Los retos de una sociedad envejecida

En 1750 la esperanza de vida al nacer no llegaba a los 40 años en países de la Europa occidental, como el nuestro, mientras que ahora es de 82,2 años. La larga vida es un logro de los avances científicos, en salud y en bienestar social. La otra cara de la moneda exhibe la incapacidad política de hacer sostenible la organización social y la financiación necesaria para facilitar una larga vida digna y saludable al conjunto de la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) abordaba la sostenibilidad de una población longeva, el año pasado, cuando, en la presentación del informe sobre El envejecimiento en el mundo, se refería al "riesgo de que la gente viva más de lo esperado". “Vivir más es bueno -decía- pero conlleva un riesgo financiero importante". Para terminar sentenciado cínicamente, sobre “los riesgos de la longevidad” y advertir que "nos va a costar más como individuos, a las corporaciones y a los gobiernos”. Otros hicieron declaraciones más irritantes. Recordarán que, semanas atrás, el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, en un alarde de mala educación, se refirió a las personas mayores diciendo que: “se den prisa y se mueran, para aliviar la carga fiscal de los japoneses por su atención médica”.

Precisamente España es uno de los países más envejecidos del mundo y concretamente Galicia es un ejemplo de los preocupantes problemas que se derivan del envejecimiento. Hay que tener en cuenta que índice de envejecimiento en Galicia, a finales de 2011 alcanzó los 143,1 puntos. Esto quiere decir que por cada cien personas menores de 20 años hay 143 con 65 años o más. Un dato alarmante que, en provincias como Lugo y Ourense, con índices de 211,6 y 217,9 respectivamente, alcanza tintes espectacularmente dramáticos, ya que por cada 100 menores de 20 años hay más de 200 jubilados. Los datos los revela la última encuesta, sobre Bienestar y Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Estadístico de Galicia (IGE), referida a finales de 2011.

Una realidad, la gallega, que pone de relieve, entre otros problemas sociales, un imposible el relevo generacional en algunas regiones europeas donde los mayores de 65 años rondan ya el 23% de la población y donde 11 de cada 100 hogares está formado por un jubilado que, por diferentes circunstancias sociales, le toca vivir solo, como Galicia. Otro dato ilustrativo de la sociedad hacia la que nos dirigimos es que el 21% del millón largo de hogares contabilizados en Galicia está formado por personas de 65 años o más y el creciente número de personas que superan los 80 años, actualmente el 7,25%.

El peso de los mayores en la tipología de los hogares, si atendemos el caso de Galicia, exige atenciones para evitar derivaciones sociales de soledad, aislamiento o inaccesibilidad. Es necesario dotarse de ayudas personales y técnicas y de una organización de servicios adecuada.

Unos retos, que exigen un compromiso político y económico, con el establecimiento de prioridades presupuestarias, de modelo de vida y de organización social, garantizando, las administraciones públicas, para ello, una renta básica y los servicios de atención a la dependencia necesarios. Y además, de una actitud de toda la sociedad, que recoge esa palabra, que da título a la magistral película de Michael Haneke y que trata certeramente el caso de un hogar formado por una de esas parejas octogenarias: Amor.

Josep Arenas

La pérdida de fuerza moral

Hay casi seis millones de personas en el paro y las familias con todos sus miembros desocupados alcanzan los 1,8 millones. Se estima que doce millones de personas sufren pobreza o riesgo de exclusión. La renta disponible de las familias ha disminuido de tal manera que en el panorama cotidiano observamos una gran caída del comercio. El cierre de tiendas forma parte del paisaje cotidiano. Una excepción la encontramos en la frecuente apertura de nuevos comercios de compra y venta de oro. Desconozco los datos concretos en España pero, según la Casa de la Moneda de Portugal, desde el inicio de la crisis, en 2007 hasta 2012, el número de establecimientos de este tipo creció en más de dos mil, pasando de 4.792 a 6.876, en el vecino país.

Ante la situación de creciente malestar social y de crisis de la cohesión social, contrasta la generosidad con la que ha sido tratado el sistema financiero. Ha recibido multimillonarias ayudas, sin ningún tipo de condicionalidad que permita verificar lo que se hace con el dinero de todos. Frente a dichas ayudas, los flagrantes recortes en las políticas sociales: en educación, sanidad o servicios sociales. Eso, teniendo en cuenta que partíamos de un estado en el que el gasto en protección social alcanzaba solamente el 87% de la media europea. Para mayor inri, no hablemos ya de la generosidad, sino impunidad, con la que han sido tratados los evasores fiscales.

Todo ello, junto a los nunca aclarados casos de corrupción, y la falta de pedagogía de los gobernantes para ofrecer una visión articulada del por qué de todo lo que sufrimos, conduce a su pérdida de fuerza moral ante la sociedad. No haber contrapesado el rescate a la banca y la amnistía fiscal con un blindaje de las ayudas y prestaciones sociales a las personas más necesitadas, crea un agravio moral que desemboca en un gran malestar social.

Aunque, ante la necesidad urgente emprender políticas que promuevan la ocupación y persigan el fraude fiscal, no nos deberá extrañar que cualquier día aparezca algún gobernante que nos explique que el espectacular aumento de tiendas de compra y venta de oro supone un indicador del crecimiento del empleo. Pero ya sabemos que no es oro todo lo que reluce.

Josep Arenas

Soluciones al empobrecimiento de las familias

 Alguno de ustedes tal vez conoce la historia de Mark Boyle, un irlandés de 32 años, que ha conseguido vivir sin dinero. Vive en el campo, come de lo que planta, se baña en el río, cocina en una hoguera y ha abdicado de los privilegios de la vida moderna. Ha roto con el que considera el principal signo de la sociedad actual: el dinero. Su opción consiste en ni ganarlo, ni gastarlo. Boyle se ha convertido en activista de un estilo de vida no consumista y en el que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Una experiencia interesante a tener en cuenta en los tiempos que corren.

Mientras tanto, en este país, la cesta de la compra se ha encarecido un 2,9 por ciento tras el año nuevo. Los precios van al alza. Suben la energía y alimentos tan cotidianos como los huevos o las patatas. Pero los ingresos van a la baja. Además, dos tercios de la subida de precios al consumo son atribuibles en exclusiva al incremento de impuestos. Según cifras oficiales, de no haberse modificado el Iva y otros tributos indirectos, el índice de precios al consumo del año pasado, solo habría experimentado un incremento del 0,9%.

Pero eso no es todo. Se estima que, con las subidas de precios y de impuestos, y las bajadas de ingresos, una familia media se ha empobrecido no menos del 4,5%. Tengamos en cuenta que dicho promedio va desde el peor de los casos, el de las familias cuyos miembros han perdido su empleo, pasando por los funcionarios que han dejado de percibir un 10% de sus ingresos o de los pensionistas que han tenido que añadir a la inflación una pérdida de poder adquisitivo del 1,9%.

La política económica está dando como resultado que cae en un 1,6% la renta disponible de las familias para consumir o ahorrar, una vez asumidos los gastos imprescindibles. Disminuyen las nóminas del trabajo asalariado y las derivadas de otros ingresos de autónomos y profesionales. Mientras, aumentan los impuestos sobre la renta y el patrimonio y los impuestos directos. Lo cierto es que después de 2012 una mayoría de familias españolas se ha empobrecido. Y las perspectivas para este 2013 no apuntan optimismo.

Tal vez a los responsables de nuestra política económica, a falta de soluciones e iniciativas que mejoren el bienestar y la renta disponible de los ciudadanos, tengan la ocurrencia de promover la candidatura de Mark Boyle, el hombre que ha conseguido vivir sin dinero, a Premio Nobel de Economía. Al tiempo.

Josep Arenas

Vida digna y bienestar, largos años

Los ciudadanos españoles tienen una esperanza de vida de 82,2 años. La más alta de los países de la Unión Europea (UE-15). ¿Significa eso que la calidad de vida de los mayores goza también de tan alto nivel, comparado con los demás países? Para saberlo deberíamos tener en cuenta un indicador que sintetizara, junto a la esperanza de vida, la esperanza de vida con buena salud, la tasa de pobreza, el grado de desigualdad y la relación de la renta media de las personas de más de 65 años con la renta media del resto de la población.

Este indicador sintético existe y es el que han utilizado Mathieu Lefebvre y Pierre Pestieau del centro de estudios Cepramap, vinculado al gobierno francés. Su estudio ha concluído que el nivel de bienestar de los mayores de 65 años españoles solo se sitúa por encima de los de Grecia, Irlanda y Portugal. Por delante de los mayores españoles se encuentra la calidad de vida de los de Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Francia, Italia, Finlandia, Austria, Dinamarca, Bélgica, Alemania y Reino Unido, por este orden.

Teniendo en cuenta cada uno de los indicadores por separado, España se sitúa en el peor nivel en cuanto a pobreza, igualada por Grecia. La desigualdad es muy alta, ya que dobla la media del nivel europeo. Mientras la esperanza de vida es la más alta, la esperanza de vida con salud es algo inferior a la media europea. En lo referente a la media de rentas del colectivo de mayores de 65 años respecto al resto de la población, España se sitúa ligeramente por encima de la media europea. Todo ello teniendo en cuenta datos de Eurostat de 2010.

La normativa que entró en vigor el pasado día 1, con el objetivo de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y disminuir el importe de la pensión al tener en cuenta las bases de cotización de los 300 últimos meses en lugar de los 180 meses, constituirá un elemento más que rebajará el indicador sintético de bienestar de los mayores de 65 años en España. Una reforma que argumenta su necesidad en “la evolución de la pirámide de población” y en que “el envejecimiento es una tendencia que no tiene vuelta atrás”.

Las reformas deberían tener en cuenta que no se trata solamente de ganar años de vida sino de dar una vida digna y con bienestar a estos años. Sin embargo, en lugar caminar hacia un mayor nivel de bienestar de las personas mayores, las cifras nos indican que nos orientamos hacia una mayor tasa de pobreza y de desigualdad. Eso cuando no se están emitiendo, desde instituciones públicas, mensajes subliminales culpabilizadores hacia las personas mayores por el hecho de vivir tantos años. ¿Cómo? Mediante la implantación de copagos de medicinas y tratamientos y rebajando sus pensiones.

Josep Arenas

La cargada mochila de 2013

Ha llegado 2013 con una mochila de 4.848.723 personas registradas en el paro. Son 426.364 más que hace un año. La misma mochila viene con 16.442.681 personas cotizantes a la Seguridad social. Son 787.420 menos que al empezar 2012. Conclusión. Empezamos el año con un dos por uno. Hemos alcanzado una proporción de dos trabajadores que cotizan (1,996) por cada pensionista existente. Es el dato medio a nivel del Estado que se agrava en lugares como Galicia, donde la proporción es de un cotizante por cada pensionista (1,26).

Cinco años después de iniciada la crisis, tras la destrucción de tres millones de empleos, el ritmo no desciende. Se agrava. La disminución del número de cotizantes en 2012 ha sido superior a las de 2010 y 2011, sumadas (498.756). Sigue la recesión. Los severos ajustes fiscales. La ausencia de inversión. La destrucción del potencial crecimiento. La provisión de servicios y prestaciones sociales está hipotecada. La austeridad a ultranza no está siendo un camino de salida que permita recuperar la confianza, el empleo y el mantenimiento de prestaciones sociales.

España, con un gasto público en provisión social de los más bajos de la Europa de los Quince (el 24,5% del Producto Interior Bruto) y con un alto índice paro, debe afrontar otro grave problema: el incremento de ingresos por fiscalidad. Su presión fiscal es la más baja de la UE-15, con un 35% de su PIB. Sin embargo, el esfuerzo fiscal llevado a cabo por los asalariados es de los más altos de Europa, un 22% superior al de la media europea. Se ha constatado que trabajadores y pensionistas declaraban rentas anuales superiores en una media de 5.000 euros a la de profesionales y pequeños empresarios, ”Prueba evidente del enorme fraude fiscal que sitúa a España en el segundo o tercer puesto del ranking de los países más defraudadores de la UE”, según el estudio del instituto oficial francés Cepremap .

España dedica un 15% de su gasto social (con datos de Eurostat de 2010) a la cobertura de las prestaciones por desempleo; un porcentaje que, sin duda, habrá aumentando. Este conjunto contempla las coberturas por: enfermedad, vejez, supervivencia, paro, discapacidad, familia, vivienda y exclusión social. La factura de las prestaciones por desempleo supera por lo tanto el triple de la media europea.

Ante las previsiones negativas de crecimiento y de fomento del empleo, cobra mayor relevancia, si cabe, la asignatura pendiente del incremento de la recaudación de recursos necesarios para hacer frente al gasto social. Según el citado centro de estudios gubernamental, “Un plan eficaz de lucha contra el fraude podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y economía sumergida en España, situándose a niveles similares de la UE, pudiéndose recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales”.

Solo un incremento de ingresos permitirá al estado del bienestar realizar la larga travesía del desierto del 2013 con una mochila excesivamente cargada por el paro y el coste de las prestaciones por desempleo. Y sin perspectiva de aligerar.

Josep Arenas

Justicia y garantía de los derechos

Parece que nos dirigimos hacia el colapso definitivo del sistema de bienestar, cuando, semana tras semana, se nos anuncian nuevos recortes en la sanidad y los medicamentos, la educación, las pensiones, el acceso a la vivienda o en los servicios sociales y de atención a las personas con dependencia. Importantes organizaciones no gubernamentales han venido señalando, esta semana, que “España corre el riesgo de perder tres generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, de continuar la política actual de recortes y austeridad”.

Organizaciones como Intermon Oxfam, Caritas e incluso otras vinculadas a los jesuitas, ante la constatación de que "las recetas que se están aplicando en España solo van a incrementar el desempleo, la pobreza y la desigualdad", sugieren tres líneas de cambio en el modelo de desarrollo necesario para garantizar los derechos fundamentales de las personas y su bienestar.

Estas propuestas consisten básicamente en conseguir: en primer lugar, un sistema recaudatorio más justo que permita destinar recursos a la lucha contra la pobreza y al mantenimiento de los derechos sociales; establecer, seguidamente, un férreo blindaje que impida cualquier paso atrás en estas políticas sociales; y, en tercer lugar, reclaman una regeneración democrática, que permita una mayor transparencia y control de las instituciones publicas.

Uno todavía se sorprende de que sean estos movimientos y organizaciones alternativas y solidarias, y no las instancias propiamente políticas, quienes tomen la iniciativa ante la gran injusticia que supone la pasividad ante el hambre, la enfermedad, la soledad o la exclusión, cuando lo que se necesita son respuestas inmediatas. Todavía diría más: la gran injusticia es hoy la pasividad y la dimisión del Estado del bienestar. Mientras la ciudadanía reacciona indignada, adopta una conciencia extraordinariamente positiva y promueve múltiples iniciativas solidarias, muchas administraciones dimiten de sus obligaciones de atención a los más necesitados y débiles.

Si queremos evitar el colapso definitivo del sistema de bienestar, las medidas a tomar son políticas y exigen una transformación radical de los partidos políticos, de sus programas sociales y de sus líderes. Es necesario que estos incorporen el conocimiento de la realidad social, el trabajo de campo, y la actitud y los valores que en este momento están mostrando tantos activistas y responsables de organizaciones solidarias.

Necesitamos con urgencia de líderes políticos, que a la vez sean referentes sociales, para fortalecer la actuación del Estado frente a las graves situaciones de necesidad. Justicia y garantía de los derechos constitucionales en lugar de Caridad. Para no volver atrás treinta o cuarenta años. Para que este no sea un país para pobres y para no resquebrajar la paz social.

Josep Arenas

La tasa de paro entre las personas con discapacidad es 5,2 puntos superior

El Instituto nacional de estadística (INE) ha hecho públicos los datos de empleo de personas con discapacidad, referidos a 2011. Son 1.262.000 las personas registradas, en edad de trabajar, entre 16 y 64 años, lo que representa un 4,1% de la población total en edad laboral registrada, y da cuenta de un crecimiento del 7,7 % respecto al año anterior.

El 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocidas eran activas laboralmente el pasado año, lo que representa una tasa inferior en 40 puntos a la de la población sin discapacidad, cuya proporción de personas activas fue del 76,4 %.

La tasa de empleo de las personas con certificado de discapacidad fue en 2011 del 26,7%, de las cuales el 89,0% eran asalariados y de estos un 76,9% tenían contrato indefinido.

El 25,7% de las personas con discapacidad que trabajaban en centros de trabajo ordinarios contaba, en 2011, con alguna deducción en las contribuciones a la Seguridad social. El 26,5% tenía un contrato específico de discapacidad.

El número de personas con discapacidad en paro en el año 2011 fue de 124.400. La tasa de paro para este colectivo superó en 5,2 puntos a la de la población sin discapacidad.

J. A.

Visibilizar la diversidad y valorar la inclusión

El movimiento asociativo de la discapacidad y la dependencia nos invita, este 3 de diciembre, con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad, a alcanzar los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de dichas personas y, en particular a: eliminar la discriminación y la exclusión y crear sociedades que valoren la diversidad y la inclusión.

Tal como subraya el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, “Las personas con discapacidad ejercen un notable efecto positivo en la sociedad y podrían contribuir aún más si eliminamos los obstáculos que impiden su participación”. Con 3,8 millones de personas con discapacidad hoy en España, esto es más importante que nunca.

Este Día coincide con una manifestación masiva en Madrid para denunciar la “situación insostenible” que atraviesa el sector, que agrupa a más de 7.000 entidades, según el Cermi (Comité español de entidades representativas de personas con discapacidad), debido a las deudas de las administraciones, agravadas por la situación de crisis. El Cermi asegura que “un 20% de los centros de atención a personas con discapacidad están en peligro de cierre inminente”, con las consecuencias de caída de la atención y del empleo que ello comportaría.

Como siempre lleve sobre mojado, las personas con discapacidad padecen otros ajustes: las rebajas en las prestaciones que se han producido en la Ley de la Dependencia, de enorme impacto en la atención, y la práctica desaparición de las cajas de ahorros, cuyas obras sociales eran un balón de oxigeno para el mantenimiento de entidades y servicios.

Un Día, para manifestar la visibilidad de la diversidad, la necesidad de la inclusión, eliminar la discriminación y hacer patente dos cosas: 1. Que de esta crisis o salimos todos o no salimos (inclusion) ; y, 2. Que nadie está exento de ser una persona “con discapacidad” en algún periodo de su vida (visualizacion).

Josep Arenas

Solidaridad ciudadana y responsabilidad pública

La pobreza aumenta. En Europa son 80 millones el total de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. De éstas, 30 millones padecen malnutrición. Sin embargo la Unión Europea ha previsto un recorte en los presupuestos comunitarios para el periodo de 2014-2020 que puede minorar en más del 30 % lo que actualmente es distribuido entre los bancos de alimentos para hacer frente a las necesidades más básicas de sustento de personas pobres. Según Eurofoodbank, la federación europea de bancos de alimentos, lo que correspondería sería incrementar el gasto en este tipo de programas para pasar de los 500 millones de euros actuales a los 615, como mínimo. Actualmente cerca de 13 millones de ciudadanos de la UE se benefician de la tarea que articulan los bancos de alimentos, todos los días. Los alimentos procedentes de los fondos comunitarios son vehiculados por los bancos de alimentos existentes en cada comunidad y por la Cruz Roja, que a su vez los distribuyen a las entidades de base, centros sociales, parroquias, comedores comunitarios y escolares. A su vez las entidades de base promueven acciones voluntarias mediante campañas que además de la recogida de alimentos pretenden la información y la sensibilización ciudadana sobre la pobreza existente, no solo en estas fechas sino de manera continuada. Mientras crece el paro y los recortes en prestaciones sociales, crecen también las actitudes solidarias de la ciudadanía para hacer frente a las necesidades más básicas, derivadas de la nueva pobreza. Mientras, varios gobiernos europeos tratan de maquillar la situación al no exponer la situación real que se deriva de creciente nivel de pobreza. Así por ejemplo el gobierno alemán acaba de censurar su propio informe sobre la pobreza del cual ha eliminado frases tales como que “la riqueza está repartida de forma muy desigual” o que las extremas políticas de austeridad “pueden vulnerar la idea de justicia de la población” y “poner en peligro la cohesión social”. Algunos gobernantes, en su torre de marfil, prefieren decir aquello de “El país va bien”. Prueba de que a ellos no les ha alcanzado todavía la crudeza de la crisis y de que no están a la altura de la responsabilidad pública que la situación exige en políticas, servicios y prestaciones públicas que garanticen los más elementales derechos.

Josep Arenas

España, por debajo de la media de la UE en gasto social

El volumen de gasto social en España durante el 2010 fue del 25,7% del producto interior bruto (PIB), casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (UE), que se situó en el 29,4% del PIB, según datos publicados ayer por Eurostat.

A pesar de estar lejos de los países situados a la cola del gasto social, como Polonia (18,9%), Lituania (19,1%) y Malta (19,8%), España presenta un presupuesto social más bajo que Italia, Irlanda o Grecia que superan el 29% del PIB, e incluso Portugal le sobrepasa con un 27%. Francia (33,8%), Dinamarca (33,3%), los Países Bajos (32,1%) y Alemania (30,7%) encabezan esta lista. Eliminando las diferencias de niveles de precios entre los estados, España se sitúa al nivel de Grecia y ligeramente por encima de nuestros vecinos portugueses.

La oficina estadística de la Comisión Europea achaca a la crisis el incremento sostenido en el gasto social en el conjunto de la UE desde el 2007, año en que el gasto social marcaba registros del 26,1% del PIB y del 20,7% en España. Este crecimiento de los últimos cinco años se dispara en el apartado de las prestaciones de desempleo. Es aquí donde España se desmarca como líder en solitario, dedicando a esta partida hasta el 14,1% de todo el gasto social, ocho puntos superior a la media comunitaria, que a duras penas llega al 6%.

En general, sin embargo, son las pensiones las que concentran la mayor parte del gasto social, con un 45% del total, si bien la mayoría de países ricos de la UE contribuyen más bien a rebajar esta cifra y son estados como Polonia (61%), Malta (55%) o Italia (61%) los que hacen subir la media, mientras España se asienta en un 42,4%.

La sanidad y la dependencia representan la otra partida significativa, el 37,4% del total a niveles comunitarios y el 35,7% en el caso español, e incluso consiguen ser el ámbito prioritario del gasto en Alemania, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, todos ellos países aligerados por un cómodo y reducido volumen de pensiones.

Para los países nórdicos, el gasto en familias e infancia se confirma como una seña de identidad de su política de tradición socialdemócrata, todos ellos con una dedicación que sobrepasa el 11% del gasto social (la media de los Veintisiete es del 8%), niveles parecidos a los de Alemania pero distantes al 6% de España, el 4,6% de Italia o el 5,2% de Suiza.

Por último, Eurostat indica que las ayudas destinadas a la vivienda o a la prevención de la exclusión social se sitúan en un 3,6% en término medio. Es el doble que en España, un país al cual la Asociación Hipotecaria Española (AHE) atribuyó el pasado mes de octubre hasta 168.534 desahucios en los últimos tres años.

Si estos son los datos de 2010 y tenemos en cuenta que las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son que la tasa de paro se elevará desde el 25% actual hasta el 26,9%, unos 6,2 millones de personas (434.000 más que en la actualidad), es previsible que cuando Eurostat obtenga los datos de 2012 la situación sea todavía mucho más distante a la media europea. Bajando y en picado, claro.

Josep Arenas

 

Cuarenta y tres

En lo que va de 2012, cuarenta y tres mujeres han resultado víctimas mortales de violencia machista en el estado español. La Ley de tasas, que entró en vigor la pasada semana y que extiende a toda la población un sistema de pago para el acceso a la justicia, permite que una mujer maltratada, aunque no pagará tasa por su demanda por malos tratos, ya que es un proceso penal, sí lo hará por el hecho de romper el último lazo con su agresor, cuando recurra al divorcio y al reparto de los bienes del matrimonio. La nueva norma, en opinión de diversos jueces y fiscales, es un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia, en muchos casos con escasos recursos económicos, sigan adelante con los procesos judiciales.

Las previsiones de incremento de ingresos, mediante tasas en la administración de Justicia, ciegan a nuestros gobernantes de tal manera que se convierten en incapaces de valorar las perversas consecuencias sociales de la medida tomada. En este caso, no han pasado ni ocho días entre la promulgación de la medida, promovida por el Ministerio de Justicia, cuando la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha pronunciado, con ocasión del Día internacional contra la violencia de género, diciendo que las víctimas de la violencia machista quedarán exentas de pago de dichas tasas judiciales. Esperemos que así sea. En todo caso, habrá sido una muestra de imprevisión, de improvisación o, en el mejor de los casos, un viaje para el que no se necesitaban alforjas.

Josep Arenas

Residentes, con vivienda digna

La propuesta del gobierno central de dar la residencia a los extranjeros que compren una vivienda con un precio superior a los 160.000 euros ha concitado rechazos de asociaciones humanitarias, colectivos de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos diversos. Discriminar a trabajadores inmigrantes frente a extranjeros con posibles o con necesidades de blanqueo de capitales, no es un buen camino, máxime si de dicho permiso de residencia se derivan permisos de trabajo, de acceso a la sanidad pública o a la escolarización de los hijos. La medida pretende minorar un estoc de 800.000 viviendas sin comprador que hay en el mercado. Pero es probable que cree más problemas de los que pretende resolver, por la vía de favorecer a los ricos y discriminar a quienes no tienen recursos. Revitalizar el mercado inmobiliario tal vez sea necesario, pero ante todo el gobierno debería promover acciones para que todos los ciudadanos de este país, sea cual fuere su procedencia y sus recursos, tengan garantizada la igualdad ante el derecho a una vivienda digna. Tal como reza la Constitución.

Josep Arenas

Una renta básica para todos

Las movilizaciones masivas de la ciudadanía, de forma conjunta en varios países europeos, contra las políticas de austeridad que impulsan los gobiernos al dictado de la troica, han significado una fuerte contestación popular, en un ejercicio cívico de dignidad­, de defensa de los servicios públicos y de las conquistas sociales en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, pensiones, apoyo a las personas con dependencia y han constituido una impresionante manifestación favor de la creación de empleo, contra la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad política.

Sin embargo, tras una segunda huelga general, en menos de un año, creemos que la cumbre social, formada por los sindicatos, partidos y organizaciones sociales, convocantes del 14N, debiera haber transmitido, en mayor medida, cuáles son los pasos a seguir, a partir del día siguiente de una acción tan contundente como es la huelga general.

A partir de la crisis, de la que no estamos saliendo, sino que sigue agravándose, ya que, a medida que pasan los días, crecen el desempleo y la pobreza, mientras disminuyen las coberturas de los servicios públicos, no parece que las perspectivas de una vida mejor estén al alcance de las nuevas generaciones. Más bien nos encontramos ante unas políticas de austeridad, equivocadas e ineficientes, que solamente consiguen la destrucción de la cohesión social, en la que se basa, en última instancia, la democracia.

Es necesario orientar las acciones cívicas, movilizaciones, paros o una huelga general, hacia la consecución de una serie de bienes, principios y condiciones básicas para todos los ciudadanos, de forma que garanticen las necesidades de las personas y la cohesión social, tales como: la salud, la seguridad, la personalidad, el respeto, el tiempo libre, la armonía con la naturaleza o la amistad.

Para alcanzar esta sociedad post-crisis, en la que el dinero ya no sea la referencia sino simplemente un medio para una vida digna, es necesario llevar a cabo una serie de propuestas entre las que queremos destacar, en primer lugar, una Renta básica (RB) para todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral. Otras propuestas pueden ser: un impuesto progresivo al consumo, una reducción del número de horas laborales o un mayor reparto del trabajo asalariado.

Una renta básica para todos, como forma de garantizar las condiciones materiales de la existencia, haría al conjunto de los ciudadanos y en particular a los pobres y desposeídos, más independientes y más capaces para hacer sentir su voz y permitiría la independencia necesaria para hacer valer sus derechos democráticos sin ataduras.

Continuaremos desarrollando esta propuesta RB.

Josep Arenas

Amaya, Eluana, Miguel Ángel

Hay nombres que, tristemente, se convierten en símbolos. Es el caso de Amaya Egaña, de 53 años, que se suicidó el pasado viernes, justo en el momento en que una comitiva judicial subía las escaleras para echarla de su piso. Amaya quedará como referente de la injusticia que suponen los desahucios. Al igual que, en su día, el caso de Eluana Englaro, la italiana que llevaba 17 años en estado vegetativo, quedó ligado al derecho a la eutanasia. O que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, representó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo. Es triste que tengan que producirse hechos tan lamentables para que haya una reacción social y política para evitarlos.

El número de ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en España, desde la crisis, alcanza a 350.000 y, en las últimas semanas, se han producido tres suicidios, con el de Amaya, que han conmocionado nuestra sociedad. La ciudadanía no puede permitir que los bancos actúen ejerciendo la violencia contra las personas. Pero, mientras tanto, la ley se lo permite. Por ello debería ser modificada de inmediato, permitiendo que la dación en pago ponga fin a la deuda y, a su vez, haciendo posible la renegociación de las condiciones pactadas, estableciendo periodos de carencia.

Evitar situaciones dramáticas y de profunda repercusión social, como los desahucios, debe de constituir una prioridad en la agenda de los representantes de la ciudadanía. No es aceptable que la caída del valor de los inmuebles, que sirvió de base para otorgar préstamos hipotecarios, recaiga solamente como una losa en contra de la parte más débil. Existe un desequilibrio contractual que exige la intervención de los tribunales, primero, y del legislador después, que debe producirse sin demora, para evitar otros casos como el de Amaya

Amaya, Eluana, Miguel Ángel… ¿Por qué las leyes van por detrás de acontecimientos luctuosos y no se anticipan para evitarlos? ¿hasta cuándo?

Josep Arenas

Hacia una economía del bien común

Se inyectarán millones de euros para sanear bancos podridos y se recortan dotaciones para los más frágiles que, cada vez más, pasan a engrosar las grandes bolsas de exclusión. Sin embargo todos sabemos que, a más medidas de austeridad, más paro, menos crecimiento, más recesión y quizá más depresión.

Las medidas que toma el gobierno de Rajoy son contrarias a todo lo que había prometido para ganarse la confianza del electorado. De ahí el desconcierto y la causa de la desconfianza que se observa en la sociedad, cada día de forma más extendida.

Ello contribuye al deterioro de las libertades y de las conquistas sociales, por lo que, si no cambiamos de rumbo, acabará perjudicando la democracia y destruyendo el estado de bienestar.

Es necesario resolver la contradicción de valores que existe entre la economía que están desarrollando los poderes políticos y financieros y la economía que creo que debería construir nuestra sociedad, para salir del atolladero.

Es necesario incentivar y premiar una economía que tenga por finalidad el bien común y por lo tanto mantenga los mismos comportamientos y valores que tienen éxito en las relaciones humanas: honestidad, empatía, confianza, estima, cooperación, solidaridad, voluntad de compartir.

El retroceso que estamos viviendo en el sistema económico real actual incluso vulnera el espíritu constitucional. Recordemos sino que la Constitución “proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática (…) conforme al orden económico y social justo” y que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere si titularidad está subordinada al interés general” (art. 128) o que “el Estado (…) podrá (…) estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (art. 131). Nos preguntamos dónde quedan estos principios.

Aunque es difícil, con la que está cayendo, es necesario avanzar en un proceso participativo y abierto que permita construir -a partir de valores fundamentales como la confianza, la solidaridad, la voluntad de compartir y el aprecio- una sociedad más democrática en la que las desigualdades de ingresos y de riqueza sean limitadas,  en la que el indicador de éxito económico y social se mida por el bien común obtenido y en la que el dinero sea solamente un medio para dichos objetivos.

Josep Arenas

España, campeona en desigualdad, Iva incluido

España es el país de la eurozona con más desigualdad entre los ingresos de los más ricos y los más pobres, ya que si la quinta parte más rica de la población acapara el 39,8% de la renta, la quinta parte más pobre solamente reúne el 5,8%, según los datos de Eurostat correspondientes al año 2010.

Si echamos la vista atrás y repasamos los datos de 2007, comprobamos que, estas diferencias eran algo menores, ya que entonces la quinta parte más rica de la población acaparaba el 38,6% de la renta y la quinta parte más pobre el 7,3%, según la misma fuente estadística oficial europea.

Concluimos pues que desde 2007 a 2010 caminamos en el sentido inverso al de la igualdad y alcanzamos el dudoso honor de ser el país más desigual del los 17 que componen la eurozona, cuando en el mismo periodo ni las desigualdades internas en los demás países, ni las del conjunto de la eurozona, ni las de la Unión de los 27, se incrementaron. Paradójicamente disfrutamos mientras tanto de la imagen de campeones que nos concede la selección ibérica de futbol.

De alguna manera la creciente desigualdad es un reflejo de que el coste de las reformas y recortes aprobados para combatir la crisis lo están pagando las capas más humildes y desvalidas. La austeridad va dirigida fundamentalmente a los más pobres: pensionistas que tienen que pagarse medicamentos o presos a los que se les suprime la merienda, no son más que ejemplos.

Por si fuera poco, aprovechando este ambiente de euforia colectiva que se generó el pasado domingo en Kiev, nada nos extrañaría que, en los próximos días, el gobierno aprobara la subida del Iva, que reclama Bruselas.

Una subida que podría comportar que productos básicos como el pan, la leche, huevos, verduras y otros productos de primera necesidad, actualmente gravados con un Iva del 4% podrían pasar a tipos del orden de 18% actual o superiores.

Está claro que subir los tipos más bajos del impuesto no sólo detraería el consumo sino que perjudicaría más a las rentas más bajas. De nuevo castigaría más a las clases medias y bajas y contribuiría a agrandar más todavía la diferencia entre ricos y pobres, si tenemos en cuenta que cerca del 60% del gasto familiar está sujeto actualmente al tipo de Iva reducido, del 8%, y superreducido, del 4%.

Queremos pensar que con las medidas que tomará, sin duda, próximamente el Gobierno, España no revalide –emulando en sentido inverso a los campeones- el primer puesto europeo en desigualdad social.

Josep Arenas

Ética, para la confianza

El desprestigio moral de la clase política está, en estos momentos, casi a la altura del desprestigio del que gozan los banqueros. Es por ello que, desde sensibilidades políticas distintas, muchos ciudadanos reclaman, como objetivo prioritario, recuperar la confianza en los dirigentes políticos y en las instituciones, que ahora está hecha polvo a causa de casos harto conocidos.

El valor de la prima de riesgo, del Ibex o del importe del rescate a la banca, tal vez deje de preocuparnos. Sin embargo quisiéramos conocer, si los hubiera, si suben los índices de honradez, justicia social, profesionalidad, respeto, responsabilidad, servicio público, transparencia y demás principios y valores que deben inspirar la actividad de los responsables políticos e institucionales.

Crecería la confianza, necesaria para abordar colectivamente las grandes dificultades que se derivan de la crisis actual, si observáramos que los responsables políticos adoptan un comportamiento ético: que velan por no causar daños a los demás, respetan la autonomía de las personas y de la sociedad civil o evitan discriminaciones arbitrarias.

La confianza de los ciudadanos se revalorizaría si observáramos que los políticos electos cumplen con sus programas electorales para corresponder a la confianza depositada en ellos; Si cumplieran con el deber de responder de las acciones públicas y asumieran las responsabilidades que de ellas se derivan;  Si supieran escucharse y procuraran acuerdos en temas de interés general; Si supieran rectificar la información que han transmitido cuando no se adecúa a la realidad; Si fueran capaces de revelar las malas prácticas que se producen en el propio partido; Si fueran capaces de respetarse mutuamente la vida privada.

Los drásticos recortes en subvenciones que obligan a grandes reformas a los sindicatos o a las asociaciones de interés social, el endémico problema demográfico de nuestro país, el irreductible paro estructural, el atraso científico en investigación y desarrollo, el ineficiente sistema educativo, el descomunal fraude fiscal, la defensa del estado del bienestar… y toda una retahíla de problemas sociales de nuestro país, exigen unos valores, principios y actitudes éticas sin las cuales no es posible ni avanzar ni convencer.

Solidaridad social, trabajo bien hecho, honradez, respeto, responsabilidad, profesionalidad, servicio público, transparencia, compromiso. Ética, para la confianza. Confianza, para el crecimiento. Crecimiento, para el progreso social.

Josep Arenas

Mentiras, verdades y pacto social

Una profunda indignación se extiende por el país por las mentiras y la falta de credibilidad del gobierno sobre el rescate, la situación económica y el inmediato futuro de nuestro tejido social y económico.

A falta de un liderazgo creíble por las alturas, resultan reveladores y relevantes los datos que proceden de lo más humilde de nuestra sociedad. Nos los ofrece la organización no gubernamental católica Cáritas, a la que muchos ayuntamientos le han trasladado la resolución de problemas en la cobertura de los servicios y las necesidades básicas de los ciudadanos.

Sabemos que la pobreza crece y se cronifica a causa de la crisis económica y que afecta cada vez más a la infancia, de manera que las familias, que se encuentran si trabajo y sin ingresos y ya sin ahorros, han llevado a la oenegé a preparar desayunos para servirlos a los niños por la mañana antes de ir a la escuela, porque en su casa no pueden asumirlo. Es un ejemplo de que la pobreza severa se agrava, a la vez que aumentan las personas de clase media que piden ayuda a la entidad solidaria.

Los principales ejes a los que la nueva realidad social le está llevando son: 1) Actuar sobre la pobreza hereditaria que padecen los niños, en familias que carecen de recursos básicos como alimentación o vestido; 2) Prevenir la exclusión social por la pérdida de la vivienda, para lo que ha creado una servicio de mediación entre personas con hipoteca o que viven de alquiler y que ya no poden pagar y entidades financieras o propietarios ; 3) Ayudar en la búsqueda de trabajo, sobre todo a los jóvenes.

Es innegable la autoridad que tienen distintas organizaciones sociales –como Caritas de Barcelona o de Santiago de Compostela- porque se dirigen a ciudadanos concretos a los que ofrecen solidaridad como algo útil y real.

Una autoridad que los ciudadanos echan de menos en el ámbito político y económico para conseguir un pacto social que permita el rescate de los ciudadanos que se encuentran en las situaciones de pobreza por las que tienen que acudir a Cáritas u otras entidades solidarias.

Un pacto social cuya factura seguramente sería inferior a cien mil millones de euros.

Josep Arenas

En twitter: @joseparenas

Despilfarros públicos, alimentos privados

Frente a la cafetería desde la que escribo estas líneas hay un centro social que hoy no ha abierto sus puertas porque el ayuntamiento no ha pagado la factura de la luz. Todo lo demás no se lo voy a contar porque ya lo sabemos: la jefatura del estado y su familia, el tribunal constitucional sin recambios, un tribunal supremo libre de toda sospecha, la banca de mi casa es particular, la prima que se precipita por el abismo y una radiotelevisión de quién manda, que ya está el público para pagarla…

Pero ahora resulta que la culpa de todo lo que está pasando, de la laminación o directamente amputación del estado de bienestar, de la pobreza creciente, del paro que no cesa, del debilitamiento del sistema democrático…, no es de los excesos en los despilfarros públicos diversos conocidos, sino que la tenemos los ciudadanos que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, según no se cansan de decir determinados portavoces políticos, mediáticos o estrambóticos.

Pues muy bien. Pongámonos todos a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero todos, desde un alfiler a un elefante. Como individuos, como sociedad, como sector público, como país. Si es demagógico trasladarnos la responsabilidad de la irresponsabilidad de los poderes públicos y financieros, no es menos cierto que todos podemos y, seguramente debemos, cambiar muchos de nuestros hábitos y normas.

Se ha reconocido, pongamos por caso, que en la Unión Europea se podría evitar malgastar la mitad de la comida que se tira a la basura. Una de las medidas propuestas para evitarlo sería permitir que los comerciantes reduzcan el precio de los alimentos frescos por debajo del coste de producción cuando estén próximos a la fecha límite para la venta. Otras medidas son las relacionadas con campañas de concienciación, cursos educativos, un mejor empaquetado de los alimentos y un nuevo sistema de etiquetado en las fechas de caducidad.

Curiosamente no contemplamos, entre los responsables políticos e institucionales, la promoción de actividades de este tipo que, de llevarse a cabo, estarían en sintonía con la situación de crisis económica y la disminución creciente de ingresos de las familias. Detecto que el centro social, desde el que se podrían realizar las actividades formativas y de sensibilización de este tipo, ha bajado sus puertas por pura negligencia. Mientras, se tiran una media de 179 kilos de alimentos cada año por ciudadano europeo, según datos del propio Parlamento Europeo.

Josep Arenas

No quieren una pensión, sino un salario

Año 1977: miles de personas se manifiestan en Vía Laietana de Barcelona a favor del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Año 1978: la Constitución reconoce el derecho de las personas con discapacidad a una vida digna.

Año 1982: la Ley de Integración Social de la personas con discapacidad obliga al Estado a financiar, como mínimo, el 50% del salario mínimo interprofesional a las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo.

Año 2012, ayer: miles de personas vuelven a manifiestarse en el Arco del Triunfo de Barcelona contra los recortes que pretenden reducir en un 56% la partida destinada a políticas activas de empleo en Catalunya, amenazando gravemente la inserción laboral de las personas con discapacidad.

A la voz de “Si nos recortan nos abandonan” y “Eso sí que no”, reivindican que “Las personas con discapacidad quieren trabajar, no quieren quedarse en casa” y manifiestan que “No quieren una pensión, sino un salario”. En Cataluña hay actualmente 7.300 puestos de trabajo protegidos, repartidos en 100 asociaciones sin ánimo de lucro que se ven amenazados por estos recortes.

Si no se produce una corrección de la reducción del 56% anunciada en los presupuestos del Estado, las entidades de trabajo con apoyo tendrán que cerrar sus servicios, dejando sin atención a más de 3.500 personas con discapacidad intelectual, a más de 300 profesionales sin puestos de trabajo y sin perspectivas de realización personal a personas que ya tengan o les sobrevenga una situación discapacitante.

La larga lucha de más de treinta años de democracia por una vida digna para las personas con discapacidad está siendo gravemente amenazada.

¿Seremos capaces de defender, todos juntos con dicho colectivo, sus derechos sociales ahora, como lo hicimos para salir de la dictadura, o aceptaremos ese inquietante e injusto paso atrás que fija el proyecto de presupuestos?

No podemos aceptar ese abandono. Eso sí que no.

Josep Arenas