que no funciona en nuestra sociedad.

Veamos. En primer lugar el pensamiento médico suele funcionar de manera lineal: síntoma-diagnóstico-tratamiento. La mayor parte de los médicos no están preparados para trabajar con una enfermedad multisistémica. Siendo así que buena parte de la clase médica sigue sin considerar la SFC como una verdadera enfermedad, creyendo que se trata de un conjunto de signos y síntomas inclasificables, mal definidos, de origen desconocido y de carácter transitorio, de clara orientación psicológica. Haciendo gala con ello de una gran ignorancia al respecto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, en la Clasificación internacional de enfermedades, CIE 10, incluye el SFC, (encefalomielitis miálgica) y ya no hay razón para rechazar un tratamiento aduciendo una supuesta inexistencia del trastorno, como ocurría anteriormente. 

Ningún facultativo de la sanidad, ni pública ni privada, ya no debería decir que esta enfermedad no existe, que no cree en ella, ni derivar sin más al enfermo por vía psiquiátrica, o decir que tales dolencias no son incapacitantes, tal y como se viene haciendo hasta ahora en muchos casos. En cambio sí que debería ayudar a los afectados, con sus informes, para reclamar la adecuación de las condiciones de trabajo o prestaciones a la Seguridad Social o mutuas de seguros de enfermedad, en tanto se produce la anunciada transición a la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, CIE 10, tal y como ya ha ocurrido en Canadá en la Provincia de Ontario, que ha reconocido oficialmente el síndrome de Fatiga Crónica, como una enfermedad neurológica, desde el 20 de abril del 2010. 

La SFC resulta políticamente incorrecta, además, porque pone en evidencia que los servicios sanitarios no suelen estar organizados para trabajar con la persona sino más bien con un órgano de su cuerpo. La SFC es una enfermedad multisistémica que afecta a no solamente al sistema nervioso, sino que puede afectar a otros sistemas corporales como el endocrino, el cardiopulmonar, el gastrointestinal y el músculo esquelético. Y el sistema sanitario suele enviar a los enfermos a cada especialista y resulta difícil obtener un diagnóstico y un tratamiento  multisistémico e integrador.

Por lo que respecta a los políticos y las administraciones, nos encontramos con que el SFC no es una enfermedad fácil. Tampoco resulta rentable para el complejo fármaco-industrial. Implica que las administraciones deberán tomar muchas medidas para la integración social, laboral, educativa y para facilitar la accesibilidad de las personas afectadas y sobretodo para garantizarles un adecuado nivel de prestaciones económicas, si es necesario.

Pero también es una enfermedad que pone en evidencia nuestra incapacidad, la de tantos ciudadanos, para manifestar nuestra solidaridad y empatía hacia los enfermos. El enfermo de fatiga crónica suele tener un diagnóstico no muy claro para los demás, para su entorno, y además “hace buena cara”, se le suele decir. Muchos piensan: “no debe ser tan grave”, “no tiene tan mala pinta”. Mientrastanto, al enfermo, que lucha contra sus síntomas persistentes, le resulta muy descorazonadora la incomprensión de su entorno.

La SFC es por ahora es una enfermedad prácticamente ignorada que priva a un amplio colectivo de pacientes de derechos fundamentales como la salud, el trabajo y el derecho a percibir prestaciones de la Seguridad social. La falta de investigación sobre sus causas, su carácter sobrevenido y su falta de tratamiento, así como la incomprensión de los estamentos médicos, sanitarios, administrativos, laborales, políticos y del propio entorno del enfermo, son obstáculos demasiado grandes a salvar, mientras la persona sortea sin descanso las dificultades en su trabajo, en su vida social y en las actividades de la vida diaria, como si estuviese viviendo una gran gripe permanente.

El pasado día 12 se conmemoró el día internacional del síndrome de fatiga crónica. Queda una larga lucha por delante. Bienvenidos al club SFC. El club de quiénes quieren hacer visible la enfermedad y ayudar a las personas afectadas a conseguir sus derechos sociales y una vía de tratamiento para reencontrar una forma de vida digna y gozosa.

Josep Arenas

Amar (al servicio público), en tiempos revueltos

Los tiempos andan revueltos en los servicios públicos. Las comunidades autónomas, que hace treinta años iniciaban una singladura de profundización democrática, construcción del estado de bienestar, progreso económico y social y reconocimiento de la identidad de las nacionalidades y regiones, se ven ahora afrontando medidas de ajuste draconianas, después de un largo crecimiento continuado en servicios y número de funcionarios.

Lo estamos viendo en Cataluña o en Galicia, dónde las medidas de ahorro, austeridad y recortes, están en el orden del día. Por citar dos territorios que ya celebraron elecciones, en 2010 y 2009, a la sombra de las consecuencias de la crisis. Las demás comunidades parece que estén esperando a comenzarlas, después de la cita electoral del próximo día 22. Y similar camino estimo que seguirán la mayor parte de los ayuntamientos.

En los papeles, leo que Cataluña despedirá a más de mil trabajadores de las empresas públicas y que la Xunta de Galicia va a prescindir de 400 empleos en consorcios, fundaciones y entes públicos. En Cataluña se han producido, en las últimas semanas, importantes movilizaciones de profesionales de los sectores sanitario y educativo. Los recortes pueden comportar el cierre de quirófanos, supresión de camas hospitalarias, aumento de listas de espera y unos cinco mil despidos, según los sindicatos que, para este Primero de mayo, han convocado múltiples manifestaciones contra los recortes de programas sociales.

El plan de adelgazamiento de las administraciones parece que va en serio. Los nuevos gobiernos han reducido consejerías, asesores y personal de confianza y, en algunos casos, se han suprimido plazas ocupadas por personal interino o eventual. Tras esta dieta rápida –que estimo que también adoptarán los próximos gobiernos autónomos- está el objetivo europeo de reducir el déficit al 1,3%, este año.

El funcionario público revaloriza, mientras tanto, el factor de la seguridad en su puesto de trabajo, en tiempos revueltos, de crisis y de pérdida de empleos en los demás sectores. Es su gran ventaja, aunque tiene contrapartidas más negativas, como la disminución de ingresos y la falta de estímulo.

Muchos se iniciaron en la función pública, con la creación de las autonomías y de los ayuntamientos democráticos, con una idea de servicio público, de participación en la construcción del estado social, mediante la oferta de servicios de calidad al ciudadano. Estaban muy motivados y comprometidos. Pero tres décadas de democracia han desgastado la motivación y la imagen de aquellos funcionarios. Y también la de muchos políticos.

Sólo hace falta constatar los datos de la encuesta de Randstad Workmonitor, publicada semanas atrás, según la cual a los empleados públicos en España les falta motivación. Se refiere a funcionarios de muy diversos sectores: administración, educación, sanidad, servicios sociales…  Sólo un 11,3% están realmente interesados en ascender profesionalmente y más de la mitad, el 53,3%, no tiene necesidad de hacer algo diferente en su puesto de trabajo. La explicación hay que buscarla en que las posibilidades reales de los funcionarios de promocionarse o de cambiar de tarea, una vez llegan a su puesto, son reducidas, pues hay que pasar por un largo proceso, lleno de sacrificios y en el que deben competir con otros profesionales. A pesar de lo cual es interesante constatar que siete de cada diez funcionarios afirman sentirse muy satisfechos, 22,7%, o satisfechos, 46,7%, en su puesto de trabajo.

Urge recuperar los valores del servicio público. Urge recuperar la autoestima, la motivación y la imagen del servidor público. El modelo debe cambiar. Es necesario implantar sistemas de acceso, acordes con las competencias a desarrollar. Promoción, a base de méritos. Sistemas, que premien actitudes y resultados. Salarios, vinculados a competencias desarrolladas y resultados, después de haber establecido procesos de evaluación de la productividad.

Los defensores del sector público y del servicio público corremos el riesgo de no ser capaces de hacer oír suficientemente nuestra voz ante quienes propugnan una reducción  de lo público a la mínima expresión, en este contexto de crisis y de recortes. En definitiva, querer que el sector público funcione, poco o nada tiene que ver con plantear como solución la desaparición al máximo del sector público.

Conseguir cambiar la actitud y la motivación de los empleados públicos, que tanto tienen que contribuir a dinamizar el sector público, será sin duda una telenovela de muchos capítulos y muchos personajes en la que sus numerosísimos protagonistas necesariamente deberán cumplir una condición previa: amar (al servicio público), en tiempos revueltos. Continuará.

Josep Arenas

Cuestión de tiempo

Los alemanes están empezando a salir de la peor crisis económica que han sufrido, después de la que superaron tras la segunda guerra mundial con gran esfuerzo ciudadano. Sin embargo, paradójicamente, Alemania no es el país en el que más horas se trabaje. 

Hemos sabido que los alemanes -igual que los daneses o los holandeses- trabajan bastante menos horas que los ciudadanos españoles, lo cual solamente nos indica que son más eficientes, puesto que con menos horas de trabajo obtienen mejores resultados. La conclusión a la que ese dato nos lleva es meridiana: no se trata de trabajar más horas sino de trabajar mejor. 

Un reciente estudio de la OCDE, la organización que agrupa los principales paises desarrollados y las economías emergentes, ha analizado la distribución de los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado, en treinta paises, con significativos resultados en Society at a glance.

Entre sus conclusiones quiero destacar dos aspectos. En primer lugar que, si bien el trabajo remunerado ocupa buena parte del tiempo de los españoles, ya que solamente los austríacos, los suecos y los portugueses, le dedican más horas que nosotros, sucede que seguimos alimentanto la falacia de que más tiempo de trabajo repercute en una más alta productividad. Pero sabemos que más horas en el puesto de trabajo no es siempre sinónimo de de mayor productividad.

El desigual reparto de tareas entre sexos, en el trabajo no remunerado cuyo valor se estima en el 41% del PIB, representa también el otro suspenso  que nos ofrece el estudio, ya que las mujeres españolas dedican 3 horas y siete minutos semanales más que los hombres, a aspectos tales como cocinar, limpieza, cuidado de jardín, o cuidados familiares.

Ningún secreto esconden estos resultados, tal vez. Pero nos merecen una reflexión sobre las salidas más favorables al uso y distribución del tiempo de trabajo, tanto del remunerado como no remunerado.

La motivación, acompañada de la flexibilidad, creo que son fundamentales para renovar los hábitos horarios, el aprovechamiento del tiempo y la eficiencia laboral. Los verdaderos expertos en la gestión del tiempo nos suelen decir que hasta que no tenemos suficiente motivación, no somos capaces de organizarnos y de encontrar el tiempo necesario para alcanzar nuestros objetivos.

Creo que es válido para el aprovechamiento del tiempo de trabajo, remunerado o no. Lo primero es la motivación y lo segundo será disponer de facilidades en la flexibilidad horaria que permitan conciliar el trabajo remunerado con el no remunerado y el ocio o el descanso.

Mucho urge mejorar, tanto dentro como fuera del trabajo, para nuestra eficiencia, productividad y paridad. Es una cuestión de motivación. Y de tiempo.

 

Josep Arenas

 

Fuente: http://www.oecd.org/document/24/0,3746,fr_2649_34637_31857720_1_1_1_1,00.html

Alternativas que descubrir

El ministro Valeriano Gómez, que fue presentado como la gran esperanza blanca del Gobierno para encaminar las soluciones al gravísimo problema del paro, se nos ha despachado con unas declaraciones, diciéndonos que nos augura una década de “moderación y sensatez salarial”.  No un año, ni dos, ni tres, sino nada menos que diez años, de moderación. Lo dijo tras conocerse que hemos alcanzado el récord de 4,3 millones de personas en paro, para insistir en que “hay que moderar los salarios reales”.

Estamos en plena etapa de recortes de todo tipo, en materia de educación, sanidad, servicios sociales o previsión social, a los que, los siempre bienpensantes políticos de turno, les llaman ahorros en lugar de recortes.

En el plano individual y familiar los ahorros o recortes son también obligados por las disminuciones de ingresos y el encarecimiento de los precios. No se vislumbra un futuro esperanzador a pesar del voluntarismo de los más optimistas.  La realidad está siendo más tozuda que la voluntad. Es más. Hay que tener presente que el coste social de los recortes lo vienen pagando siempre los más desfavorecidos por motivos de clase social, de género o de etnia, generalmente.

Ante esta situación de rigidez, cuando no de pérdida, de salarios, cada vez más generalizada, y de disminución del amparo protector del estado del bienestar, nos preguntamos si otro tipo de vida es posible para adaptarse a las condiciones que genera esta crisis.

Algunos están encontrando soluciones parciales, basadas en la solidaridad y en posiciones alternativas a las del intercambio monetario tradicional. Se dedican a la horticultura urbana, cultivando verduras para su propio consumo; recogen enseres en la calle que los rehabilitan para el uso; intercambian con otros, productos, enseres u otros objetos para su aprovechamiento; intercambian servicios, libros, películas o música; comparten el uso de electrodomésticos, el coche o incluso se facilitan préstamos sin interés entre personas que no son familiares; también se dedican al cuidado benévolo de niños o de personas mayores. Podemos constatar datos de la frecuencia de dichas prácticas alternativas en un estudio realizado por el Instituto Opina para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Tal como están las cosas, estas nuevas realidades sociales son las que permiten que no caigamos en el pesimismo. Siempre podemos crear un pequeño huerto urbano en casa, en un espacio comunitario o en la comunidad de vecinos. Podremos ejercer un modo tranquilo de vida y en contacto con la naturaleza, cultivar productos ecológicos para nuestra propia alimentación y hacer un tipo de vida mucho más sostenible y solidario. Todo es empezar.

Tenemos muchas alternativas y experiencias que descubrir y ejemplos no nos faltan. Como el de la horticultura urbana.

 Josep Arenas

Trabajo social y redes

Hacer de los derechos humanos una realidad es un justo objetivo por el que merece la pena luchar, en cualquier parte del planeta. Así lo entienden los trabajadores sociales, cuya  federación mundial conmemora, con este objetivo, el Día Mundial del Trabajo Social, el tercer martes de marzo y jornadas sucesivas, para recordárnoslo.

Las prioridades más destacables a colocar en la agenda pública son los derechos humanos más elementales y perentorios, como son el asegurar el acceso al sustento, el vestido, la vivienda o a la protección de la salud. Pero, según lugares y circunstancias, hay necesidades distintas por las que es necesario promover cambios sociales.

La profesión de trabajo social, desde su intervención con individuos o familias, con grupos y asociaciones, o con sus actuaciones a nivel de comunidades locales o de colectivos específicos, representa una atalaya privilegiada para analizar los contextos en los que interviene. Su actuación le permite un singular conocimiento de las causas de los problemas sociales para los que suele proponer medidas y actuaciones, no solo para dar respuesta a demandas concretas de los individuos, sino también para promover cambios normativos y estructurales, con propuestas a las autoridades y a instituciones públicas y a entidades cívicas y sociales.

El trabajador social -la trabajadora social- se define, no en vano,  como alguien que “promueve el cambio social y la resolución de problemas”. Por ello su actuación siempre será necesaria. Aunque debe evolucionar constantemente porque las necesidades sociales cambian también continuamente, al igual que los medios con que afrontarlas.

Prueba de la evolución de los medios es que es que el Día Mundial del Trabajo Social coincide con que se cumplen cinco años de la aparición de Twitter, la red social de los miniblogs con más de 200 millones de usuarios, fenómeno en alza, tras la aparición de Facebook cuyos adheridos se cifran en 500 millones, y de que los usuarios de Google seamos masivos y globales.

Para la profesión del Trabajo Social, que parte de principios como la defensa de los derechos humanos y la justicia social, así como para muchos otros profesionales, el cambio bien entendido empieza “por uno  mismo”, adaptándose al aprovechamiento de las posibilidades de los recursos actuales.

Aprovechar la oportunidad de recursos como Twitter, que permiten crear una red mediante la cual compartir ideas distintos trabajadores sociales con otras personas que de otra manera resultarían inaccesibles, facilitar contactos, poner en común datos, situaciones, necesidades sociales y recursos y generar temas de opinión y propuestas de cambio social, está hoy a nuestro alcance.

Estar en la red y crear grupos de opinión, con el objetivo de “promover cambios” y de “resolver problemas sociales”, puede ser lo que debamos poner en nuestra propia agenda del cambio, para contribuir a cambiar la agenda pública.

Josep Arenas

 

 

Japón recuperará la confianza

Clint Eastwood nos ofreció  en el inicio de su reciente película Más allá de la vida (2010) una muy bien ejecutada  secuencia de un tsunami. Tal vez la mejor y más espectacular secuencia jamás rodada en el cine de catástrofes que haya visto. El veterano actor y director se había documentado visualmente en el tsunami y terremoto de Sumatra-Andamán que arrasó los litorales de Indonesia y el Océano Índico en 2004 y que arrojó el espeluznante balance de 229.886 muertos, según las Naciones Unidas.  Celebré la oportunidad de Eastwood al recoger en su film un hecho de los que sólo sueles tener noticia una vez en tu vida.

Pero la realidad, como siempre, ha superado  la ficción y el terremoto de Japón de magnitud  9, seguido de numerosas réplicas  y el tsunami y la alarma de explosión atómica, no solo nos ha llenado de desolación, sino que siguen poniendo a prueba nuestra capacidad de sorpresa, de comprensión y de reacción ante hechos de esa magnitud, totalmente inimaginables.

Cada día, desde el pasado jueves,  se nos ofrecen nuevas  imágenes que muestran la tremenda capacidad arrolladora de las fuerzas de la naturaleza sobre la vida humana y su hábitat. Verlo para creerlo, la información resulta abrumadora. Miles de muertos y desaparecidos, decenas de miles de edificios destruidos, cientos de miles de personas desplazadas y cien mil soldados buscando a desaparecidos. Como telón de fondo, la incertidumbre en la seguridad de tres centrales atómicas genera psicosis.

Mientras tanto algunos expertos cifran que el PIB japonés bajará un 8 por ciento, la bolsa ya bajó hoy en picado y la recuperación tendrá unos costes superiores a 130.000 millones dólares. Muchos recursos económicos serán necesarios.

Pero lo prioritario es que los ciudadanos afectados, el conjunto de los japoneses y, por extensión, todos quienes muestran interés por lo que allí sucede, encuentren unos referentes que les den confianza en la reconstrucción del pais y de cada unos de sus habitantes y familias.  

Una vez realizadas las tareas rescate, la regla de oro pasa por ser optimistas y transmitir calma, “solo así se extrae la energía de las personas para que busquen soluciones y no se queden lamentándose de lo mal que van las cosas”, manifestó Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York, tras los sucesos del 11-S. Japón necesita ahora de un gran liderazgo para superar el desastre. Alguien que informe de la realidad y que sea capaz de “transmitir a la gente que somos capaces de superarlo todo”, como decía entonces Giuliani.

Ante la proliferación de tantas imágenes y datos sobre el desastre que se ha producido, echaré de menos si, en los medios de comunicación, no se refleja la posterior capacidad de recuperación, de sacrificio, de solidaridad y de resurgir de las propias cenizas de los japoneses, que, estoy convencido de que se va a producir.

También quienes lo vemos desde lejos, aunque sea en directo por televisión, necesitamos que se produzca esta crónica de la capacidad de recuperación y de la lucha contra la destrucción. Lo necesitamos por que, de otra manera, nunca estaremos preparados para recibir y asumir noticias así.

Aunque, para que eso suceda, también será necesario quizás que se produzca un seísmo en el seno de muchos medios de comunicación para que los transforme en medios explicativos, no sólo del espectáculo de la noticia, sino principalmente de la capacidad de los protagonistas de la historia para cambiar su rumbo.

J. A. Ponsa

El ritmo de los acontecimientos

Ayer fui al médico de la seguridad social y cuando le pedí que me recetara un determinado producto que se me había terminado, me dijo que ahora ya no puede hacerlo porque ha quedado excluido: “Pero no solo aquí en Galicia, sino en toda España”, añadió a modo de consolación. Antes de la visita, había hojeado, en la sala de espera, un ejemplar del periódico La Región en el que decía que muchas parroquias ourensanas estaban siendo desbordadas por las peticiones de ayuda de tantas familias para las cuales la ayuda del Estado e incluso de las instituciones sociales y asistenciales ya no les alcanzaba.

Las instituciones sociales y asistenciales se quejan por su parte de la disminución de las subvenciones que recibían de las administraciones, mientras que, como sabemos, las obras sociales de las cajas de ahorros desaparecen en esa metamorfosis en la que se transforman en bancos.

A poco que estemos atentos vamos percibiendo, unos más que otros,  los efectos de la crisis. Disminuyen las prestaciones sociales y asistenciales, rebajan los sueldos a los empleados públicos y, sobre todo eso, está el tremendo drama de más de cuatro millones trescientos mil parados, desesperanzados, mientras que las últimas cifras no dan noticia de que estemos superando un bache que dura ya demasiado tiempo, sino que ofrecen un crecimiento del número de desempleados.

No lo resuelve ni la palabrería del gobierno ni la frivolidad o el oportunismo de la oposición. Tampoco la economía sumergida, que algunos cifran en un 17 por ciento del PIB, y que aseguran que palia dicho paro. Ni siquiera son suficientes los apoyos de las redes familiares y de proximidad que van permitiendo la subsistencia y el mantenimiento de la situación para una gran masa social en la que los jóvenes son los principales perjudicados. Por lo tanto, nuestra sociedad sufre una presión que podría explotar en cualquier momento, como sucedió, por cierto, en Islandia, en 2008.

El paro sigue creciendo, las desigualdades aumentan y hay una gran proporción de jóvenes que no consiguen entrar en una perspectiva de progreso para sus vidas. Mientras tanto, muy cerca de aquí, en la otra orilla del Mediterráneo, la juventud egipcia, tunecina o libia, perdió el miedo e intenta construir una nueva sociedad participativa y democrática en la que quieren sentirse protagonistas y partícipes del progreso económico y social. Unas revueltas que se han producido sin que los gobiernos europeos tuvieran la menor previsión de lo que iba a suceder.

Todo está cambiando a tal velocidad que, en cualquier momento la reacción social podría sorprender a una clase política, de derechas y de izquierdas, que parece superada por el ritmo de unos acontecimientos, marcados por un empobrecimiento de la vida colectiva y por el crecimiento de las diferencias sociales, sin que llegue preaviso de que eso vaya a parar.

Mientras, no alcanzo a ver un liderazgo suficiente que indique con claridad hacia dónde vamos. Que aporte una esperanza de superación y mejora de las condiciones de vida y de reducción de las desigualdades sociales. Que apunte a la profundización de los derechos democráticos, cívicos y sociales.

Tal vez deba volver al médico.

Josep Arenas

Un largo camino hacia la igualdad

Como cada 8 de marzo se nos ofrecerán hoy cantidad de datos estadísticos, tales como que la mujer tiene que trabajar un 17 por ciento más para ganar igual que un hombre. O sobre el papel preponderante de los hombres en cargos directivos, respecto de las mujeres. Todos apuntando a demostrar cuanto camino queda por recorrer para alcanzar una efectiva igualdad entre hombres y mujeres o viceversa. Un largo camino, de evolución lenta.

La cosa viene de lejos. Parece que las creencias sobre la igualdad o no entre hombres y mujeres estén impregnando las principales religiones del mundo. Cristianos, musulmanes, hindúes, budistas o judíos,  han concedido a las mujeres un estatus y un papel con una inferioridad de derechos manifiesta.  Y siguen concediéndoselo, siendo su evolución hacia la igualdad, muy lenta.

En la Iglesia católica las mujeres ocupan un lugar destacado impartiendo el catecismo y la liturgia. También pueden dar la comunión, pero no pueden ser ordenadas sacerdotisas. La Iglesia anglicana, en cambio, autorizó el sacerdocio en 1994, y son ya 2000 las que realizan esa actividad en el Reino Unido. La Iglesia ortodoxa también se niega a ordenar a las mujeres.  Otra cosa es el budismo, en el que, al igual que los hombres, las mujeres pueden llegar a ser monjes o lamas.

En el judaísmo a la mujer se le reserva el papel del cuidado del hogar y de la transmisión de valores. Quedan reservados al hombre los deberes del culto y el estudio de la Torá. Las autoridades musulmanas, han permitido, en Marruecos, a las mujeres enseñar a los fieles los deberes religiosos, pero tienen prohibido dirigir la oración de los viernes. Un papel limitado, el de la mujer, también en estas religiones.

El artículo 18 de la declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948  garantiza a cada persona la libertad de religión. No es de extrañar que, teniendo en cuenta la posición que las principales religiones del mundo tienen respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, sea en los estados más laicos donde se garantiza a las mujeres una mayor igualdad de tratamiento y un más alto reconocimiento de derechos.

Josep Arenas

 

 

Un 24-F para trabajar y construir un futuro

Treinta años después de aquel 23 de febrero, tras pasar la noche pegados a la radio escuchando a José María García y suspirar por la aparición del anunciado discurso del rey en televisión, que se hacía esperar demasiado, maldormimos unas horas y, finalmente, confiamos ciegamente en que el pueblo unido no iba a ser vencido, para, por la mañana de tal día como hoy, 24-F, volver de nuevo al trabajo.

Continuamos trabajando por la libertad, la democracia, la autonomía y para reforzar el estado social y democrático de derecho, en el que, durante las tres décadas que han pasado, se han desarrollado considerablemente los servicios sociales. Un cambio hacia la construcción de un estado del bienestar, en el que pasamos de la beneficencia al reconocimiento de derechos y prestaciones sociales, como las que ofrece, por ejemplo, la ley de la dependencia. Ciertamente, treinta años después estamos mejor, como decía ayer el rey.

Los jóvenes que nacieron con el inicio de nuestra democracia y que cuentan ahora treinta años, han disfrutado de una etapa con garantías de acceso a la educación pública y de acceso universal a los servicios de salud, que las generaciones anteriores nunca conocieron en este país. Son la generación de los erasmus, los jóvenes más preparados que nunca hemos tenido.

Lo paradójico de esta historia es que, a pesar de las mejoras sociales de que han disfrutado esos treintañeros, ahora se enfrentan a unas perspectivas que hacen temer que su vida será peor que la de sus padres. De sus progenitores pueden recibir una herencia más negativa o más incierta, en cuanto a seguridad en el empleo, a calidad de vida o a protección social. Ellos han vivido en un entorno de trabajo estable y para toda la vida y con el apoyo de unas seguridades del estado del bienestar.

Los jóvenes creo que, en general, son solidarios, inconformistas y políticamente comprometidos, aunque tienen otras prioridades vitales distintas a las de la generación que vivió el 23-F. No nos debería extrañar, porque la crisis económica y el paro causan en su futuro personal y profesional efectos profundos. Con demasiada frecuencia, se mueven en la falta de seguridad, los trabajos precarios, los bajos salarios e, incluso, el riesgo de exclusión social. Muchos se ven obligados a retrasar su emancipación.

Sólo un dato. Entre los jóvenes españoles, el proceso de entrar en el mundo laboral, abandonar el domicilio familiar y formar una familia propia, se ha retrasado en seis años. Así, en los años en que se produjo el golpe del 23-F, estas etapas se producían a los 22 años en las mujeres y a los 24 en los hombres, y, ahora como mínimo se producen a los 28 y 30, respectivamente. El dato lo extraigo de un estudio realizado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), referido a 2001, por lo que cabe deducir que la tendencia es ahora de un retraso mayor de seis años en la emancipación.

Después de una noche oscura, viene un 24-F que nos brinda la oportunidad de encontrar motivos para trabajar y construir un futuro. Eso es lo que importa, aunque los jóvenes saben que les ha tocado vivir en una sociedad del riesgo y que la seguridad en la que se desenvolvieron sus padres nunca más volverá. Ellos pueden construir un futuro esperanzador.

Josep Arenas

Evaluación de la gestión pública y proactividad en la información

EL defensor de las personas, el Síndic de greuges o defensor del pueblo de Cataluña, recomienda al gobierno de la Generalitat, en su informe ordinario sobre el año 2010, que regule el acceso a la información pública. Considera que el gobierno debería tener en cuenta que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información en manos del sector público.

“La transparencia –ha declarado el síndic Rafael Ribó- permite que los ciudadanos puedan evaluar la gestión pública, con conocimiento del gasto público, de manera que se eviten prácticas fraudulentas o corruptas”. A lo que ha añadido, “las administraciones tienen que ser proactivas en la difusión de la información y tienen que responder siempre y de forma rápida a las solicitudes de información de los ciudadanos”.

Denunciábamos en nuestro anterior post la insuficiencia de la evaluación de las políticas públicas. No andaríamos tan desencaminados cuando una institución como el Síndic de greuges también lanza la misma denuncia en forma de recomendación. En este caso se la hace a un gobierno de derechas nacionalista, pero por unas acciones que fueron llevadas a cabo por el gobierno tripartito de izquierda y catalanista. Corroborando que hay de todo en la viña del señor.

Lo hace a propósito de la publicación del informe de actividad de 2010, en el que alerta de la vulneración de de los derechos ciudadanos en materia de educación, vivienda y ley de dependencia, debido a los recortes presupuestarios y a la descoordinación entre las administraciones.

Manifiesta el Síndic que “los recortes presupuestarios han afectado al núcleo duro de las políticas sociales”. Califica la situación de “inadmisible” y alerta de las “lamentables consecuencias” de dichos recortes. Todo eso lo refiere a una situación que es anterior a los recientes recortes presupuestarios que está sufriendo la administración catalana y que seguramente son el preludio de los que van a seguir para el resto de las administraciones, después del 22 de mayo.

En este Informe al Parlament 2010, denuncia la lentitud de los trámites en cuanto a la ley de la dependencia, la supresión de ayudas para comedores escolares, la lentitud en la tramitación de ayudas para evitar los desahucios y la reducción de oferta educativa en determinados barrios.

En este sentido, el defensor del ciudadano recibió 229 quejas por parte de personas a quiénes les había fallecido un familiar antes de que éste pudiese llegar a percibir las ayudas de la dependencia. Relata la supresión de los quince millones de euros del 2009 para ayudas a comedores escolares, que prácticamente desaparecieron en 2010. Refiere los desahucios a personas que no pueden pagar la hipoteca, para lo que tacha de “desgarradora” la lentitud en la tramitación de las ayudas públicas para evitarlos. Esos son algunos de los datos que aporta.

Hubiera sido interesante que los responsables políticos de dichos programas sociales, caso de no haber podido atender y solucionar dichos problemas, por lo menos hubieran tenido el coraje de dar la cara e informar. Y eso vale para tanto para Cataluña, como para Tombuctú.

 Josep Arenas

La necesaria evaluación de las políticas públicas

A menudo me he preguntado, en esta página, porqué en España hemos pasado del 8 al 20 por ciento de personas en paro en sólo tres años, cuando en el entorno europeo, el paro alcanza solamente el 10 por ciento, como sucede en Francia por ejemplo. O, porqué el número de jóvenes que no terminan sus estudios es del 32 por ciento, cuando la media de fracaso escolar, en Europa, es inferior al 15%, o sea, menos de la mitad. O bien, porqué el índice de natalidad en nuestro país sigue por los suelos en el nivel más bajo del mundo, con 1,38 hijos.

A pesar de la gravedad de los problemas que dichas cifras reflejan, lo preocupante es que no susciten debates de gran envergadura, cada uno de ellos, como necesitaría el país. No veo a la gente discutir sobre el último informe Pisa sobre la enseñanza en Europa y el sobre el vergonzoso lugar que en él ocupamos. Ni tampoco, sobre cómo influye la explosión de la burbuja inmobiliaria en este tan alto diferencial de paro, que de no ser por la construcción sería del 15% y no del 20%. Ni, sobre cómo los jóvenes se reciclarán para formarse en otros sectores en los que puedan encontrar trabajo. No lo veo. No veo que debatamos sobre el crecimiento vegetativo que necesitamos. Ni sobre los resultados de las prestaciones y servicios para paliar la dependencia. Tampoco.

En la raíz de esta falta de debate, está la falta de proposición de objetivos, de proposiciones estratégicas y, sobretodo, la falta de procesos de evaluación. Habitualmente la mayor parte de los políticos españoles todavía tienden a confundir sus intereses con los de la sociedad. A menudo, calibran las inversiones presupuestarias que deciden, por su beneficio electoral en votos, en lugar de hacerlo por los beneficios efectivos que, las políticas que llevan a cabo, proporcionan a los ciudadanos. Creen que los votos legitiman todas sus actuaciones. Pero lo cierto es que casi nadie evalúa. Y que, por lo tanto, muchos ciudadanos desconocemos los resultados de la mayor parte de las políticas que deciden anunciar y llevar a cabo. Mientras, ellos se enzarzan en la búsqueda de un titular más o menos ocurrente y condenado al olvido.

Un político anuncia a bombo y platillo un plan, una actuación, una medida.  A menudo estos anuncios son reproducidos por los medios. En la mayor parte de los casos, sin suficiente conocimiento periodístico y sin un seguimiento crítico sobre el desarrollo de dichos programas o actuaciones. Mientras tanto el contribuyente sigue pagando religiosamente. Aunque, no suelen ofrecérseles los datos de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos, el coste de los medios empleados y los resultados económicos y sociales de dicho plan, programa o actuación. Esa es la cuestión. No es suficiente con que dispongamos de los datos estadísticos. Necesitamos saber si las políticas que nuestras instituciones están llevando a cabo resultan efectivas en la mejora de la vida de los ciudadanos, en el corto y el largo plazo.

Queda mucho camino por recorrer en nuestra democracia hasta que podamos evaluar la actuación de nuestros políticos y de nuestras instituciones. La valoración de cada ciudadano, cada votante, de los objetivos y los resultados de cada una de las actuaciones y políticas públicas a través del conocimiento de los resultados de su evaluación, es un derecho a reivindicar. La evaluación debe llevarse a cabo sistemáticamente y darse a conocer. Es algo que todavía no sucede, pero cuya práctica debería generalizarse.

Y nosotros que lo veamos.

Josep Arenas

La formación, la asignatura pendiente de un pacto

SIEMPRE nos han asegurado que somos los ciudadanos quiénes examinamos a los políticos, cuando somos llamados a las urnas.

Ahora hemos sabido que, igual que los niños no vienen de París, quién les examina no es otra que la canciller Angela Merkel. Menos mal que le ha dicho a Zapatero que España había hecho los deberes. Que progresa adecuadamente. Asignatura, superada.

Hubo foto en la Moncloa dándose la mano, todos-a-una-como-en-Fuenteovejuna, sindicatos, patronales y gobierno, tras el pacto de pensiones, del empleo y de la negociación colectiva e incluso de la energía. Un acuerdo social en el que, a diferencia de aquel lejano Pacto de la Moncloa de la transición, los protagonistas no han sido las fuerzas políticas, sino el gobierno y los agentes sociales.

Entre las fuerzas políticas, y en particular entre los dos partidos que más representantes  tienen en el Congreso, hubo un momento, durante esta legislatura, en el que pareció que podía haber un pacto importante. Era el pacto sobre la formación. Lo propiciaba el ministro Gabilondo y pareció que a él se iban a sumar los populares de don Mariano. Pero, no. Todo quedó en agua de borrajas.

La Formación, con mayúscula, me sigue preocupando. Porque coincido en que “es el principal problema que tiene este país”, como afirma Miquel Valls, el presidente de las cámaras de comercio catalanas.

Efectivamente. La recuperación de los más de cuatro millones de puestos de trabajo no solamente será lenta, sino que “los puestos de trabajo que tendremos en el futuro no serán los mismos que hemos tenido durante los últimos 15 o 20 años”, como bien dice. Por lo tanto, quienes quieran acceder a ellos, se tendrán que reciclar, porque serán necesarios otros conocimientos y otras habilidades, para desempeñar los puestos que se creen. Menudo problema, el de la formación, con el que tenemos que lidiar.

El presidente del gobierno saca pecho, esta semana, después de muchos meses. Precisamente por eso es bueno recordarle cómo tenemos los deberes de la formación. Veamos. 

En Europa preocupa el fracaso escolar, porque los jóvenes que no terminan la enseñanza obligatoria son el 14,4%. ¿Qué sucede en España? Pues que los menores de 16 años que abandonan los estudios antes de tiempo, se elevan al 31,2%. Nada menos. En consecuencia, un tercio de la población juvenil de este país se halla en serio riesgo de paro o de malvivir de ayudas sociales.

Arrastramos el farolillo rojo de la Unión de los 27. Estamos situados en la misma división que Portugal, y sólo superados por Turquía y Malta. ¿Porqué? Entre otras muchas causas, porque durante el boom inmobiliario, muchos jóvenes abandonaron sus estudios atraídos por los salarios que ofrecían la construcción, la hostelería y el turismo. Todo era muy fácil y parecía eterno. Ahora se encuentran sin empleo. Y,  lo que es peor, sin formación.

El objetivo europeo consiste en lograr que la media de abandono escolar se sitúe por debajo del 10%. Para España, alcanzar esta cifra significaría jugar en zona Champions. Antes hay que abandonar la zona de descenso y escalar muchas posiciones en la tabla, ya que, al igual que en el paro, nuestros índices de partida son estratosféricamente elevados. Más del doble de la media europea.

Recuperar el prestigio de la enseñanza. Conseguir itinerarios alternativos a la enseñanza obligatoria, en la formación profesional, la formación de adultos, la formación ocupacional y la formación continua. Y, sobretodo, conseguir que los jóvenes, después de sus ciclos formativos, encuentren trabajo. Todo eso, pensando en que cada vez va a haber menos empleos para mano de obra poco cualificada. Esos son los objetivos en los que se deben emplear las fuerzas políticas y sociales.

Es necesario un gran acuerdo político y social que facilite un futuro más esperanzador a los jóvenes. Nos conviene a todos. Entre otras cosas, para prevenir los costes sociales que se derivan del fracaso escolar y de no insertarse laboralmente. Por si fuera poco.

Con el permiso de la "canciller europea" Angela Merkel y del "vicecanciller" Sarkozy, claro.

Josep Arenas

Disfrutando de los bares sin humo

DESDE hace un mes vivo disfrutando de que no haya humo en los bares, restaurantes o salas de fiesta, a los que voy. El pasado lunes vi como retiraban montones las colillas en unos enormes ceniceros a la entrada de un gran recinto hospitalario de Barcelona. Cuando entré en el dispensario, el profesional que iba a atenderme estaba fumando. Al poco, me di cuenta de que se trataba de un cigarrillo electrónico y que, lo que parecía humo, era vapor de agua. Dicen que los proveedores de estufas exteriores no dan abasto de la cantidad de pedidos que tienen para terrazas de cafeterías y demás. He visto que han diseñado nuevos modelos de ceniceros para los exteriores de locales en los que no se permite fumar. Soy de los que me alegro de la movida. En los telediarios no hago más que ver entrevistas a empresarios de hostelería que se quejan de que la llamada ley antitabaco les va a arruinar el negocio. No será para tanto, pienso. También tendrán nuevos clientes que antes huían de la perspectiva de tener que llevar toda la ropa a la tintorería.

Recuerdo haber escuchado, en la Universidad, en los años 80, frases justificativas en defensa del hábito, en asambleas llenas de humo, tales como “fumar es de izquierdas”. Todo pasa. Todo cambia. Negar hoy los efectos nocivos del tabaco, tanto para la salud de la persona fumadora como para las que están en su entorno es negar una evidencia científica. Por ello,  que la prevención y el tratamiento del tabaquismo sea una prioridad, no es algo reservado solamente a la OMS, sino que ya va formando parte de la cultura social de 2011. No en vano el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en España, ya que según datos epidemiológicos oficiales es la causa de 151 de cada mil muertes, a la que seguirían 15 muertes atribuibles a los accidentes de tráfico y 4 al sida, entre las situaciones que se pueden prever.

EL GRAN RETO que tienen las administraciones sanitarias es ahora el de facilitar ayuda a quiénes quieran dejar el hábito. Dejar de fumar es posible. Difícil, pero posible. Requiere una gran voluntad. Podría haber hasta tres millones de ciudadanos que este año intentaran dejar de fumar en España, entre los 12 millones de fumadores que se estima que hay. Parches, chicles, comprimidos, medicamentos especiales, cigarrillos electrónicos, hipnosis, acupuntura: son recursos a los que acuden muchos fumadores empedernidos para salirse de los peligros del consumo. Un producto cada vez más caro, el tabaco, que es capaz de originar hasta 29 enfermedades, entre las que se encuentran 10 tipos de cáncer –en especial el de pulmón- y más del 50% de las enfermedades cardiovasculares.

No cabe duda de que estamos hablando de una droga, socialmente aceptada, cuya adicción requiere, para abandonarla, de una gran motivación y de un adecuado tratamiento y apoyo social, y que tendrá que contar con los peligros de la recaída. Los expertos aseguran que el 55% de los que inician un tratamiento,  consigue abandonar el hábito, aunque solo un 30% consigue no recaer.

También escuché a Miguel Bosé que, preguntado sobre la nueva ley, en la tele gallega, abogaba por la supresión de la venta de tabaco: “Si es tan malo –decía- ¿Por qué lo venden? Que no lo vendan; que se atrevan”. Al respecto añadiré que, según datos del ministerio de Hacienda, en 2008, el Estado ingresó, por la venta de tabaco, 9.266 millones de euros. Los gastos atribuibles, en ese mismo año, a las consecuencias del tabaquismo, fueron de 14.710 millones de euros, según Sanidad. Pues, menudo negocio. El estado perdió 5.444 millones de euros, sólo en términos monetarios.

Es decir, dejar de fumar resulta rentable desde la perspectiva de la promoción de la salud, pero además es simplemente rentable para todos y para el estado.

Pero, de entrada el estado, las administraciones sanitarias, tendrán que desembolsar 3.400 millones de euros para dar salida a la demanda de quiénes quieren realizar el tratamiento para dejar de fumar. Todo tiene sus costes. Hay que elegir.

Josep Arenas

 

 

De la obra social a la responsabilidad empresarial de los bancos

La Obra social, a través de la cual las cajas de ahorro retornan a la sociedad parte de los beneficios obtenidos con la actividad comercial, es algo que, hasta ahora, ha venido caracterizando a dichas entidades, diferenciándolas del resto de sociedades mercantiles y de las instituciones bancarias.

A menudo, las cajas de ahorro ofrecen una proximidad al ciudadano, que las distingue de los bancos, y su obra social es la que legitima más todavía dicha proximidad, a través de sus servicios de utilidad social, ya sean un club de jubilados, una biblioteca pública o una sala de exposiciones.

La decisión tomada por "la Caixa", la centenaria entidad de ahorro catalana de la estrella azul de Joan Miró, cuyo presidente preside, a su vez, la confederación de las cajas españolas, consistente en ejercer proximamente su actividad a través del nuevo banco CaixaBank, con el fin de acometer los desafíos que presenta el complejo entorno financiero actual y de futuro, abre una nueva perspectiva para el conjunto del sector y de sus obras sociales.

Las cajas han superado la fase de fusiones y ahora es muy probable que sigan la senda de la bancarización abierta esta semana por la Caixa que fundó hace 107 años Francesc Moragas i Barret.

Nada garantiza la continuidad de la obra social

Si bien la Caixa se ha apresurado a manifestar la voluntad de preservar su Obra social, a través de la Fundació la Caixa, no sabemos si, en su conjunto, las cajas de ahorro, que puedan seguir la senda marcada por la catalana, conviertiéndose en entidades bancarias, mantendrán o fomentarán las obras sociales que han venido sosteniendo y promocionando hasta ahora y que tan buenos resultados han dado en su colaboración y apoyo a las entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, en tan diversos sectores sociales y culturales, como son los de la atención a la tercera edad, las personas con discapacidad, los jóvenes y otros sectores.

Seguramente, los nuevos bancos, surgidos de las cajas de ahorro, optarán por desarrollar actuaciones de responsabilidad social corporativa, como cualquier empresa, aunque similares, inicialmente, a la de las obras sociales. Pero no será ya la regulación normativa quién se lo exija. La responsabilidad social acreditada de muchas de dichas cajas hace pensar que inicialmente puedan seguir una política social de empresa, similar a la de su etapa como cajas. Pero nada garantiza su continuidad.

El resto, sobre el grado de responsabilidad social corporativa de los bancos en su transformación desde cajas de ahorro, lo deberán tener en cuenta sus clientes y su entorno social, en general.

Atentos deberemos estar a esta nueva etapa, en la que se presume una disminución de las obras sociales.

Josep Arenas

Récord de personas en desempleo, el 20,3%

El pacto alcanzado en relación a la edad de jubilación y el periodo de cálculo de la pensión, evolucionará, decíamos ayer, según la variación de factores demográficos como la esperanza de vida y, fundamentalmente, de factores tales como el crecimiento del número de trabajadores activos en el mercado laboral, que aportarán su contribución para financiar pensiones futuras.

En este momento las cifras no resutan nada halagüeñas, sinó que, por el contrario, siguen siendo altamente preocupantes, teniendo en cuenta que el paro alcanzó al 20,3% de la población activa, su nivel más alto desde 1997, cuyo incremento vertiginoso se ha producido durante los últimos tres años, ya que en 2007 era del 7,95%.

Algunos de los datos más significativos, facilitados por el INE sobre la Encuesta de población activa, de 2010, son los siguientes:

En paro, son 4,7 millones

Al finalizar 2010, el número de personas en situación de desemleo ha alcalzado el récord de 4,7 millones de persones, lo que representa el 20,3% de la población activa en España.

Los más jóvenes, los más perjudicados: 42,8%

Los más jóvenes, menores de 25 años, son los más perjudicados por la situación de crisis laboral. Actualmente el número de jóvenes en paro alcanza a 840.000. Ello representa el 42,8% de esta franja de edad.

Hay un norte y un sur

El promedio del 20,3% de paro varía mucho por comundades, estableciéndose un eje norte-sur. Si en el Pais Vasco el paro es del orden del 10,89% de la población activa, en las Canarias es del 28,96%.

Más de un millón de familias sin trabajo

El número de hogares que tienen a todos sus miembros en el paro alcanza a 1,32 millones. Ello supone que esta cifra ha incrementado en 107.900 familias, desde 2009 a 2010.

Continúa la destrucción de empleo en 2010

El saldo total de empleos destruídos, durante la gran depresión, ha sido de algo más de dos millones. Sin embargo el ritmo de destrucción ha ido disminuyendo. En 2008 se destruyeron 600.000 empleos, en 2009 se detruyó 1,2 millones y en 2010 desaparecieron 237.800 puestos de trabajo.

En el último trimestre de 2010 la agricultura y la indústria ya generaron puestos de trabajo, aunque la construcción y los servicios siguieron perdiendo empleos.

Mejora el empleo femenino

La evolución del mercado laboral en el último trimestre de 2010 ha sido menos negativo entre las mujeres que entre los hombres. La tasa de actividad de los hombres se sitúa en el 67,7% (bajó un 0,6 desde 2009) y la tasa de atividad de las mujeres fue del 52,6% (creció un 0,4% respecto de 2009). Nos estamos refiriendo al porcentaje de población en edad de trabajar que está efectivamente trabajando. El objetivo europeo para 2020 es que dicho porcentaje alcance al 75% de la población activa.

Aumenta el paro de larga duración

El paro de larga duración, el que afecta a personas desocupadas con más de un año en el paro, afecta ya a más de dos millones de personas. Es decir, al 45,9% del total de los parados. Ello representa que en un año -desde 2009- este grupo ha aumentado en un 38,7%.

Los extranjeros, con un 30,4% de paro

El paro entre la población inmigrada es superior al promedio y alcanza el 30,4%.

 

Josep Arenas