Empoderamiento para la igualdad

La igualdad consiste en la no discriminación por razón de sexo, de raza, edad, orientación sexual, opinión, por motivos religiosos o por cualquier otra circunstancia personal o social. Ese ideal de igualdad debería estar presente, por lo tanto, en cualquier proyecto político, social o económico. Y así suele estar asumido. Pero, más allá de la formulación genérica de la necesaria igualdad, a menudo resulta difícil valorar el grado real de realización, efectiva y práctica de dicha igualdad.

Para conocer y mesurar la igualdad entre sexos ha entrado en funcionamiento un indicador, que analiza seis áreas: mundo Laboral, Dinero, Conocimiento, Tiempo, Poder y Salud. Ha sido presentado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Sexos (EIGE). Resultado de aplicar dicho indicador, España obtiene una puntuación de 54 puntos sobre 100 –coincide con la media europea- que constata que la mitad de la población –las mujeres- se queda atrás en todos los ámbitos.

España, un país en el las mujeres dedican cuatro horas y media al día a tareas del hogar, cuando los hombres solamente les dedican dos horas, puntúa peor que la media europea, no sólo en cuanto a Tiempo, sino también en los apartados de Dinero y mundo Laboral.

El estudio pone de relieve los mayores de niveles de igualdad entre sexos, en la Unión Europea de los 27, en los países nórdicos, Suecia (74,3), seguida de Dinamarca y Finlandia. Y las mayores desigualdades, que se producen en Rumanía (35,3), seguida de Bulgaria y Grecia.

El ámbito en el que el estudio refleja mayor desigualdad a nivel europeo es el de la representación política, que solamente alcanza un coeficiente medio de 38 sobre 100. Un índice que suele corregirse mediante la implantación de cuotas.

El ámbito Laboral refleja la tasa de actividad, la duración de la vida laboral, la segregación por profesiones y el acceso a la formación. La categoría Dinero mide la situación económica -los sueldos- por sexos y el acceso a recursos financieros -como el crédito- y los riesgos de pobreza.

Indicador relevante es el Tiempo, que fija la relación entre el tiempo que se dedica a actividades económicas y el dedicado a actividades no remuneradas, ya sean sociales, domésticas o de atención a personas mayores o a niños.

El índice de igualdad refleja también el grado de Poder y por tanto de representación de la mujer en la toma de decisiones en política y economía. En cuanto a Salud se analiza el acceso a los servicios sanitarios, la esperanza de vida, y la falta de recursos.

En definitiva, se trata de un estudio que nos viene a recordar que la efectiva igualdad entre sexos exige: mucha perseverancia en el objetivo, el desarrollo de los instrumentos de medición que permitan evaluar los resultados –de los que los indicadores del EIGE son un buen ejemplo- y, sobretodo, el empoderamiento de las mujeres, a través de la representación política y en los ámbitos de decisión económica, laboral y social.

Josep Arenas

Pensiones: solidaridad intergeneracional

Estábamos asimilando la reforma de las pensiones, que fue promulgada hace casi dos años, por la cual la edad de jubilación está pasando progresivamente de los 65 a los 67 años, para entrar plenamente en vigor en el año 2027. En esas, es cuando un grupo, formado por 12 expertos, ha propuesto una nueva reforma de dicho sistema.

Los doce “sabios” proponen una mayor contención del gasto, puesto que consideran que existen riesgos financieros y económicos en el sistema de pensiones, a largo plazo. Por ello proponen sumar al retraso de la edad de jubilación y demás ajustes de la reforma iniciada en 2011, mayores recortes.

Desvinculan la evolución de las pensiones y las ligan al saneamiento de las cuentas del sistema. Además vinculan la prestación económica inicial, de cada futuro jubilado o jubilada, a la esperanza de vida en el momento del retiro.

Los expertos basan sus predicciones en argumentos demográficos. Hacen proyecciones sobre lo que sucederá en 2040 o 2050. No sé si se dan cuenta de los riesgos de error en los que incurren. La incertidumbre de la evolución de factores ahora no previsibles a tan largo plazo es muy alta.

Además, si aumenta la esperanza de vida, algo muy positivo, habrá que pensar en una nueva redistribución de la riqueza. La productividad ha aumentado exponencialmente y por lo tanto habrá que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a través de ingresos que no provengan solo de las cotizaciones sociales, sino también a través de los impuestos.

Es el turno de la política y de las negociaciones entre sindicatos y empresarios, para garantizar, en este país, la solidaridad intergeneracional, que representa el sistema público de pensiones.

No podemos estar al dictado de lo que “nos obligan los mercados”. Del “no queda más remedio”. Ni de lo que nos aconsejan los expertos. Es el turno de la democracia.

Josep Arenas

Las personas con discapacidad ganan un 10% menos

Según un despacho emitido ayer por el Instituto de estadística, INE, el salario medio anual bruto para los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.553,3 euros por trabajador en el año 2010. Eso significa que es un 10% menos que para las personas sin discapacidad.

Si se descuentan las deducciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador -que son más beneficiosas para las personas con discapacidad-  las diferencias salariales entre los asalariados con y sin discapacidad se reducen hasta el 5,1%. Aunque hay que tener en cuenta que, generalmente la persona con discapacidad tiene más gastos asociados a su situación de handicap.

En dicha estadística, las diferencias, entre personas con o sin discapacidad reconocida, resultan mayores para los hombres, con un salario un 16,8% inferior en el caso de personas con discapacidad, que para las mujeres, con un 2% menos.

Las diferencias salariales entre mujeres y hombres con discapacidad –la franja de género- resulta menor (un 9,1% inferior para las mujeres) que en el caso de la población sin discapacidad (un 22,9%).

Cuando el asalariado es una persona con discapacidad titulada universitaria, los papeles se invierten, de manera que, quiénes tienen estudios universitarios, percibieron un salario anual bruto superior en un 4,1% al de los titulados universitarios sin discapacidad.

Lo mismo que con los universitarios, sucede en puestos de ocupación medios: empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Los asalariados con discapacidad superan el salario del resto de los trabajadores por cuenta ajena en un 2,8%.

En los puestos de ocupación altos, -directores, gerentes, técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo- ambos colectivos equiparan sus salarios.

Por lo tanto las personas con discapacidad asalariadas ganan un 10 por ciento menos, en su conjunto, que el resto de asalariados, pero esta diferencia viene muy matizada según su grado de formación, su tipo de cualificación y su diversidad funcional. ¡Ah, las estadísticas!

Josep Arenas

Ninis, en marcha

Descorazonados. Desalentados. Así se encuentran. Son legiones. De jóvenes. Ni estudian, ni trabajan. Ninis, les llaman. En muchos casos, ni tan solo se forman. En inglés, se conocen como la generación Neet: not in education, employment or training.

 

En Europa hay seis millones de jóvenes en paro, más catorce millones que ni estudian ni trabajan, ni entraron todavía en el mercado laboral nunca. Es una de las realidades que más nos preocupa e inquieta. Los más pesimistas anuncian una “generación perdida”, ya sea en España, Portugal, Grecia, Hungría o Italia.

 

Continuamente se alude a la necesidad de transformar la economía o de superar la crisis. Pero son unos objetivos tan generales que, si no se traducen en programas concretos, de poco sirven.

 

Por fin parece que dirigentes políticos europeos como el presidente francés, Hollande, o incluso el presidente del gobierno, Rajoy, se están dando cuenta de la necesidad de aplicar programas concretos que permitan darle la vuelta a cifras escandalosamente inquietantes como las del paro juvenil, que, como sabemos, es del 57 por ciento.

 

Así ha sido cómo, a modo de adelanto de la felicitación del próximo año nuevo, han anunciando, para el 1 de enero de 2014, un plan de formación y empleo para jóvenes, en el que aseguran que invertirán hasta 60.000 millones de euros en un programa concreto que permita acercar a los jóvenes al mercado laboral.

 

Dejar de hablar de crecimiento económico en general y pasar a la acción con programas específicos es el camino para transformar en soportables y razonables las cifras, ahora escandalosas, de paro, pobreza o desigualdad.

 

Todos sabemos, pongamos por caso, que se deben evitar las muertes de ciclistas en la carretera, atropellados por coches o camiones que no respetan los límites de velocidad ni guardan el necesario metro y medio de distancia lateral. Pero las cifras de accidentes mortales crecen inexorablemente. Y hay que actuar.

 

Para poner coto a esa forma de segar vidas, el ciclista amateur, Álex López, ha decidido iniciar una marcha en bici de 1.600 kilómetros, entre España y Francia, este verano, a la que ha invitado a participar a todos quienes quieran sumarse, para sensibilizar de la necesidad de modificar las normativas, aumentar la señalización y tomar todas las medidas necesarias para que se respete este metro y medio que separa la vida de la muerte, para que el más débil en la carretera, el ciclista, pueda sobrevivir.

 

Abordar un plan efectivo que permita a toda una generación de jóvenes alcanzar el empleo, a la vez que promover una auténtica movilización que sume los esfuerzos de todos, es también una cuestión de supervivencia, tanto personal, como a nivel de país y de construcción europea. Hay que ponerse en marcha, con una invitación previa a la participación de toda la sociedad en este empeño.

 

Josep Arenas

Cambio de paradigma

“Hay que diseñar políticas para promover el empleo y el crecimiento”. Y “para garantizar la igualdad, la eficiencia y la inclusión”. ”Es esencial reformar la fiscalidad”. “Es necesario que se pague en la medida justa y se reciba el apoyo necesario”· Son algunas de las afirmaciones del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, Ángel Gurría, a propósito de la publicación de un estudio que constata como España se ha convertido en el país líder mundial en el crecimiento de la desigualdad, en cuanto a recursos disponibles por familia, que analiza el periodo 2007-2010.

Subrayo, de cuanto ha dicho, lo de que cada persona “reciba el apoyo necesario”. Éste es probablemente el objetivo primordial de todo sistema de servicios sociales. Nada fácil de conseguir. Casi, una utopía. Pero no imposible. Para que cualquier persona pueda recibir el apoyo necesario hay que conocer bien sus necesidades: sus necesidades reales y sus necesidades sentidas.

Pienso, por ejemplo, que  solemos referirnos al envejecimiento de la población como si fuera una previsión demográfica para las próximas décadas. Pero, no. El envejecimiento es ya una realidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos para fomentar la autonomía y el desarrollo de la persona de edad avanzada, de su calidad de vida, su salud y su desarrollo, apuntará a la diana en cuyo centro está el objetivo de: “recibir el apoyo necesario”.

Hablamos de “envejecimiento activo” y de “participación de la ciudadanía”: las personas mayores son un colectivo social muy heterogéneo. Por lo tanto con necesidades sentidas muy diversas. No cabe duda de que el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana de las personas mayores o con grandes discapacidades puede ser capital, si tenemos en cuenta que ya existen dispositivos tecnológicos que permiten a las personas interactuar con los aparatos de su hogar: la calefacción, el televisor o la lavadora. Son avances que a algunos les aportarán soluciones prácticas en la vida cotidiana. A otros, ni fu ni fa.

Por lo tanto no van a ser solamente las tecnologías las que van a cubrir las necesidades. Desde luego. Debe progresar la investigación en fármacos que permitan superar enfermedades neurodegenerativas -como el alzheimer o el parkinson- que tantos costes personales, sociales y familiares comportan. Y, sobre todo, es necesario que promovamos las relaciones sociales y el desarrollo de la actividad cerebral, alimentando también los recuerdos de las peronas mayores, y ejercitando un estilo de vida saludable.

En un contexto, en el que crece la desigualdad y el envejecimiento de la población, no nos cabe otro camino que adaptarnos a esa realidad para abordar las necesidades reales, si pretendemos que cada uno “reciba el apoyo necesario”. Una realidad que exige "reformar la fiscalidad" y "que se pague en la medida justa". A eso, los sociólogos le llamarán: “cambio de paradigma”.

Josep Arenas

El compromiso del cuidado y atención de ascendientes

Paseaba, durante este fin de semana, cerca de una playa, cuando, al llegar a las rocas, dónde se forma un acantilado desde el que se divisa una impresionante vista a la bahía, observé gran cantidad de personas, formidablemente vestidas. Era una boda. Al aire libre. Frente al mar. Me acerqué y pude ver y oír la ceremonia. Después de las intervenciones de amigos y familiares, el oficiante, representante público, leía los artículos preceptivos del código civil y declaraba a los cónyuges unidos en matrimonio, tras oír el sí de los novios.

Así es como, sin acudir al juzgado, ni al ayuntamiento, ni a la iglesia, sin, ni siquiera, estar invitado, pude escuchar aquello de que los cónyuges se obligan al “reparto igualitario respecto de las responsabilidades domésticas”, así como “al cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.

Es algo que queda muy bien, pero dudo de que el artículo 68 del Código civil, en lo que se refiere a que, las parejas unidas en matrimonio, se obligan al “cuidado y atención de ascendentes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”, sea una ley realmente efectiva.

De otra manera no habría tantas personas residiendo en establecimientos para personas mayores, que se cifran en más de 270.000 personas, en España, entre las cuales la presencia de mujeres dobla en número a la de los hombres.

Si tenemos en cuenta el conjunto de personas mayores de 65 años, hay un 3,3 por ciento de las cuales que viven en residencias. Esa proporción va aumentando conforme avanza la edad, de forma que, entre los octogenarios, son casi un 7 por ciento los mayores que viven en residencias; y entre los nonagenarios, son más del 16 por ciento los que viven en una residencia, según deduzco de los datos que ofreció el instituto oficial de Estadística, el INE, la semana pasada.

Muchas de las personas mayores que viven en residencias, probablemente no tienen otra alternativa de apoyo en sus descendientes, pero todos conocemos casos de dejación de responsabilidades, fijadas, nada menos que en el Código Civil y tomadas públicamente ante la colectividad y, generalmente, en una ceremonia memorable.

Como en una boda frente al mar.

Josep Arenas

Grandes dosis de formación

Tras ese Primero de mayo de los seis millones doscientos mil parados, todo el mudo reclama unidad contra el paro y contra el empobrecimiento. La calle, los sindicatos, los partidos, e incluso, dicen, que el jefe del estado.

Durante la manifestación del pasado día de los trabajadores, una mujer se preguntaba que porqué los sindicatos no iban en una única manifestación, en lugar de en dos. Mientras, me explicaba que ella, aquel día, estaba en paro, porque le hacían contratos de lunes a viernes. Y, en caso de que hubiera un festivo entre semana, también le suspendían el contrato: “mañana empiezo contrato para mañana y pasado, que es viernes”. La mujer, optimista por naturaleza, médica de profesión, tiene como empleador a la administración pública sanitaria.

Mientras le escuchaba, me preguntaba si, todos los que reclaman la unidad de acción para acabar con el paro, tienen claro que el principal activo de nuestra economía son los trabajadores. Y que la prioridad para todos consiste en evitar la erosión moral de los trabajadores que son quienes realmente sostienen el tejido económico y los servicios públicos. Pero el caso de la médica, en paro intermitente, me daba que pensar. No se dan cuenta de la irresponsabilidad en la que incurren, y hacen de ello un principio de actuación desde la propia administración.

Tras escuchar los discursos de diversos sindicalistas, seguí pensando que el país necesita de grandes dosis -de grandes tratamientos- de formación. Una formación que permita la cultura del respeto, del agradecimiento y del reconocimiento a los profesionales de cada sector. Una formación que tenga en su horizonte el bien común, la responsabilidad y el compromiso ético, como actitudes fundamentales. Una formación que sirva para integrar el esfuerzo de todos.

No sé si van a ser capaces de llegar a ese gran pacto de estado del que vienen hablando estos últimos días, pero creo que, si no se parte de una hoja de ruta basada en esos principios, no vamos a llegar muy lejos. Aunque siempre habrá listillos que creerán haber descubierto la pólvora y que han resuelto la crisis con el invento del contrato de dos días.

Josep Arenas

Una Europa sin barreras

Durante los primeros días de mayo se producen por doquier celebraciones del Día de Europa. Y creo que, en lo social, Europa nos marca el camino a seguir. Pero las grandes declaraciones europeas a menudo nos quedan como algo lejano. Tal vez, vacío.

Releo la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, una declaración que representa el compromiso de la Unión para una Europa sin barreras. Y coincido plenamente. Es necesario eliminar las barreras que dificultan el pleno acceso de las personas con discapacidad o con movilidad reducida a los espacios físicos y a los puestos de trabajo. También hay que eliminar las barreras que provienen de determinadas actitudes hostiles. Y las barreras en la comunicación. De acuerdo.

No cabe duda de que una Europa sin barreras es una prioridad. La sociedad europea cuenta con ochenta millones de personas con alguna discapacidad, de las que más de un tercio son personas mayores de setenta y cinco años que acusan discapacidad o movilidad reducida.

La Estrategia europea se centra en la supresión de barreras, atendiendo simultáneamente ocho campos de actuación: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sanidad y acción exterior. Es primordial construir una sociedad accesible. El acceso de las personas con discapacidad debe de producirse en las mismas condiciones que las del resto de la población. A todos los niveles: al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y sistemas de información y comunicaciones -las TIC- y a otras instalaciones y servicios, como por ejemplo, a internet. Bien.

Observo que en asistencia sanitaria, la declaración nos habla de la “asistencia preventiva y del derecho a beneficiarse de unos servicios sanitarios y de rehabilitación específicos que sean asequibles, de calidad, y que tengan en cuenta las necesidades de cada persona”. Me parece fantástico.

Precisamente esta semana he tenido noticia del descubrimiento de tres nuevos fármacos para prevenir la esclerosis múltiple, para la que se han abierto unas perspectivas mucho mejores. Se trata, como sabemos, de una enfermedad grave del sistema inmunitario, hasta ahora incurable, por la que las células del sistema inmunitario atacan, por error, la mielina de las neuronas, produciendo los conocidos efectos paralizantes.

Hay que subrayar, de todas formas, que dichos descubrimientos abren, a su vez, nuevos e importantes retos. El primero, que pueda proseguir la investigación que permitirá esclarecer la forma de aplicación de los nuevos fármacos. Y, el segundo, es la cuestión de los costes, ya que el tratamiento llevado a cabo actualmente, y que minora la aparición de brotes, ronda los 8.000 euros anuales, mientras que los costes, con los nuevos fármacos, que se prevén mucho más efectivos y para un porcentaje más alto de los casos, se estiman en 20.000 euros anuales por paciente.

Los investigadores que trabajan en la prevención y tratamiento de la esclerosis múltiple se preguntan si la sanidad pública asumirá dichas investigaciones y dichos gastos. Nosotros también nos hacemos la misma pregunta.

Las declaraciones europeístas y las conmemoraciones de estos días, sirven para marcar el camino. Un camino que debe de traducirse en hechos. El tratamiento de los enfermos de esclerosis múltiple pasa en primer lugar por la investigación de dichos avances farmacológicos y sanitarios y por que su implantación sea consignada en el presupuesto. De forma “que se tengan en cuenta las necesidades de cada persona”.

Será imprescindible para una efectiva Europa sin barreras.

Josep Arenas

Austeridad, pensiones: Día del libro

Dicen que la sociedad se hace vieja y que, dentro de unos años, no habrá trabajadores suficientes para sufragar las pensiones. Es una afirmación que se nos presenta a menudo, pero se trata solamente de un pretexto, de una idea, con la que se pretende que vaya calando que nos conviene suscribir, cuanto antes, un fondo de pensiones.

Eso es lo que opinan y argumentan Vicenç Navarro y Juan Torres, quiénes consideran que este es un discurso catastrofista sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que carece de fundamento científico. Aseguran que es algo que se presenta sin pruebas, y cuyas predicciones han sido desmentidas por los hechos hasta hoy.

En opinión de estos prestigiosos estudiosos de la realidad social, se silencian los análisis de quienes demuestran que la viabilidad de las pensiones tiene que ver con otros factores. Unos factores que no les conviene tener en cuenta a quienes pretenden justificar una progresiva privatización de los fondos de pensiones. Así lo defienden en Lo que debes saber para que no te roben la pensión, Espasa, 2013. Un título, recomendable, con ocasión del Día del Libro.

Otro texto muy interesante es el que nos ofrece el economista Mark Blyth, sobre la omnipresente austeridad. Se trata de Austerity. The history of a dangerous idea, Oxford University Press, 2013. Una investigación en la que Blyth desmonta los mitos y falacias que, tanto políticos, como banqueros y medios de comunicación, nos repiten a diario. Me refiero al discurso dominante, según el cual la austeridad se ha impuesto como la “buena” y el gasto como el “malo”.

Se nos repite hasta la saciedad que “no se puede gastar más de lo que se ingresa”. O que “nuestros hijos no pueden heredar nuestras deudas”. O, la versión culpabilizadora del: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Ante todo ello se nos da una serie de recetas que resultan imposibles, en la teoría y en la práctica. Son la austeridad fiscal y la reducción salarial para mejorar la competitividad y esperar a que la confianza recuperada y las exportaciones nos saquen del agujero.

El estudio de Mark Blyth pone el dedo en la llaga al revelar por qué la persistente austeridad es tanto más intolerable en tanto que deriva de una flagrante confusión entre causas y efectos. “No estamos en crisis porque tenemos déficit y deudas, sino que tenemos déficit y deudas porque estamos en crisis”, dice. Y apunta que el déficit disminuirá cuando la economía crezca.

Su crítica es hacia la reducción contundente del déficit mediante recortes en la función pública, en las retribuciones, así como en la sanidad, la educación y las pensiones. Blyth nos recuerda que estas políticas son doblemente injustas por cuanto hacen pagar a los contribuyentes por los errores de los banqueros y porque sus efectos perjudican de forma desproporcionada a los más desfavorecidos: a los más dependientes de unos servicios públicos en fase menguante.

Dos libros interesantes para el análisis de nuestra situación social, en este 23 de abril de 2013.

Josep Arenas

Potencias, impotencias y viceversa

Dos noticias me llaman poderosamente la atención. Están relacionadas con la potencia y la impotencia. Una, es la decisión tomada por las grandes potencias mundiales, el G-8, para evitar la violación –sí, la violación- de personas, que se produce, sobre todo en el contexto de conflictos armados, y de la que tantas mujeres, mayoritariamente, resultan víctimas impotentes. La otra es la que se refiere a la impotencia de las familias desahuciadas frente a la prepotencia de las instituciones bancarias.

En lo tocante a las violaciones, los ministros de Asuntos Exteriores del G-8, han decidido en Londres no solamente dedicar inicialmente 28 millones de euros a prevenir los crímenes sexuales, sino que se han comprometido a llevar ante el Tribunal de la Haya a sus autores.

Por tener en cuenta algún dato, recojo que, solamente en la República Democrática del Congo, un cuarto de millón de mujeres han sido violadas en los últimos veinte años. O, sin ir más lejos, aquí, en España, se estima que solo uno de cada cien violadores acaba cumpliendo pena de prisión. Convendremos en que se trata de un gravísimo problema, cuya solución parece lejana y genera mucho escepticismo.

Sin embargo, el G-8 ha planteado cuatro pasos a dar. Primero, reconocer los delitos sexuales, las violaciones, como una vulneración de la Convención de Ginebra. Segundo, responsabilizar a los gobiernos del G-8 de su persecución y represión. Tercero, evitar cualquier amnistía a los agresores sexuales. Y, por último, mejorar la preparación de policías y militares que tienen que socorrer a las víctimas. Todo es empezar.

En cuanto a los desahucios, en 2012, fueron 38.796 las familias que se vieron impotentes ante la prepotencia de los bancos y perdieron su vivienda, según confirma el Colegio de Registradores de la Propiedad. Se trata de la misma banca que, aunque se opone frontalmente a la dación en pago, es decir, a quedarse con el inmueble y dar por concluida la deuda, el año pasado aceptó 14.229 daciones en pago, o sea el 36% de las adjudicaciones. Se trata, además, de un problema que cobrará mayores dimensiones en los próximos meses, según confirman los Registradores.

Se requiere, por tanto, también en este caso, de un plan de acción, definido y urgente. Que pare los desahucios. Que regule la dación en pago. Y que empodere de defensas a cualquier persona en peligro de quedar en desamparo por un problema habitacional. El camino lo señala la iniciativa legislativa popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los representantes elegidos la deben discutir y resolver, para hacer real el derecho constitucional a una vivienda digna y evitar daños mayores y suicidios.

Grandes potencias frente a situaciones de impotencia. O situaciones de impotencia que modificarán posiciones prepotentes. Es la impotencia frente a la potencia. O viceversa. Siempre es relativo, pero hay que andar el camino.

Josep Arenas

Recuperar la confianza de las clases más modestas

Viene convirtiéndose en un tópico recordar -como hace la prensa internacional cada semana- esa sensación de corrupción generalizada que se extiende por las instituciones del Estado. A ella se le junta una realidad social tremendamente dura, que se describe con seis millones de parados. Debemos añadirle la fragilidad del modelo territorial que parece que vaya a romperse por Cataluña.

En este contexto, no resulta extraño que España sea -junto con Italia- el país europeo en el que los ciudadanos tienen mayor desconfianza hacia sus primeras instituciones, principalmente hacia el sistema político, como destaca el estudio Values and worldviews sobre valores políticos y económicos, en estos momentos de crisis en Europa, realizado por la Fundación BBVA a través de encuestas en diez países.

Los españoles son los europeos más convencidos de que los políticos dedican más atención a sus propios intereses que a los de la sociedad, y por tanto resulta coherente que también sean los más pesimistas en valorar el funcionamiento de la democracia, según dicho estudio.

Los políticos que quieran ganarse la confianza –y el voto- de los ciudadanos deberán sabérselo trabajar muy bien. No solamente existen unas dificultades objetivas, por la crisis. Sino que los públicos a los que se dirigen, ya no son las clases tradicionales de los ricos y los pobres, o de los explotadores y los explotados. Tendrán que afinar un poco más con los destinatarios del discurso para recuperar su confianza, ahora perdida. Ya no se puede simplificar, hablando de clase alta, baja y media. Puesto que, al parecer, ya no hay ni dos ni tres clases. Sino siete. A saber.

Según el estudio, que han realizado la BBC, la Universidad de Manchester y la London School of Economics, en el que han participado ciento sesenta mil personas, y en el que han tenido en cuenta, no solamente la riqueza sino también el estatus social y cultural, se han distinguido hasta siete clases o segmentos sociales diferenciados. A cada una de dichas clases es recomendable que los políticos dirijan también su mensaje de forma diferenciada.

Deberán distinguir desde una élite privilegiada, que es la que acumula más capital económico, cultural y social y que representa un 6% de la población, hasta llegar a la clase más desfavorecida, la de los que viven en precario, con dependencia casi absoluta de las prestaciones del estado de bienestar, sin estudios y escasísimo interés por la cultura: el precariado, que representa un 15%.

Entre la élite y el precariado, el estudio, publicado en Sociology Journal, distingue cinco nuevas clases, entre las que tradicionalmente llamábamos clases medias y clases trabajadoras. Estas nuevas clases son la clase media establecida, que representa el 25%, tiene un nivel considerable de riqueza y podrá seguir alimentando sus gustos culturales. Seguidamente, se encuentra la clase media técnica, un 6% de la población, representada por un grupo de personas, generalmente profesionales, que, aún ganando bastante dinero, hace gala de apatía cultural y cierto aislamiento social.

Ya dentro de las tradicionalmente denominadas clases trabajadoras, se distingue entre la clase trabajadora bienestante, un 15%, la clase trabajadora tradicional, un 14%, y la clase trabajadora emergente, un 19%. Los trabajadores bienestantes son quienes disponen de un capital propio de las clases medias y son activos en la sociedad y en la cultura. La clase trabajadora tradicional representada por personas mayores y con poco dinero en el banco pero con casas de alto valor en las que cifran su futuro. Y los trabajadores emergentes, predominantemente urbanos y jóvenes, son relativamente pobres pero disfrutan del mundo que les rodea.

Fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que las clases más modestas suman un 63% de la población. Pero la conclusión más importante es que todo es mucho más complejo para los políticos de lo que parece a simple vista. Siempre se dijo que la clase media era la que decidía los resultados electorales. Y seguramente sigue siendo cierto. Pero tendrán que afinar mucho en el mensaje, sobretodo hacia las clases medias y los que viven en precario, para recuperar la confianza en las instituciones y en el sistema político sobre el que se ha construído un sistema de bienestar social.

Claro que España no es Gran Bretaña, como nos viene recordando la prensa internacional cada semana. Es más complicado.

Josep Arenas

Disminuye la capacidad adquisitiva y de ahorro de los hogares

Los hogares disminuyeron su tasa de ahorro en 2,8 puntos en el conjunto del año 2012, hasta situarla en el 8,2% de su renta disponible. Este descenso fue consecuencia de un aumento del gasto en consumo final (0,2%) y una disminución de la renta disponible bruta (2,7%).

El dato, ofrecido hoy por el Instituto Nacional de Estadística, viene a confirmar el avance de la devaluación salarial en España, donde la hora de trabajo se pagó un 4% menos que el año anterior entre octubre y diciembre de 2012, según informó el mismo INE en marzo.

La caída del Coste Laboral Armonizado en un 4% es la mayor que se ha producido desde la existencia de dicho indicador en su docena de años de vida y se explica por el desplome de los sueldos vinculados a las administraciones públicas en donde los funcionarios y militares cobraron casi un 20% y dónde los recortes en la sanidad llegaron al 11,8% y en la educación quedaron en el 4,5%.

El recorte presupuestario en 2012 aceleró el ajuste salarial en el sector público, pero el fenómeno no fue exclusivo de la Administración, sino al contrario, fue casi general, ya que en nueve ramas de actividad se registraron caídas y en siete más el incremento quedó por debajo de la inflación.

Bien es cierto que, durante el pasado año, los sindicatos mayoritarios pactaron con las patronales un acuerdo de rentas por el que se comprometían a aceptar la moderación salarial a cambio del mantenimiento del empleo y la contención de los precios, lo que se trasladó a los convenios que recogieron un incremento del 1,3%.

Sin embargo un 35% de trabajadores no están amparados por convenios y por otra parte se producen reducciones de sueldo unilaterales en muchos de los contratos que contemplan sueldos por encima de lo pactado en los convenios.

El resultado real nos lo ha dado la estadística con el dato del Índice de Coste Laboral Armonizado que refleja una caída del coste por trabajador y hora en un 3,1% en el último trimestre de 2012, un descenso que se acentúa hasta el 4%, si no se toma para el cálculo las cuotas a la Seguridad Social y las remuneraciones no salariales.

En definitiva, la disminución de la tasa de ahorro en un 2,8%, hasta situarla en el 8,2% de la renta disponible, conocida hoy, junto al descenso hasta el 4% de coste laboral, emitido por el INE el mes pasado, marcan una clara tendencia de devaluación salarial generalizada en nuestro país.

Las empresas y las administraciones públicas están realizando ajustes salariales con el pretexto de que redunden en más inversión y, posteriormente, en creación de empleo. Pero lo único que se constata es que están sirviendo solamente para reducir la deuda pública y disminuir la capacidad adquisitiva y la capacidad de ahorro de los hogares.

Josep Arenas

La voz de los afectados por el acoso y derribo del sistema de bienestar

Las entidades sociales sin ánimo de lucro están haciendo ingentes esfuerzos para paliar las consecuencias de una crisis que cada vez hace la vida más difícil a más ciudadanos.

La pobreza afecta ya a uno de cada cuatro españoles. Y la fractura entre los más ricos y los más pobres aumenta. Es decir, entre el 2007 y el 2012, la diferencia que hay entre la quinta parte de la población con mayor riqueza del país, frente a la otra quinta parte más desfavorecida, lejos de acortarse, ha aumentado casi en un 30%.

Desde 2007 la renta media ha disminuido el 4%, mientras que los precios han aumentado el 10%. El 42% de las familias con tres hijos o más son pobres. Y situaciones tan difíciles -como esas que nos señala el reciente Informe Foessa- coinciden con el recorte de las políticas de protección social, redistributivas o asistenciales.

Escuchamos voces autorizadas que nos dicen que podemos encontrarnos ante el derrumbe del sistema de bienestar social, si no se produce una adecuada protección social y sin las necesarias ayudas redistributivas y asistenciales a los afectados y a las entidades de iniciativa social que les atienden.

No exageran. Sabemos también de las consecuencias negativas de esa crisis para la salud mental. Los trastornos mentales han registrado un aumento importante. El trastorno depresivo ha aumentado de una prevalencia del 28,9% en 2006 al 47,5% cuatro años después; es decir, los problemas depresivos están presentes en casi la mitad de los pacientes que acuden al centro de salud.

Los factores que han conducido a este empeoramiento de la salud mental de los españoles son principalmente el paro, tanto del afectado, como de las personas de su entorno más próximo, y las dificultades de hacer frente a los pagos mensuales, sobretodo de la hipoteca, así como al riesgo de desahucio.

Debemos estar alerta de la necesidad de tomar medidas frente al amplio número de pacientes que diariamente llegan a las consultas con problemas de ansiedad, depresión u otros, como los relacionados con el consumo de alcohol, según los datos que revela el estudio sobre Los riesgos para la salud mental de la crisis económica en España: evidencia en los servicios de Atención Primaria, publicado por la revista European Journal of Public Health.

Debemos superar la fase de los planteamientos asistenciales para reforzar recursos imprescindibles a la ciudadanía y reconstruir de nuevo el país que se nos está quedando tras esa crisis arrolladora.

Estamos viendo personas y grupos haciendo política, sin ser ‘políticos’, en las plataformas de afectados por la hipoteca, de afectados por las preferentes, y, seguro que veremos múltiples manifestaciones de afectados por las diversas formas de acoso y derribo del sistema de bienestar.

Se hace cada vez más necesario y urgente construir alternativas. Los problemas de pobreza y de salud son graves y, aunque desde la política convencional no se ahonde suficientemente en su importancia y en su prioridad como política de país, los afectados hacen oír su voz y consiguen algunos logros, a través de un largo y dificultoso camino, convencidos de que "sí, se puede".

Sí, se puede. Aunque en algunos casos, no exentos de pasión e incluso de muerte. Así es.

Josep Arenas

La presión social, más necesaria que nunca

Dos historias, llenas de humanidad, nos han conmovido en esta semana de inicio de primavera. Una, la del indulto parcial a David Reboredo, el joven vigués rehabilitado, tras una vida marcada por la droga. La otra, la de Mohamed Aziz, el deshauciado del Maresme, que pidió amparo judicial por entender que los términos de su préstamo eran abusivos y que, no solo ha conseguido que el Tribunal europeo de Justicia le haya dado la razón, sino que ha obligado a modificar la legislación hipotecaria española.

En el caso de David, como se sabe, se vio obligado a entrar en prisión por dos delitos, uno de 2006 y otro de 2009. Ha sido su padre,  Edmundo Reboredo,  manifestando que  «David está limpio desde hace tres años y es un chico rehabilitado y además colabora con centros de ayuda a drogodependientes en Galicia para que otros no cometan sus errores; David merece el indulto», que ha obtenido el apoyo de más de 202.000 ciudadanos anónimos que le han ayudado a recuperar su libertad y a que no sufriera una recaída en la enfermedad que supone la drogadicción.

En el caso de de Mohamed Aziz, ha sido un ciudadano, que en 2010 fue desahuciado, -quedándose la Caja con la vivienda por el 50% del precio de tasación y debiéndole 40.000 euros de la hipoteca y otros 42.000 de intereses de demora y costas- quien ha formulado una pregunta al Tribunal de Justicia europeo, a través del juez José María Fernández Seijo, sobre cómo se debía actuar ante un posible caso de clásulas abusivas en un contrato hipotecario, para que todo el mundo constatase que la legislación necesita cambios imperiosamente.

Un largo camino que siempre empieza por un primer paso. Es David contra Goliat. Se trata de problemas sociales, sencillos sobre el papel, como considerar que un drogadicto sufre una enfermedad. O como considerar que una legislación hipotecaria no es justa cuando deja en inferioridad de condiciones al consumidor.

Parece muy sencillo pero se han necesitado fuertes movimientos de protesta exigiendo soluciones. Hasta que una acción individual, como la de Edmundo Reboredo o la de José María Fernández Seijo, han recibido la solidaridad de miles de ciudadanos y han sido capaces de dejar en evidencia que la práctica legal habitual era inadecuada.

De pronto el gobierno ha considerado necesario el indulto. De pronto el gobierno ha considerado necesario modificar la legislación hipotecaria. De pronto la presión social se hace más necesaria que nunca. De pronto la primavera ha venido y nadie sabe como ha sido.

Josep Arenas

Menores, indefensos ante la crisis

A pesar de la crisis que arrecia desde 2007, el estado de bienestar, que constituyen las prestaciones que ofrece el sector público, continúa blindando a la ciudadanía contra la pobreza.

Un dato conocido, que corrobora dicha afirmación, es lo que sucede con las rentas de los ciudadanos de mayor edad, quienes disfrutan de una pensión. Ellos constituyen el grupo social que menos se ha visto afectado por la crisis económica, en cuanto al peligro de precipitarse hacia una situación de pobreza.

Incluso se puede afirmar que, desde 2007 a 2011, el índice de pobreza en este sector de población, de quienes superan los sesenta y cinco años, ha retrocedido más de ocho puntos en España y se sitúa próximo a la media europea, según el análisis realizado por el área de estudios de la Caixa, que compara diversos indicadores sociales con los de demás los países europeos.

En cambio, los nietos de dicha generación, los niños, ven como se dispara la pobreza hasta índices del 28,6 por ciento, a diferencia de lo que sucede entre las personas mayores que, aún cuando pierden poder adquisitivo con sus pensiones y deben afrontar copagos sanitarios, farmacéuticos y sociales, no llegan a caer en la pobreza con la misma frecuencia que el resto de la población: la que está en edad de trabajar y sus familias.

La tasa de pobreza se está cebando en la población infantil, cuando sus padres se encuentran en situación de desempleo, ya que, en los hogares en los que los padres tienen trabajo, el índice de pobreza alcanza a un 9,5%, pero la cifra adquiere tintes dramáticos cuando las familias, los progenitores, se encuentran sin ocupación, ya que el índice de pobreza alcanza el 78%.

Se hace evidente, por lo tanto, que la población infantil no tiene este factor de amparo, del estado de bienestar, que favorece al grupo de pensionistas, sino que el infortunio de los padres, en el paro, es también el suyo.

El eslabón más débil de la cadena, la infancia, sufre así problemas de malnutrición, de falta de rendimiento escolar y otros déficits, derivados de sus circunstancias sociales, con graves consecuencias y carencias.

Según el citado estudio, transcurridos cuatro años de la crisis, en 2011, con cuatro millones más de parados que en 2007, el índice de pobreza para el conjunto de la población, se situaba ya en el 21,1%, quedando los menores como los más perjudicados e indefensos ante esta situación.

Josep Arenas

Democracia, empleo y paridad

Lo que más preocupa a los ciudadanos es la falta de empleo y, a continuación, la corrupción y el fraude, según la última encuesta oficial, publicada hoy. La Estrategia Europea 2020 proponía tres prioridades para esta década. Un crecimiento inteligente. Un crecimiento sostenible. Y, un crecimiento integrador. Un objetivo era – y sigue siendo- que el 75% de los hombres y mujeres de entre 20 y 64 años, estén empleados.

Para que el crecimiento sea integrador es necesario un alto nivel de empleo y que los grupos en situación de desventaja, por razones de edad o de sexo, vean reforzada su posibilidad de acceso al empleo. Pero, bien sabemos que el paro, no solo preocupa a ocho de cada diez ciudadanos, si no que en realidad alcanza a más de la mitad de la población joven y con mayor medida a las mujeres, ya que la denominada “brecha de género” está todavía por encima de los diez puntos, respecto a los hombres.

La temperatura de los avances realizados en materia de igualdad, nos la dan algunas de las medidas tomadas recientemente por el gobierno, derivadas del contexto de crisis económica. Dos ejemplos han sido: la limitación de la duración de los permisos por maternidad y las limitaciones en cuanto a los periodos de cotización de las cuidadoras familiares que les garanticen una pensión contributiva, derivadas de la modificación de la ley de la dependencia. En los dos casos, manifiestan flagrantes pasos atrás en el progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres, ya que la mujer es siempre la que sale peor parada.

Mientras no se actúe de forma transversal en todos los ámbitos –legislación laboral, protección social- y manteniendo una revisión crítica de las normas que se promulgan, en cuanto a su impacto distinto en hombres y mujeres, y, a la vez, fomentando medidas de acción posiva respecto de los grupos discriminados, estaremos dando pasos atrás, no solo en la Estrategia Europea de Empleo 2020, sino en la igualdad efectiva de oportunidades, en su conjunto.

Y, como se ha repetido tantas veces, estaremos en que: “una democracia, o bien es paritaria, o no es democrática”.

Josep Arenas

Deshaucios, política y empatía

La titular del Defensor del Pueblo ha reclamado hoy reformas y acuerdos para restaurar la confianza en las instituciones. Ha sido con motivo de la presentación de la memoria anual de 2012 que refleja un crecimiento del 56 por ciento del número de quejas respecto de 2011. Una cifra que se ha disparado a raíz de los desahucios, de la suspensión de la paga extra de los funcionarios, de los recortes aplicados en la política sanitaria, de los cambios aplicados en la ley de dependencia y en las prestaciones de rentas activas de inserción.

El informe se refiere a las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre los desahucios que considera "puntuales y sin la búsqueda de una solución global" y pide un marco legal "menos gravoso" para evitar la pérdida de la vivienda, elemento que muchas veces es el único patrimonio de los ciudadanos. El informe insiste en sus reclamaciones de mejora del sistema de subastas, la limitación de los intereses moratorios y mejoras en la transparencia de la comercialización de hipotecas.

La institución, defensora de los administrados, constata el cambio de perfil de las personas que ocupan una vivienda, puesto que ya comienzan a aparecer familias estructuradas que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres. La Defensora recomienda que se modifique la normativa sobre planes de pensiones para permitir que los parados rescaten estos ahorros en caso de necesidad, aunque hayan contratado el plan ya en situación de desempleo.

Recientemente las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han promovido una iniciativa legislativa popular para resolver el problema de la dación en pago para la vivienda habitual y en situaciones de insolvencia sobrevenida; una posibilidad que ya se da en los países de nuestro entorno.

Está siendo el empuje de la ciudadanía –y no los partidos mayoritarios que se alternan en el gobierno- lo que está transformando un sistema injusto, que es causa de desesperación e incluso de suicidios, como venimos constatando y lamentando.Tomen nota.

Una situación, la de los desahucios, que nos lleva a echar de menos el no tener unos líderes políticos suficientemente compasivos y que expresen su empatía ante situaciones reales tan injustas y a la vez se manifiesten lo suficientemente indignados contra quienes mantienen las instituciones y normas que permiten dichas injusticias, como para acabar con estos casos.

Josep Arenas

Doña Aurelia, en la punta del iceberg

Aurelia Rey, la señora de 85 años que vive en la novena planta sin ascensor de un piso de alquiler de renta antigua en el centro de A Coruña, paga 126 euros mensuales y tiene una pensión de 356 euros.

Doña Aurelia atribuye a la actitud de los propietarios los intentos de echarla de la vivienda, por el hecho de haberse retrasado en dos ocasiones, en 1999 y en 2011, en el pago del alquiler. Una situación no, por legal, menos injusta.

La señora Aurelia se niega a ir a una residencia o a una vivienda social alejada de su medio de vida habitual que, según cuentan los periódicos, le han ofrecido los servicios sociales del ayuntamiento. Ella quiere seguir en su piso, en el que lleva varias décadas y donde tiene la forma de vida que ha escogido.

Interesante, doña Aurelia. Su caso es representativo del creciente colectivo de personas octogenarias que viven solas, mayoritariamente mujeres, un colectivo en riesgo, susceptible de recibir malos tratos, si por maltrato se entiende “todo acto u omisión sufrido por una persona mayor que vulnere la integridad física, psíquica, sexual o económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo que percibe o constata objetivamente con independencia de la intencionalidad o del medio en el que tiene lugar: familia, comunidad o instituciones” (Declaración de Almería, 1995).

Vulnerar su autonomía personal es una forma de maltratar a la persona mayor. Lo que le está sucediendo con doña Aurelia ejemplifica ese tipo de maltrato, el que se da en el ámbito estructural o social, mediante normas legales, culturales o económicas. Es un ejemplo que ilustra los, cada vez más frecuentes, casos de acoso inmobiliario que se dan, especialmente en los barrios antiguos de los centros de las ciudades, y que afectan a personas con alta vulnerabilidad, mujeres mayores, solas, como en este caso. Se considera mobbing inmobiliario “toda actuación o omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, en el personal o en el social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no querida sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda”. Por otra parte, hay que destacar que la señora coruñesa en apuros está recibiendo el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía y de diversos colectivos sociales, como Stop desahucios.

Lo que llama la atención del caso, que no es sino la punta de un iceberg, el de las situaciones de maltrato a personas mayores, es que diversas instituciones, en lugar orientar las acciones hacia la defensa del derecho la autonomía personal de la señora Aurelia para poder seguir viviendo en su domicilio, quieran infantilizar el trato con ella, pretendiendo confinarle en una residencia o desarraigarle en una vivienda lejana y ajena al medio social en el que vive actualmente, cuando ella ha manifestado que no es lo que quiere.

Las pretendidas soluciones que se le ofrecen -probablemente con buena voluntad- están lejos de denunciar el acoso al que se ve sometida y lo injusta que resulta la ley que permite el desahucio en este caso. Para mayor abundamiento, las alternativas que le ofrecen los servicios sociales seguramente resultarían más caras, tanto social como económicamente, que financiarle que pueda permanecer en su actual vivienda y respetar su atonomía.

Josep Arenas

Para no ruborizarnos por la desatención a los menores

En España la pobreza ha aumentado y se ha hecho crónica. Tanto, que alcanza ya al 20%. Sin embargo, las personas pobres y demandantes de ayuda, responden a un perfil que se ha modificado. Tienden a ser personas más jóvenes que, en muchos casos, proceden de una situación anterior normalizada y de un nivel socioeconómico seguro. La mayoría acuden al ayuntamiento o a instituciones de iniciativa social, para pedir ayudas básicas de emergencia, ya sea comida, ropa, pañales o para que les ayuden a pagar suministros de agua, gas y luz. La abrumadora crisis les ha convertido en parados de larga duración, carentes de expectativas laborales y de promoción social y, ahora, dependientes de los servicios sociales. En muchos casos, son personas con hijos menores.

Menores, en la pobreza. Una situación que pone una vez más de manifiesto que el conocimiento de lo que se debe hacer no es suficiente para que eso se haga. Es, una y otra vez, la "falacia socrática" de la que, desde Aristóteles, se conoce lo equivocada que estaba. Un ejemplo lo tenemos en las normativas que se han desarrollado, a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la Infancia, como la Ley catalana 14/2010, que establece la responsabilidad primordial del Estado, de las administraciones públicas, de ofrecer ayuda a los padres “para que puedan asegurar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los niños y adolescentes” (art. 41).

Siguiendo en el caso de Cataluña, su Estatuto, de 2006, prevé también “el derecho de las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna” (art. 24.3). Así mismo dispone, que los poderes públicos “deberán garantizar la protección de la infancia, especialmente contra (…) la pobreza y sus efectos” (art. 40.3).

Pero, como que lo que establece la ley, no se traduce en realidad, -tampoco en el resto del estado- ha tenido que ser el Síndic de Greuges, "defensor de las personas", quien sugeriera a los poderes públicos, en su Informe sobre los derechos de la Infancia 2012, que "creen una prestación especifica, condicionada a la renta, para garantizar que las familias con niños que no disponen de los medios necesarios para satisfacer las necesidades esenciales, puedan disponer de ingresos equivalentes al indicador de renta de suficiencia corregido”.

Las administraciones deben garantizar que las restricciones presupuestarias no afecten a la infancia, especialmente en los casos de familias que sufren pobreza o exclusión social y, especialmente las autonómicas y locales, deben priorizar el gasto social en políticas dirigidas a los menores. Es la obligación con la que deben cumplir los poderes públicos.

Aunque los más pequeños de nuestra sociedad no puedan hacer oír su voz, deben ser escuchados, comprendidos y atendidos. Es urgente garantizarlo, con hechos. Sin excusas. Para no sentir vergüenza ni ruborizarnos por lo distinta que es la política social que sostienen los papeles, de la real.

Josep Arenas

La senda que nunca se ha de volver a pisar

“La diferencia esencial entre los políticos de los países menos corruptos, los nórdicos, y los nuestros es que allí se sienten servidores públicos y aquí se sienten los amos”. Así se ha expresado el catedrático y dirigente de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, quien pone de relieve como “nuestros diputados, elegidos en listas cerradas, tienen más incentivos para responder a quienes los ponen en las listas (la cúpula del partido) que a los ciudadanos”.

“La cúpula del partido debe muchos favores a los grandes empresarios y a los bancos; mientras, muchos alcaldes, que en nuestro país tienen un poder del que se sorprende el resto de los alcaldes europeos, quitan y ponen funcionarios y se llevan ese 3% de cada contrato que pasa por sus manos”, prosigue Villoria.

Con la mayoría absoluta –recuerda el cátedro- “puedes destituir y nombrar ministros, controlar el Parlamento, el poder judicial, el tribunal de cuentas”. Y, lamenta que “tenemos una sociedad civil débil, que no puede ser muy crítica si quiere obtener fondos públicos, y los medios de comunicación, politizados”.

Señala con el dedo a las grandes empresas que quieren llevarse bien con el poder con “los constantes nombramientos de expolíticos en consejos de administración” y denuncia el drama de que nos hayamos acostumbrado a la corrupción política por que “hoy en día para un juez es más fácil progresar si apoya la corrupción que si la combate”. Y, que los periodistas independientes “tienen muchas dificultades para informar de aquellos casos que podrían dañar el interés del propietario del periódico, que en gran medida son o partidos o los bancos”.

España ocupa el tercer puesto entre los países más corruptos, después de Grecia e Italia, según los datos del estudio de integridad institucional de la Europa de los Quince.

Denuncia Villoria, esa fuente de nepotismo y clientelismo que se deriva de que “aquí los alcaldes están en los tribunales de selección y contratación de funcionarios y tienen potestad para despedirlos; eso es una brutal”. O, como “el urbanismo ha sido un método de financiación rápido y flexible, lo que ha desencadenado unos problemas de corrupción terribles”.

Ante tanto desmán nos preguntamos si vamos a ver como reacciona la ciudadanía, ya que ese es el gran tema en este país.

Ante los casos que conocemos, los ciudadanos esperamos la actuación de sus responsables, además de la de jueces y fiscales. Pero, además es necesaria una ley de financiación de los partidos políticos que garantice la total transparencia en las donaciones, sin posibilidad alguna de anonimato y haga real la publicidad de las cuentas y de los ingresos y pertenencias de los partidos y de los cargos públicos.

Es necesaria una ley que regule los grupos de presión, los lobbys, y sus relaciones con el poder político; dar transparencia sobre el accionariado de los medios de comunicación; hacer realidad leyes de transparencia y acceso a la información; simplificar el acceso a los datos de procesos administrativos; ofrecer información de decisiones políticas de las diferentes administraciones como convenios o contratos; dar publicidad del personal con cargos políticos y de confianza.

Es necesario consolidar mecanismos de participación complementarios a la democracia representativa, con procesos deliberativos y consultivos periódicos, como los presupuestos participativos a nivel local.

Es necesario que los ciudadanos palpemos instrumentos mediante los cuales volvamos a creer en la política, en los políticos, para no desconfiar de la democracia, para asegurarnos que no haya retroceso en sanidad, educación, servicios sociales y la cobertura de la seguridad social, en una etapa de austeridad, pero que no debe llevar al retroceso de calidad de los servicios públicos.

En las democracias representativas, la ciudadanía aspira a una administración transparente, informada; que dé voz a los ciudadanos y donde no haya favoritismos, que son el punto de partida de la corrupción. Los ciudadanos confían en ser gobernados por personas con un alto nivel de autoexigencia y responsabilidad moral en sus comportamientos, públicos y privados.

Para volver a creer que esta sociedad democrática, por la que luchamos, sigue siendo posible, deberíamos comprobar algún gesto. De entrada, unos cuantos deberían tener el detalle de dimitir. De forma que, "al volver la vista atrás", veamos "la senda que nunca se ha de volver a pisar", la de la corrupción que va contra la libertad y el bienestar de las personas.

Josep Arenas